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Medidas contra la delincuencia urbanística

Septem Nostra

A finales del pasado mes del junio se celebraron unas jornadas sobre delincuencia urbanística organizadas por Ecologistas en Acción. En este encuentro se reunieron un centenar de expertos que debatieron sobre la problemática jurídica de las ilegalidades que se cometen en las prácticas urbanísticas. Unas ilegalidades que sufren con especial virulencia las grandes ciudades y el litoral, con la más absoluta impunidad.

Una de las principales causas de las irregularidades urbanísticas se deben a la "falta de vigilancia y control por parte de las administraciones encargadas de ello y en una fuerte presión de algunos poderes económicos locales. En algunos casos, incluso, empiezan a estar ligadas a mafias que irrumpen con un tremendo poder económico y que crean dinámicas sociales y políticas muy difíciles de controlar". Este diagnóstico encaja como anillo al dedo a la situación que estamos viviendo en Ceuta de unos años para acá. Nadie quiere asumir esta realidad palpable que es motivo de comentarios en los corrillos urbanos, pero que nadie se atreve a denunciar abiertamente y muchos menos de combatir con valentía.

A nadie tiene que extrañar que estén surgiendo por doquier en toda España asociaciones o plataformas ciudadanas que tienen como principal objetivo hacer frente a la especulación urbanística. En Madrid, ejemplo paradigmático del fenómeno comentado, se ha constituido la organización "Ciudadanos contra la especulación urbanística" que agrupa a cerca de cuarenta entidades entre grupos vecinales, ecologistas y sindicatos. Sin ir más lejos en la vecina Algeciras se ha creado la "Plataforma contra la especulación urbanística" que celebró hace unos días un Pleno Alternativo sobre el estado de la ciudad, ya que al oficial del consistorio municipal no le permitieron participar. La principal demanda de los integrantes de esta plataforma es muy sencilla: "queremos participar". En las intervenciones de este encuentro también hubo coincidencia en denunciar las dificultades que tienen los ciudadanos algecireños para ser recibidos por las autoridades municipales o para que los gobernantes les entreguen la información que por ley deben tener.

Además de la participación ciudadana, clave para motivar a las autoridades temerosas de las consecuencias electorales de su desidia y connivencia, es necesario reformar la legislación de ordenación del territorio y modificar la dependencia financiera de los ayuntamientos de los ingresos que recaudan por la concesión de licencias urbanísticas. Esta situación la hemos comentado en repetidas ocasiones en esta columna de opinión por considerar que es clave para entender la permisividad de las autoridades urbanísticas locales.

Al igual que ocurre con las normativas que tienen como objetivo la protección del patrimonio cultural y natural, así como las tendentes a la defensa del medioambiente, sólo sirven si existe una clara voluntad de aplicarlas y si cuentan con los suficientes mecanismos de vigilancia, control e investigación. De nada vale que la Policía Local haya pintado un coche con franjas verdes y las letras "Patrulla Ecológica", cuando todos sabemos que se trata de una simple operación de marketing político. Estamos hartos de ver a esta supuesta "Patrulla Ecológica" controlando el tráfico o cumpliendo cualquier otra misión propia de la Policía Local. Más le valdría a los responsables del gobierno darles un curso a los integrantes de la policía sobre delitos contra el medioambiente y el urbanismo que seguir intentando tomar por tontos a los ciudadanos.

El Estado central no puede desentenderse de este grave problema, por lo que debería crear una sección de Medio Ambiente y Urbanismo en la Fiscalía de Ceuta, apoyada con el incremento de los miembros del SEPRONA y agentes judiciales especializados en este tipo de delitos.

De la adopción de estas medidas depende la sostenibilidad del territorio ceutí, amenazado por las construcciones ilegales y por aquellas que con apariencia de legales encubren grandes operaciones especulativas.