La ley reguladora de Haciendas Locales que el PP aprobó en el 2002 proponía imponer recargos a las viviendas vacías. Rodrigo Rato (vicepresidente segundo y Ministro de Economía) expuso en Octubre del 2002 la necesidad de sancionar fiscalmente a los propietarios debido al enorme stock de viviendas vacías.

Tras la polémica suscitada en la Ciudad tras la negativa del Ejecutivo de Vivas a crear un programa de ayuda para que los jóvenes pudieran alquilar una vivienda en nuestra Ciudad, la hemeroteca ha terminado echando tierra encima a los voceros del PP en nuestra Ciudad, quienes llegaron a hablar de tratar como delincuentes a los propietarios, cuando ellos fueron los que propusieron medidas impositivas cuando gobernaban.

Para Sanz, responsable de barriadas del PSOE “el PP propuso penalizar la vivienda vacía y ahora se hacen los suecos ante un problema gravísimo”. Para Sanz, el motivo del cambio de criterio es claro: “como suele pasar en el PP, se impuso la corriente mas radical del partido” en contra de sectores que promulgaron ampliar la carga fiscal de este tipo de inmuebles. En el año 2003, Gallardón anunció una subida de impuestos para estos propietarios para el municipio de Madrid. Inmediatamente, Génova le obligó a retirar la medida.

Esta profunda contradicción en el seno del PP nacional no es extrapolable al Ejecutivo de Vivas, en el que ni siquiera ha existido duda alguna a la hora de negar al PSOE un paquete de medidas destinadas a dinamizar un mercado de alquiler prohibitivo.

El PSOE propone incentivos fiscales (rebajas en el IBI…) a quienes deciden alquiler así como cargas para quienes no lo hacen y no cumplen las exenciones que tendrían que contemplarse en estos casos (descartar segundas residencias, razones de fuerza mayor justificables, ausencias por enfermedades o asuntos laborales…). Igualmente ha propuesto en otras ocasiones la creación de bolsas de viviendas para jóvenes o ayudas directas a este colectivo que siempre han sido rechazadas. Según el miembro de la dirección del PSOE “este Ejecutivo hace oídos sordos a las necesidades de miles de ceutíes jóvenes que no pueden pagar una hipoteca”.

El gobierno socialista, a través de la Sociedad Pública del Alquiler, un órgano que el Gobierno de Vivas se niega a habilitar, arbitró medidas para dotar de seguridad jurídica al arrendador, ofreciéndose como garante e intermediador del proceso de alquiler. El responsable de Vivienda del PP,  y antiguo dirigente del Gil, Paco Márquez, en palabras de Sanz “sólo busca excusas para no asumir sus responsabilidades con la población joven ceutí”