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Autonomía a la carta

Tomás Partida

El resultado de las elecciones del pasado 14-M dejó a todos con el paso cambiado; los populares acabaron recogiendo sus bártulos y los socialistas enfrentándose, de golpe y porrazo, a todos los compromisos contraídos en campaña.

Del cuadro, por cambiar, cambió hasta el marco. Así, de un gobierno del PP cuyo lema parecía ser Santiago y cierra España y que hizo del inmovilismo su bandera, pasamos a un PSOE de talante y café para todos que se ve inevitablemente impelido por la ciudadanía (so pena de no durar seis meses) a cumplir sus promesas electorales y reconducir -además- unas deterioradas relaciones entre Madrid y los nacionalismos históricos en base a unas reformas estatutarias que han reabierto el debate autonomico en todo el país.

Aquí, en Ceuta, socialistas y populares se ven arrastrados por esta marea autonomista que recorre los campos de España. Aróstegui y sus chicos se lanzan de nuevo a la arena política con la tan manida y deseada Transitoria Quinta -que en su momento ya nos negaron socialistas y populares- y hasta el prudente Vivas se muestra hoy favorable a la quinta, quizás por miedo a quedar en evidencia ó verse rebasado por un PSOE que -a pesar de tener poco interés en la cuestión- deberá otorgar su placet so pena de dilapidar toda su credibilidad y expectativas electorales.

En este contexto se abre para Ceuta la posibilidad de acometer una relativamente deseada reforma estatutaria, ahora imperativa para no quedarnos definitivamente descolgados en el marco de la organización territorial del Estado, acabando -de paso- con la nefasta definición de las 17+2, diecisiete comunidades autónomas y dos cosas, cosas que son reiteradamente obviadas en mapas, enciclopedias, consejos sectoriales, etc, etc. Hoy, se avista una posibilidad real de integrarnos en condiciones de total igualdad con el resto de comunidades, aun reconociendo que a Ceuta la complejidad propia de las autonomías plenas le viene un poco grande.

Es obvio que esta previsible complejidad jurídico-administrativa no sería del gusto de la ciudad, por cuanto que aquí no interesa disociar Ayuntamiento de Asamblea debido a la duplicidad de cargos, funciones y el consecuente aumento de gastos, como tampoco es de gran interés contar con un Tribunal Superior de Justicia propio o asumir otras estructuras implícitamente ligadas al estatus de Comunidad Autónoma pero que aquí no tienen objeto. Aun así, nadie puede poner en duda la utilidad contar con una capacidad legislativa, que entre otras cosas, permitiese modificar el IPSI sin necesidad de tener que recurrir constantemente al Congreso de los Diputados, disolver la Asamblea y convocar elecciones anticipadas para minimizar el efecto del transfugismo político, disociar los cargos de presidente de la Asamblea y presidente de la Ciudad, etc., etc.

Y quizá mucho más importante es la excelente oportunidad para recoger en el nuevo Estatuto las especificidades fiscales de Ceuta en materia impositiva e incluso el plus de residencia y definir nuestra capacidad para su regulación, asimilándonos así a comunidades autónomas con regimenes especiales como Navarra. Evitaríamos de esta manera la inseguridad económico-mercantil generada por la condición de graciables de estas bonificaciones, una condición que nos obliga -año tras año- a rogar al Gobierno de turno por su inclusión en los Presupuestos Generales del Estado.

El aspecto más polémico de esta reforma lo constituirá previsiblemente el modelo social y de convivencia que se propugne en el Estatuto. Las reivindicaciones que puedan plantear algunos partidos de corte musulmán como la UDC o el PDSC en el tema lingüístico ó incluso en pro de la discriminación positiva podrían constituir el mayor escollo para la consecución de un proyecto consensuado de reforma ya que, aunque muchos de sus dirigentes no están por la labor, la presión de la masa social que les sustenta puede obligarles a presentar propuestas que no sean muy bien acogidas por el resto de formaciones políticas. A este respecto hay que hacer notar que frente al rechazo inicial que puedan generar algunas propuestas no cabe duda de que con un 40% de población musulmana -en crecimiento- y con la perspectiva de que el Estatuto deberá estar vigente durante años, se impone el pragmatismo político y -sin echarse las manos a la cabeza- habrá que estudiar detenidamente que es razonable y que no siempre con la vista puesta en el futuro de la ciudad.

Una vez conseguido el consenso básico, el proyecto de reforma del Estatuto debería contemplar dos posibles escenarios para su presentación, en función de la evolución de las reformas autonómicas en el resto del país. Unos escenarios que pueden condicionar incluso el contenido de las propias reformas.

El primer escenario lo constituye la formulación de una reforma constitucional del titulo de las autonomías con las subsiguientes reformas estatutarias. En esta particular situación, la Ciudad Autónoma podría proponer que la organización jurídica de las distintas Comunidades Autónomas se refleje de alguna manera en los propios estatutos, lo que nos permitiría soslayar la disociación Asamblea-Ayuntamiento y evitar la creación de algunas instituciones que no son particularmente útiles para la buena marcha de la ciudad. El segundo escenario, quizás el más previsible, se materializaría si a nivel nacional se optase por mantener incólume el titulo autonómico para que las reformas se llevasen a cabo exclusivamente por vía estatutaria, en cuyo caso sería necesario un ejercicio de ingeniería jurídico-política para que con el sine qua non Ceuta se constituye en Comunidad Autónoma evitar de alguna manera la sobrecarga económico-administrativa que este marco jurídico conlleva.

Por todo lo anteriormente expuesto se hace necesario -en este momento- un ejercicio de imaginación y responsabilidad para encajar adecuadamente nuestras legitimas aspiraciones con la realidad de la ciudad. Para ello, son necesarios líderes decididos que asuman los riesgos necesarios para luchar sin complejos por esta equiparación que debe integrarnos definitivamente en el proyecto común de España y de la sociedad española.