Dice el refrán popular: “A veces, los árboles no dejan ver el bosque”, algo muy a tener en cuenta cuando redactores, columnistas y colaboradores tendemos a perder la perspectiva global de los hechos al centrarnos y reaccionar ante pequeños detalles. La filtración de documentos de inteligencia, sus autores, sus motivaciones, los ceses y los comentarios de café no son más que hechos anecdóticos en comparación con la gravedad de las actividades puestas al descubierto y los conflictos que estas pueden suscitar. Hablamos, pues, del papel del Ejército en el marco de las leyes y la Constitución española, de la supeditación del Ejército a la sociedad civil, del respeto a los derechos y libertades recogidos y protegidos por la Constitución española. Del respeto a la Ley, en definitiva.

A ningún lector inteligente se le escapa que las irregulares actividades descubiertas en el seno de la 2ª sección de EM de la Comandancia General no pueden ser fruto de un exceso de celo o trastorno transitorio de seis guardias, un capitán, un comandante y dos Tte. Coroneles. Cualquier conocedor de la institución militar sabe que dichas actividades no han podido llevarse acabo sin el conocimiento y consentimiento de ciertos sectores de la institución. Es decir, que deben tener sus fundamentos en directrices u órdenes, después mejor o peor interpretadas.

Y aquí llegamos al meollo de la cuestión: ¿están las Fuerzas Armadas legitimadas para investigar a ciudadanos, políticos, periodistas, sindicalistas y asociaciones de cualquier tipo?,  ¿están las FFAA legitimadas para investigar a personal civil en función de ideologías, sus creencias religiosas o actividades participativas?, ¿están legitimadas para recabar información de carácter personal y crear bases de datos de ciudadanos que ninguna relación tienen con el Ejército?, ¿quedan estas actividades dentro o fuera del papel que la Constitución y del ordenamiento jurídico vigente otorgan a las FFAA?

Eso, al menos, es lo que deberían explicar el ministro Alonso y el Partido Socialista. Sería muy ilustrativo para la sociedad española conocer, por boca del responsable de Defensa, si estas actividades son ilegales y, en tal caso, quiénes las han fomentado y permitido. En caso contrario, de considerarse legales estas prácticas, deberíamos conocer cuales son los fundamentos jurídicos y, de paso, si el Ministerio de Defensa o la cúpula militar consideran a la sociedad ceutí un peligro para la soberanía e independencia de España, para su integridad territorial o para el ordenamiento constitucional.

Pero creo que, por Alonso, poco sabremos…