El cierre en falso de la crisis de los carnavales del pasado año ha propiciado, en estos días, la reactivación de viejos debates relativos a la libertad de expresión y sus límites.

La libertad de expresión es un derecho reconocido en cualquier sociedad moderna y democrática. Como tal, constituye la base de nuestro sistema de libertades y por tanto no cabe más que defenderla, aún más teniendo en cuenta que a menudo supone la primera defensa ante los abusos del poder. Pero la libertad de expresión tiene sus límites, límites recogidos en nuestra Constitución y en el vigente Código Penal. No es, en absoluto, “una finca sin vallado” a la que acogerse indiscriminadamente para la comisión de cualquier tipo de tropelía.

Así, y como enemigo acérrimo de cualquier tipo de censura previa, defiendo el derecho a que cualquier chirigota, comparsa o cuarteto, cante lo que le venga en gana. Eso sí, cada cual es responsable de sus actos, y si alguien se considera ofendido o lesionado en sus derechos, debería tener la posibilidad de manifestar su malestar y/o reclamar reparación ante los tribunales de justicia sin ser satanizado por ello.

En estos, a veces, inevitables conflictos entre derechos fundamentales como son la libertad de expresión, el derecho al honor, a la protección de la infancia, etc., etc., etc., son los tribunales de justicia quienes deben dirimir, con la diligencia y celeridad debidas, si se han transgredido los límites que, aún en Carnaval, marca la legislación vigente. Pero la secular lentitud de la Justicia, se hace aquí más patente cuando los ceutíes, a estas alturas, seguimos sin conocer si las letras de “Los polluelos” están dentro o fuera de la legalidad, contribuyendo a mantener viva la polémica.

En resumen, cante cada cual lo que quiera y, de columpiarse, aténgase a las consecuencias. Pero sin victimismos, por favor; pues hasta en Carnaval existen límites: los del buen gusto y los de la Ley.