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El desarrollo hipotecado

Septem Nostra

La globalización está afectando a muchas facetas de nuestra vida. Las distancias físicas entre países se reducen por las mejoras en los medios de transporte y locomoción. Otras distancias, las sociales, no sólo no se reducen sino que se amplían cada día más. Para ser pobre no hace falta vivir en el tercer mundo. El Huracán Katrina ha puesto en evidencia que el país más poderoso del mundo sólo lo es para los ricos, aquellos que disponen de dinero para huir de los desastres naturales. El sistema capitalista se basa en la competencia que ha dejado el terreno económico para afectar a lo social. Las víctimas del capitalismo son abandonadas a su suerte por Estados controlados por los grandes grupos empresariales. Esto explica que un país del poder de EE.UU no disponga de medios para atender una situación de emergencia ante las catástrofes provocadas por una naturaleza que comienza a revelarse por lo mal que la tratamos.

El capitalismo impone nuevas formas de gobierno que influyen en aspectos tan importantes como la planificación y gestión de ciudades. La ciudad ya no se planifica en orden a satisfacer las necesidades de los ciudadanos, más bien se dirige a sustentar el propio sistema económico desarrollista que requiere continuas aportaciones económicas de la administración. La prueba de lo que estamos diciendo la encontramos en la noticia publicada el pasado martes sobre la licitación de obras públicas en España que se ha incrementado en un 45 % en el primer semestre del año. Nuestra ciudad, con 31, 4 millones de euros ha participado en este espectacular aumento del gasto público en el sector de la construcción.

Atendiendo a los datos aportados no nos debe extrañar que buena parte de las ciudades españolas estén patas arriba. La competencia entre las ciudades por atraer inversiones públicas es feroz. De ahí el interés de Madrid por promover la candidatura para las Olimpiadas o de Zaragoza con la exposición universal del 2008. Otras ciudades ya recibieron el chorreo de millones de la administración, véase Sevilla con la Expo del 92, Valencia con la Ciudad de las Artes o las Ciencias, o el más reciente Forum de las Culturas en Barcelona. Todas estas actuaciones megalómanas se presentaron como inversiones de alta rentabilidad económicas, pero lo cierto es que han dejado un boquete en las arcas estatales que cuesta llenar. Realmente quienes salen beneficiados de estas operaciones son los grandes grupos constructores que, presentados como benefactores, sacan una buena tajada económica. Las administraciones autonómicas son las primeras interesadas en estas actuaciones por razón de imagen y sobre todo por la necesidad de su financiación a través de los impuestos de la construcción.

En este contexto socioeconómico, los gobiernos adoptan un estilo de gestión empresarial caracterizado por intervenciones en plazos menores y con objetivos guiados por la financiación, bastante diferentes de los que se asocian tradicionalmente con la actividad que deben representar: la atención prioritaria al interés público. De este modo, las necesidades básicas quedan relegadas a los intereses económicos y a la máxima rentabilidad política en el menor tiempo posible. A la hora de elegir entre mejorar las dotaciones urbanísticas fundamentales (saneamiento, distribución, alumbrado, depuración de aguas, etc") o cambiar aspectos superfluos (cambio de acerados, mobiliario urbano, decoración con esculturas irrelevantes, etc"), el político suele inclinarse por estos últimos. Esto explica que en Ceuta se haya cambiado cuatro o cinco veces las losetas en el centro urbano tan sólo en los últimos años, mientras que la red de distribución haya permanecido desatendida durante medio siglo.

Las autoridades políticas otorgan un exceso de confianza a que el sector privado proporcione los beneficios sociales del desarrollo. Sin embargo, la realidad es muy diferente. Quienes obtienen suculentos beneficios son el sector privado a costa de agotar recursos naturales y culturales no renovables, principalmente, el espacio, los paisajes, el aire y el agua. ¿Quién se está beneficiando de la depredación urbanística del Monte Hacho"¿Los ceutíes".Estamos seguros de que no. Puede que alguno, pero no el pueblo de Ceuta en su conjunto.

La dependencia financiera de nuestro ayuntamiento de los recursos económicos que aporta el sector de la construcción puede explicar la ceguera permanente que padecen los responsables políticos de urbanismo. No sólo ahora, es un mal oftalmológico que heredan los que ostentan esta responsabilidad política. Esta ceguera les impide ver el incremento de las construcciones ilegales, el aumento de la edificabilidad, el abandono de edificios de alto valor patrimonial, la especulación del suelo,"..A muchos ciudadanos, con mejor suerte, se nos está cayendo la venda de los ojos y el miedo a denunciar éstas y otras situaciones que sufrimos en nuestra querida Ceuta. Hace ya mucho tiempo que sentimos el abandono de nuestros representantes elegidos democráticamente, entretenidos en asuntos que sólo les preocupan a ellos (guerra de medallas, reformas estatutarias y "escultóricas", etc"). Esta perdida de fe en las autoridades oficiales trae consigo menos aceptación de la autoridad, menos paciencia e implicación y más egoísmo.