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Comisiones, consejos asesores y su necesidad

Septem Nostra

  Conforme a lo establecido en la ley 27/2006 de 18 de julio, que regula los derechos de acceso a la información, de participación pública y de acceso a la justicia en materia de medioambiente, son considerados delitos punitivos todos aquellos intentos de dificultar y ocultar información pública a los ciudadanos. A remolque de las Directivas europeas se ha dado a luz a un texto legal que permite normalizar una situación de indefensión en la que se encontraban muchos ciudadanos y colectivos de ciudadanos debido a los abusos despóticos de pequeños dictadores establecidos en los países del sur de Europa menos acostumbrados a los beneficios de las democracias modernas, y muy habituados a las represalias y abusos continuos de poder contra todos aquellos que tengan opiniones discrepantes. A pesar del tiempo trascurrido, las mentalidades en nuestro país arrastran el enorme peso de la históricamente muy reciente dictadura que continua sobrevolando sobre las almas españolas, y que anida, engendra y prolifera en todo tipo de instituciones ya se llamen estas partidos políticos de izquierda o derecha, sindicatos, etc. Figúrese como será todavía la sombra que se proyecta sobre las mentalidades españolas, que todavía no hemos conseguido que nuestra asociación sea plenamente invitada a la famosa comisión de patrimonio que se desarrolla desde la Consejería de Cultura. Pues fíjense, hasta dónde se puede llegar todavía en nuestro magnífico país democrático, con tal de impedir el acceso a la información y sobre todo en este caso a la participación, que a pesar de que los acuerdos tomados por la comisión de patrimonio de patrimonio no son vinculantes se nos niega el agua y el pan que representa la única voz crítica a favor del patrimonio. Negando esto, también se niega, en cierta manera, esta posibilidad al propio patrimonio que solo cuenta con la administración para defenderlo. ¡Ahí es nada!, esto es algo así como dejar a una cenicienta (patrimonio) en manos de su madrastra (administraciones públicas) sin la mediación constante de sus amigos (asociaciones en defensa del patrimonio). Esa misma administración que se gasta un buen dinero en llenarnos de estatuas mitológicas "con relación a Ceuta" cual si fueran seguidores compulsivos de Robert Graves cada rincón de la ciudad. La mismísima que también permite que el patrimonio se caiga en pedazos o que ante los medios de comunicación se jacta de entregar el permiso para que se inicien las obras de derrumbe del magnífico cuartel dieciochesco o de las Heras. Desde luego algunos tienen la cara como el cemento o son más simples que el tomate. Seguro que después de estos comentarios estos grandes gestores y su tropel de aclamadores  surgidos de los partidos políticos nos tildarán de radicales ecologistas que deseamos volver al paleolítico y que debemos abandonar nuestras posturas puesto que es muy primitivo desear conservar un monumento humano y muy moderno y civilizado derribar un vetusto cuartel por el bien particular de unos cuantos.

Volvamos al tema inicial con el que daba comienzo esta colaboración, la ley que consagra el derecho a ser informado y a participar en la toma de decisiones en materia de medioambiente. Por cierto, en esta ley también se hace un comentario directo a favor del patrimonio histórico, cultural y artístico y lo incluye en el ámbito ambiental. Esto podría dar lugar a amplias interpretaciones y ser de utilidad atendiendo a su posible inclusión en los futuros órganos colegiados de consulta y participación ciudadana.

Uno de los órganos colegiados que desarrolla profusamente el texto legal es el denominado consejo asesor de medioambiente, cuyo ámbito de actuación es el nacional, ya ha sido puesto en funcionamiento y por lo que se puede deducir de sus propuestas e intervenciones, puede llegar a jugar un papel muy interesante en determinadas políticas ambientales. Gran parte de este interés está relacionado con la composición del consejo nacional (organizaciones ecologistas, departamentos ambientales de sindicatos, organizaciones de empresarios, organizaciones de consumidores, agricultores y pescadores) y por la facultad que posee para fomentar la colaboración con los órganos similares a nivel autonómico que se deben crear.

Como percibimos unas mentalidades políticas aperturistas a la participación en la Consejería de Medioambiente, que ya puso en marcha la anterior responsable del área, y junto a ella y a una importante representación de las asociaciones ciudadanas de Ceuta, llegamos a producir la Agenda 21 y mejoramos en algunos aspectos importantes el proyecto de estudio y divulgación sobre las especies de tetrápodos marinos. Ahora con el nuevo equipo que dirige la consejería hay una cierta continuidad en la frecuencia de contactos y desde luego un trato y una cordialidad que desde la asociación agradecemos. Además, demostrando una buena coordinación política con su antecesora, se ha mejorado el convenio para el estudio de los tetrápodos antes mencionado y por vez primera se nos quiere dotar de fondos para mejorar las infraestructuras y su funcionamiento. Todo este buen entendimiento y capacidad de diálogo que estamos observando creemos que debe verse prontamente reforzado con una política de hechos ambientales. La puesta en marcha de la Agenda 21 es fundamental, pues en ese texto se encuentran reflejadas la mayor parte de las cuestiones que se deben abordar para conseguir compensar los enormes retrasos ambientales que se llevan arrastrando en todos los aspectos del término y también acercarse a un modelo de ciudad más sostenible y contemporáneamente civilizada. Estos motivos y la lamentable situación de inacción en la política ambiental de Ceuta, parecen buenas razones para que se cree cuanto antes el consejo asesor de medioambiente en nuestra ciudad.