La pena es un sentimiento que coloca al que lo siente en una posición de superioridad respecto de la persona que lo provoca. La pena se basa en la consideración de superioridad, en cambio los derechos sociales se fundamentan en la idea de que todos los seres humanos somos iguales y que la justicia es la realización de la igualdad común a todos los seres humanos. La altanería y la autoconciencia de superioridad del senador Cucurull le ha llevado a confundir sus sentimientos con la realización del mandato del Estado social que emana del artículo primero de la Constitución.

Los que realmente creemos en la igualdad entre los seres humanos hablamos de justicia, los que no creen en esta igualdad recurren a la pena. La diferencia entre las dos concepciones no es baladí, sino que ataca a lo fundamental de un Estado social. La pena, como cualquier sentimiento, es subjetiva y personal, no todos sentimos pena por las mismas cosas ni por las mismas circunstancias; para calmar la conciencia de los que sentían pena se creó la beneficencia, que no eran otra cosa que antidepresivos para que los pudientes pudieran sentir menos pena. Eso sí, los benefactores conservaban el poder de decisión, de admisión y de administración y a su gusto establecían quiénes podían recibir las atenciones del poderoso.

Cuando los países occidentales hubimos superado esta etapa y comenzó el proceloso camino de la constitucionalización de los derechos sociales, a los que la derecha siempre se ha opuesto, nació la atención sanitaria universal, las prestaciones por desempleo o enfermedad, las viviendas de protección oficial o la enseñanza pública. Pero los derechos sociales, en los Estados de Derecho, no se dan como un rico patrón reparte regalitos entre los desgraciados, sino que se gestionan atendiendo al estricto cumplimiento de la legalidad. En la legalidad se contienen los mecanismos necesarios para que las decisiones que se adopten sean objetivas y no fruto del capricho o de la generosidad con los bienes públicos del consejero de Fomento de turno.

El senador Cucurull puede repartir su patrimonio personal entre las personas que le den pena si lo tiene a bien, aplicando los criterios y las normas que él considere más convenientes, ya que se trataría de sus propiedades. Incluso, si le da una pena sublime, puede llevarse a estas personas a su casa a vivir, pero lo que no puede hacer es actuar según su sentimiento de pena cuando lo que está administrando es el patrimonio público, pagado con los impuestos de todos.

Los socialistas compartimos la opinión del eminente constitucionalista alemán Hermann Heller (en Die politischen Ideenkreise in Gegenwart) en el sentido de que es la efectividad de los derechos sociales lo que legitima la actuación de los Estados de Derecho contemporáneos. Los derechos sociales, no la pena, no el hecho de considerarse superior a los demás, que es de lo que ha hecho gala el senador Cucurull. Las personas más desfavorecidas de nuestra sociedad no precisan de la pena del senador, sino que lo que necesitan es justicia.

Es indecente que quiénes se pavonean ante los demás de andar sobrados de todos los dones de la naturaleza, de la sociedad y del patrimonio, tengan que escudarse en la pena, en los dolores ajenos, para defender su postura, sea a través de su persona o de escritores interpuestos, que fácilmente prestan su afanada pluma y la vacuidad de sus ideas para herir e insultar a todos aquellos que no pudieron ser adjudicatarios de las viviendas, únicamente porque no demostraron habilidad a la hora de darle pena al senador Cucurull.

El senador Cucurull ha reconocido públicamente que adjudicó ilegalmente viviendas de protección oficial a personas que no tenían derecho y lo justifica con la pena. Pena le deberían haber dado las familias ceutíes a las que dejó sin casa.