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Propuesta para un Consejo Sectorial de Medioambiente

Septem Nostra

El artículo 45 de la Constitución configura el medio ambiente como un bien jurídico de cuyo disfrute son titulares todos los ciudadanos y cuya conservación es una obligación que comparten los poderes públicos y la sociedad en su conjunto. Todos tienen el derecho a exigir a los poderes públicos que adopten las medidas necesarias para garantizar la adecuada protección del medio ambiente, para disfrutar del derecho a vivir en un medio ambiente sano. Correlativamente, impone a todos la obligación de preservar y respetar ese mismo medio ambiente. Para que los ciudadanos, individual o colectivamente, puedan participar en esa tarea de protección de forma real y efectiva, resulta necesario disponer de los medios instrumentales adecuados, cobrando hoy especial significación la participación en el proceso de toma de decisiones públicas.

La reciente Ley 27/2006, por la que se regulan los derechos de acceso a la información, de participación pública y de acceso a la justicia en materia de medio ambiente, constituye un importante avance para la participación ciudadana en los asuntos de índole ambiental. Tal y como se declara en el preámbulo de este texto legislativo nos movemos en un ámbito competencial compartido con las Comunidades Autónomas, por lo que la ley se limita a promover la participación real y efectiva de los ciudadanos, correspondiendo a los organismos competentes el establecimiento y tramitación de los procedimientos para garantizar la participación ciudadana en esta materia.

Los principios informadores de la actuación pública en el campo medioambiental se pueden resumir en los siguientes puntos: hacer públicamente accesible la información relevante sobre el plan, programa o disposición normativa; informar del derecho a participar y de la forma en la que lo pueden hacer; reconocer el derecho a formular observaciones y comentarios en aquellas fases iniciales del procedimiento en las que estén aún abiertas todas las opciones de la decisión que haya de adoptarse; justificar la decisión finalmente adoptada y la forma en la que se ha desarrollado el trámite de participación.

En dichos casos, corresponderá a cada Administración determinar qué miembros del público tienen la condición de persona interesada y pueden, por consiguiente, participar en tales procedimientos. La Ley establece que se entenderá que tienen en todo caso tal condición las personas jurídicas sin ánimo de lucro que se dediquen a la protección del medio ambiente y cumplan los demás requisitos previstos, entre ellos llevar constituido más de dos años y que puedan acreditar el ejercicio de dicha actividad durante este tiempo. Las organizaciones que cumplan estos requisitos tienen que ser consultadas en la elaboración, modificación y revisión de los planes y programas que versen sobre materias tan diversas como residuos, pilas, nitratos, envases y residuos de envases, calidad de aire y agua, entre otras. 

Desde la asociación Septem Nostra consideramos que la Ciudad Autónoma de Ceuta tiene la obligación de establecer los mecanismos necesarios para hacer efectivos los derechos de acceso y participación ciudadana en los asuntos medioambientales que asisten a las organizaciones dedicadas a la defensa del medioambiente. Para ello pensamos que sería necesario la constitución del Consejo Sectorial de Medio Ambiente en el que tengan cabida todas aquellas asociaciones que cumplan con los requisitos que determina la Ley 27/2006,  de acceso a la información, de participación pública y de acceso a la justicia en materia de medio ambiente. A través de este órgano se podría canalizar la participación ciudadana en todas aquellas iniciativas que se emprendan en la ciudad para asegurar la protección y conservación del patrimonio natural de Ceuta. 

Esta propuesta va a ser oportunamente transmitida al Gobierno de la Ciudad de Ceuta y a todos los partidos políticos que cuentan con representación en la Asamblea, órgano en el que se deberá considerar su aprobación y puesta en funcionamiento. Esperemos que antes de la finalización de esta legislatura se haya podido constituir el Consejo de Medio Ambiente, medio que creemos necesario para cumplir con los derechos de acceso a la información y la participación ciudadana en materia de medioambiente que establece la normativa estatal y europea vigente.