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La ruina como estrategia de especulación urbanística

Septem Nostra

Hace algo más de dos años publicamos, en esta misma sección, un artículo titulado “las comparaciones son odiosas, pero a veces necesarias”. Su contenido versaba sobre el significativo adelanto que en materia de conservación del patrimonio nos llevaba la ciudad hermana de Melilla. Una vez más tenemos que referirnos a esta llamativa diferencia en la política patrimonial entre ambas ciudades autonómicas para hablarles de la reciente declaración de ruina de un inmueble situado en la calle Galea.

El mal estado del edificio ubicado en la mencionada rúe requirió, el pasado viernes, día 23 de marzo, la actuación de los bomberos ante el desprendimiento de parte de su fachada. Cuando leímos esta noticia enseguida pensamos que se trataría de uno de tantos inmuebles del centro histórico que se están dejando morir con fines especulativos. Nuestras sospechas se vieron confirmadas tras leer la carta al director que recogía la edición del miércoles del mismo rotativo que acoge esta humilde colaboración semanal. El contenido de la misiva, firmada por I.Orozco, no deja lugar a dudas en cuanto al trasfondo que ha llevado a la declaración de ruina del edificio. El abandono intencionado de los inmuebles con el propósito de justificar su declaración de ruina es una práctica habitual en todos los centros históricos de nuestro país. Para combatir esta deleznable actitud especulativa muchos ayuntamientos han tomado medidas administrativas y jurídicas para impedir la proliferación de este tipo de acciones. Sin ir más lejos, la Ciudad Autónoma de Melilla promulgó, hace ya algunos años, la Ordenanza sobre Conservación, Rehabilitación y Estado Ruinoso de las Edificaciones. En la exposición de motivos de esta ordenanza se llega a decir “que pese a que en el deber de conservación y en la ruina, parece estar siempre presente el interés público, es forzoso reconocer sin embargo que al menos el instituto de la declaración de ruina ha sido puesto en marcha más por los particulares que por la administración y ha sido utilizado, más que atendiendo a intereses públicos, en defensa de intereses privados”. Sobran los comentarios.

Todos somos conscientes que las distintas normas jurídicas emanadas por las administraciones públicas de poco sirven si no se vela por su estricto cumplimiento. De nada vale que la legislación nacional y local establezcan que los propietarios de los edificios tienen la obligación de mantenerlos en condiciones de seguridad, salubridad y ornato público, si las autoridades competentes no ejercen su capacidad inspectora y sancionadora. Para dar una adecuada respuesta a esta necesidad de vigilar por el buen estado del parque inmobiliario, la mayoría de los ayuntamientos españoles han implantado la denominada Inspección Técnica de Edificios. Una inspección que han de pasar todos los edificios en función de su año de construcción para acreditar su estado de seguridad constructiva, cualquiera que sea su destino.

Como en muchos otros aspectos, Ceuta figura entre las ciudades españolas que todavía no han implantado la Inspección Técnica de Edificios. Tenemos un don especial para figurar en todas las estadísticas como la excepción que confirma la regla. Somos los únicos que no contamos con puntos limpios o contenedores amarillos, entre otros medios y servicios medioambientales. Son tan sólo ejemplos ilustrativos del extraordinario retraso que sufrimos en nuestra ciudad con respecto a las políticas modernas de conservación y gestión del medioambiente y el patrimonio cultural.

Volviendo al tema que venimos tratando en este artículo tenemos de nuevo que mirar de reojo a Melilla para observar la incapacidad o falta de interés de la administración local respecto a la protección y conservación del patrimonio arquitectónico. No es que en Melilla aten los perros con longaniza, pero al menos hacen algo por solucionar los problemas que acarrea la falta de mantenimiento de los edificios en su término municipal. De este modo, la Consejería de Seguridad Ciudadana puso en marcha el grupo de Revisión de Obras que ha llevado a cabo un elevado número de intervenciones entre las que figuran la identificación de obras sin licencia y la ocupación no autorizada de la vía pública, la detección de desperfectos y averías diversas en las calles, y la localización de deficiencias en inmuebles, tanto en elementos arquitectónicos urbanos como en viviendas que se encuentran en ruinas, semirruinas o abandonadas. Al margen de estas actuaciones, el Grupo de Revisión de Obras de la Ciudad Autónoma de Melilla redacta informes sobre cuestiones de índole ambiental o bien relacionadas con el patrimonio histórico que remite, según proceda, a la sección técnica de Protección del Medio Ambiente Urbano, al departamento de Contaminación Ambiental o a la Comisión del Patrimonio Histórico Artístico.

La total ausencia de iniciativas normativas y de disposición de medios para combatir los desmanes urbanísticos, así como para frenar la imparable destrucción del patrimonio arquitectónico, siembra desconfianza de los ciudadanos hacia la clase política. Muchos nos preguntamos para qué sostenemos una estructura burocrática tan costosa cuando no es capaz de adoptar ningún tipo de iniciativa tendente a velar por el interés general de la ciudadanía.