El Grupo de barriadas del PSOE quiere denunciar la desidia del gobierno del PP frente a la cada vez más frecuente presencia de vendedores irregulares de mercancía en la barriada de Hadú. Según los cálculos de este Grupo, son ya hasta 20 los “top manta” de comestibles que pululan por las inmediaciones del mercado de Hadú, y las calles Teniente Coronel Gautier y Avenida de Regulares.

La situación, denunciada en múltiples ocasiones por los propios comerciantes de la zona y por el PSOE, ha sobrepasado ya lo admisible para unos empresarios que ven día a día como el gobierno del PP permite una competencia desleal que ni paga impuestos ni pasa los controles sanitarios reglamentarios. Verdura, fruta y menor medida, pescado y marisco son los productos ofertados por vendedores, en su inmensa mayoría mujeres del vecino país, que aprovechan la indolencia del un gobierno que desoye sistemáticamente las denuncias emitidas.

Según los cálculos de este Grupo, la cantidad total de mercancía que dejan de vender los comerciantes de la zona por la presencia de éstos otros, supera los 800 euros diarios (cálculo realizado teniendo en cuenta los kilos de mercancía expuestos por los vendedores ambulantes y la media de euros/kilo del tipo de mercancía medio ofrecido sobre precios de mercado).  Esta cifra supone la friolera de más de 4 millones de pesetas mensuales o lo que es lo mismo casi 50 millones de pesetas anuales. Si tenemos en cuenta que el sueldo mínimo interprofesional casi alcanza ya los 600 euros y que el sueldo medio de un español no supera los 1250 euros netos al mes, es fácil concluir que la permisividad de este gobierno supone la pérdida fáctica de hasta 25 puestos de trabajo fijos en nuestra Ciudad.

Estas cifras, computadas a la baja muestran el terrible daño que produce el mercado negro de alimentación en nuestra Ciudad, un sistema volcado irremisiblemente hacia el comercio menor y que recibe, de nuevo, otro serio revés por parte del gobierno de Vivas. Este Ejecutivo no sólo parece dispuesto a estrangular definitivamente el comercio transfronterizo, impidiendo la regularización de las naves del Tarajal y sumiendo al polígono en un abandono tercermundista, sino que hace una irresponsable dejación de funciones en algo tan crucial como la protección al comerciante ceutí ante amenazas tan perniciosas como la venta ilegal de productos perecederos.