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No ganamos para disgustos

Septem Nostra

Cuando todavía no nos habíamos repuesto del anuncio de construcción de varios hoteles en el Monte Hacho, recibimos la noticia del proyecto de construcción de una incineradora en nuestra ciudad. Esta información, como el resto de la opinión pública, la hemos conocido a través de un comunicado de la asociación ecologista Greenpeace en el que criticaba el contenido del futuro Plan Nacional de Residuos Urbanos (PNRU). El nuevo PRNU contempla la construcción de una incineradora en Ceuta, con capacidad para quemar más del 90 % de los residuos que generamos, contraviniendo los principios básicos de la gestión  de residuos que propone el Parlamento Europeo en la Directiva Marco de Residuos. La política de residuos de la Unión Europea marca claramente que los países miembros deben impulsar políticas tendentes a la reducción de producción de basuras, a su reutilización y reciclaje. Entre los objetivos que se ha marcado España en su gestión de los residuos urbanos se contempla la reducción en un 20 % de la cantidad de basuras que se generan anualmente en nuestro país.

La incineración ha sido tradicionalmente criticada por los grupos ecologistas debido a las consecuencias medioambientales y sanitarias que acarrean  la emisión de ciertas sustancias consideradas muy contaminantes como es el caso de las dioxinas y los furanos. Asimismo, no hay que pasar por alta que la combustión de elevadas cantidades de basuras desprende altas tasas de CO2, intensificando el efecto invernadero y con ello el cambio climático, tan en boga últimamente. Este cúmulo de efectos negativos no se compensa con la solución de la gestión de los residuos urbanos, a pesar de la importante inversión económica que supone su construcción y mantenimiento.

La experiencia con la incineración en Melilla tiene que servirnos de referencia para valorar seriamente la viabilidad de su implantación en nuestra ciudad. A este respecto conviene tener en cuenta los datos aportados por la asociación Guelaya-Ecologistas en Acción. En el documento que ha publicado esta entidad, titulado “diagnóstico de la situación de sostenibilidad en la Ciudad Autónoma de Melilla”, se relacionan los principales inconvenientes de la incineración como alternativa para la gestión de los residuos urbanos. Esta relación incluye la necesidad de contar con un vertedero, ya que la incineración tan sólo consigue reducir un 24 % del total de los residuos tratados. Para la eliminación de las cenizas resultantes del proceso de incineración se requiere un vertedero de residuos tóxicos y peligrosos. Tampoco conviene pasar por alto que las incineradoras necesitan una parada técnica anual, durante la cual las basuras deben ser depositadas en un vertedero o bien trasladadas a la península.

La principal justificación esgrimida para la construcción en Ceuta de una planta incineradora estriba en razones de índole económica. Según la Consejera de Medio Ambiente resulta insostenible el alto coste que conlleva el traslado de los residuos a la península por lo que se requiere, en su opinión, una instalación “permanente”. La titular del área medioambiental de la Ciudad parece contradecir al Ministerio de Medio Ambiente, descartando que la planta de tratamiento requerida se base en la incineración de residuos. La verdad es que no sabemos muy bien cual es la apuesta de la administración autonómica en cuanto al tratamiento de las basuras. Desde luego que la incineración no es la solución al problema económico que suscita el traslado diario de los residuos a la península. Los cálculos realizados por Guelaya-Ecologistas en Acción de Melilla determina que el precio medio de incinerar una tonelada de basura le cuesta a la Ciudad de Melilla  60 euros por tonelada, aproximadamente. Una cantidad que supera el coste de su traslado hacia centros ubicados en otros puntos del territorio nacional. Desmontado este argumento falaz pocas razones quedan para sustentar la idea de implantar una incineradora en territorio ceutí, como no sea encontrar una salida al litigio que la Ciudad Autónoma mantiene con la empresa que resultó adjudicataria del concurso, llevado a cabo en el año 1993, para la construcción y explotación de una incineradora. Desde entonces, la empresa que ganó el concurso reclama a la Ciudad los beneficios no obtenidos por el canon de explotación de la planta incineradora cuyo montante se eleva a veinte millones de euros.

Con el anuncio de la construcción de una incineradora en nuestra ciudad se pone de nuevo en evidencia que Ceuta carece de políticas coherentes de residuos, tal y como ya manifestó Greenpeace en su informe “la situación de las basuras en España”. Este mismo informe declaraba que “Ceuta ha tenido el crecimiento más elevado de generación de basuras por habitante/día en el periodo 1996/2003, con un 72,11 %, cuando la media se sitúa en el 29,72 %”. Ante este panorama la solución que se plantea por parte de la Consejería de Medio Ambiente consiste en instalar una planta capaz de tratar el doble de las basuras que generamos hoy día. Todo parece indicar que los responsables de la política medioambiental ceutí desconocen el objetivo, que se ha marcado la Unión Europea, incluido nuestro propio país, de estabilizar la generación total de residuos, y una vez alcanzada esta meta reducir paulatinamente los niveles de generación de basuras. Este objetivo sólo será viable si establecemos estrategias de gestión ambiental basadas en la reducción, reutilización y reciclaje de residuos. Una propuesta que figura en el contenido de la Agenda 21 Local que ha sido suscrita por una amplia representación de la sociedad ceutí, cuya opinión, por cierto, fue unánime en su oposición a la incineración de basuras.