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La recuperación del borde marítimo de Fuentecaballos

Septem Nostra

El proyecto de recuperación del borde marítimo de Fuentecaballos ha estado de actualidad periodística tras el dictamen negativo que ha recibido de la Comisión de Patrimonio Cultural. Esta noticia merece una serie de comentarios por parte de nuestra asociación, al ser parte implicada en este asunto. Como ya comentamos en el artículo que titulamos “la participación ciudadana en la acción de las administraciones públicas” habíamos recibido algunos mensajes desde ciertos medios escritos para que desistiéramos de presentar alegaciones al referido proyecto de recuperación  medioambiental en la zona de Fuentecaballos. Desoyendo estos intentos de coacción mediática presentamos en el periodo de información pública varias alegaciones, la mayor parte de ellas relacionadas con las intervenciones incluidas en este proyecto que afectaban a elementos del patrimonio histórico declarados Bienes de Interés Cultural.

Entre las alegaciones presentadas al proyecto de Fuentecaballos recordamos la obligación de contar con una autorización expresa de los organismos competentes en la aplicación de la ley de Patrimonio Histórico, previa a la ejecución de cualquier intervención que afecte directa o indirectamente a un bien declarado de interés cultural. En este caso, los promotores de este proyecto debían recabar las oportunas autorizaciones de la Consejería de Educación y Cultura de la Ciudad Autónoma de Ceuta y de la Dirección General de Bellas Artes y Bienes Culturales del Ministerio de Cultura, en función de la titularidad de los bienes culturales localizados en el área de actuación. Estas autorizaciones fueron solicitadas, tras la presentación de nuestras alegaciones, a ambos organismos públicos. La respuesta de la Ciudad Autónoma ha venido de parte de la Comisión de Patrimonio Cultural que se ha pronunciado en contra de las intervenciones que dañan a bienes culturales singularmente protegidos.

Según se nos informó desde la Consejería de Educación y Cultura, el contenido de nuestras alegaciones, remitidas desde la Dirección General de Costas, fue objeto de un informe por parte de los técnicos de la consejería que venía a darnos la razón en la mayor parte de los argumentos que expusimos en nuestro escrito. Tal y como ha declarado la Comisión de Patrimonio Cultural, no resulta acorde a la Ley 16/85 de Patrimonio Histórico (LPHE) la pretendida apertura un hueco de 127 m²  en el paño frontal de la denominada Puerta del Boquete de la Sardina, como tampoco se ajustan al mencionado texto legislativo la eliminación de 9 m² pertenecientes al Baluarte de San Francisco ni la realización de un orificio de 3 m² del Torreón de San Jerónimo.

Respecto a los nuevos accesos que contempla este proyecto, la Comisión de Patrimonio Cultural coincide en la necesidad de repensar su construcción, al menos con el diseño que se propone por parte de sus autores. El motivo no es otro que el cumplimiento de la LPHE en lo concerniente a la protección del entorno de los bienes declarados de interés cultural. La pretendida construcción de un acceso a la playa de la Ribera desde la conocida curva del Plátano, además de eliminar lo poco que queda del baluarte de San Francisco iba a suponer el total ocultamiento de la puerta del Boquete de la Sardina.

Una vez conocido el pronunciamiento de la Comisión de Patrimonio Cultural, dando la razón a la asociación Septem Nostra en las alegaciones que presentamos a este proyecto, estaría bien saber la opinión de aquellas voces que pretendían hacernos desistir de ejercer nuestro derecho a expresar nuestra opinión sobre un proyecto que ha quedado claro que requiere un análisis más detenido que considere el posible impacto sobre los bienes culturales presentes en esta zona. Sin la intervención de Septem Nostra es muy probable que este proyecto se hubiera llevado a cabo tal cual se presentó, ya que fuimos la única entidad que ha presentado alegaciones a este proyecto. Ni siquiera la Consejería de Educación y Cultura tomó esta iniciativa. A este respecto conviene subrayar que, si bien la asociación Septem Nostra tiene un compromiso público en la defensa del patrimonio cultural, corresponde a los organismos públicos cumplir con sus obligaciones administrativas y legales relativas a la protección y conservación de los bienes culturales, especialmente de aquellos declarados de interés cultural.

En un proyecto diseñado por un organismo público se debería ser escrupuloso en el cumplimiento de la normativa patrimonial y medioambiental. Para ello, además de cumplir con los requisitos legales y con los procedimientos administrativos establecidos en la legislación vigente, se tiene que contar con la participación en su diseño y planificación con equipos multidisciplinares (arqueólogos, arquitectos, biólogos, historiadores, restauradores, etc…). Los fallos detectados en el proyecto de Fuentecaballos deben ser achacados principalmente a la ausencia de técnicos en patrimonio en su redacción. Una actitud recurrente que caracteriza el proceder tanto de la administración autonómica  como de la central. Ambas administraciones han participado en este proyecto que se remonta al año 2002, con un protagonismo importante de la Consejería de Fomento de la Ciudad Autónoma de Ceuta, sin que en ninguno de los casos llegaran a consultar con los organismos competentes dentro de su propia administración en la aplicación de la legislación patrimonial. A estos últimos también hay que solicitarles una mayor dedicación en sus obligaciones de inspección, autorización y supervisión de todas aquellas intervenciones que afecten al patrimonio cultural de nuestra ciudad.