BLOGS

El axioma del soterramiento

Septem Nostra

  El traslado del mercado de abasto al complejo cultural de la Manzana del Revellín ha partido de un supuesto axioma, es decir, de una proposición tal clara y evidente que se admite sin necesidad de demostración. La desaparición del edificio que alberga hoy día el mercado de la ciudad se ha entendido como un hecho incuestionable, justificado por la futura construcción de un intercambiador modal (parada de autobuses y taxis), dos plantas de aparcamiento y una gran plaza pública. Un proyecto urbanístico que requerirá el soterramiento para la circulación subterránea en las calles Independencia y Victori Goñalons. Todas estas actuaciones se han justificado por que hay una "necesidad física", sustentada en el mal estado del edificio del mercado, y por ser una infraestructura que mejorará el tráfico de vehículos. Junto a estos motivos se ha aludido a la intención del gobierno de recuperar el antiguo foso de la Almina. En esta ocasión vamos a centrar nuestros comentarios a analizar las razones de movilidad que se han aducido para justificar la millonaria inversión prevista en este céntrico espacio.

            El plan de inversiones que ha diseñado el gobierno de la Ciudad para el periodo comprendido entre los años 2008-2013, dedica el eje 1 a las intervenciones en vías públicas e infraestructuras urbanas, con un presupuesto de algo más de 158 millones de euros, de los cuales 78 millones corresponde a la cuantía económica del soterramiento de la calle Independencia y Victori Goñalons (60 millones), además de otros 18 millones en el capítulo genérico de viales. En el computo general del plan de inversiones para el próximo quinquenio la cantidad destinada al tráfico alcanza el 20 %,  más del doble de lo que se destina a la inversiones medioambientales y casi la misma cantidad de dinero para la construcción de viviendas de protección oficial, si a los 78 millones a las que nos referíamos anteriormente le sumamos dos millones más para un nuevo aparcamiento subterráneo y otros dos para una estación intercambiadora de vehículos de servicios públicos, que figura en el eje 4 (actuaciones con impacto positivo en la actividad económica). Por si estas desorbitadas inversiones en obras relacionadas con los automotores parecieran pocas, el gobierno central no quiere quedarse atrás y anuncia la inversión de entre 18 y 27 millones de euros para el denominado enlace puerto-frontera. En definitiva, un gasto público en distintas modalidades de carreteras que se eleva a unos 110 millones de euros.

Nadie parece escandalizarse por el descomunal gasto en el transporte motorizado, nada de extrañar teniendo en cuenta que nuestro modo de vida se basa en la religión del automóvil, y como dijo Lewis Mumford, "los sacrificios que la gente esta dispuesta a hacer en aras de esta religión, están fuera del reino de la crítica racional". Las inversiones prevista en el transito de vehículos privados son retraídas de otras partidas más necesarias que permitirían mejorar los equipamientos colectivos (zonas verdes, biblioteca, regeneración medioambiental y urbana, etc...). Así, el anunciado proyecto de reurbanización de la barriada del Príncipe Alfonso depende, según han manifestado el propio Presidente de la Ciudad, de la obtención de los 36 millones de euros que se han calculado costará la mejora de una de los barrios más populosos de Ceuta. Sin embargo, a pesar de reconocerse la dejadez que ha sufrido esta barriada por el propio ayuntamiento, no tiene asegurada su financiación y todo queda supeditado a la buena voluntad del gobierno central. Esto contrasta con el interés que se han tomado en las obras de soterramiento de la calle Independencia y en el traslado del mercado a la manzana del Revellín, estando incluso dispuestos a liquidar ACEMSA o utilizar el método alemán de financiación que nos costará unos cuantiosos desembolsos económicos en forma de intereses. Todo se sacrifica con el único objetivo de intentar dar fluidez al tráfico urbano en una ciudad con tan sólo 19 km2, que debe soportar 51.591 vehículos, lo que equivale a 721 vehículos por cada 1.000 habitantes, una cifra muy superior a la media nacional.  

Tenemos que convencernos de que por muchos soterramientos, desdoblamientos, cámaras, paneles informáticos o enlaces puerto-frontera que se construyan en la ciudad no vamos a solucionar los problemas de congestión del tráfico rodado hasta que modifiquemos  nuestros hábitos de movilidad urbana. El error fatal que hemos cometido ha sido sacrificar todas las demás formas de transporte al coche. Nos hemos entusiasmado tanto con el automóvil, que hemos olvidado cuán eficiente y flexible es el andar a pie. Todo plan de transporte urbano debe colocar al peatón en el centro de sus propósitos, aunque sólo sea para facilitar el tránsito rodado. Junto a esta apuesta por los desplazamientos pedestres se hace necesario reforzar el transporte público, tradicionalmente desamparado en Ceuta.

Nuestros responsables autonómicos persisten, con tozudez, en considerar que el progreso urbano consiste en tener muchos viales, desproporcionados edificios en altura y numerosos aparcamientos subterráneos. Este hecho evidente reduce a calamitoso absurdo tal sistema unidimensional de transporte, pues no tiene en cuenta las características del desarrollo urbano, ni que el número de gente y vehículos crece año tras año. Por ello es cada día más necesario establecer un límite superior a la afluencia diaria de automóviles al centro urbano y elaborar un sistema de transporte público que facilite los desplazamientos interurbanos.

No debemos nunca perder de vista que la ciudad existe no para el fácil deambular de los automóviles, sino para proporcionar a las personas cuidados mejores y mayor cultura. Precisamente a estos menesteres podrían dedicar las enormes sumas de dinero que nuestros gobernantes han decidido gastar en viales, carreteras y otras modalidades de infraestructuras relacionadas con los vehículos a motor. ¿Se imaginan las cantidades de actuaciones de mejora de las condiciones de vida de los ceutíes se podrían emprender con más de cien millones de euros?. Una vez más se pone de manifiesto que el problema de nuestra sociedad no es la falta de recursos económicos, sino el disparatado destino que se le da a los fondos públicos.