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El aumento de las construcciones ilegales

Septem Nostra

A principios de este mes supimos la noticia del aumento de las construcciones ilegales en un 20 % durante los últimos cuatro años. Según se desprendía de un estudio realizado en el año 2000, el número de viviendas ilegales en Ceuta se fijaba en 560 edificaciones. Desde la fecha de la redacción de este informe hasta la actualidad, se han detectado 120 nuevas construcciones ilegales por los técnicos de la Consejería de Fomento y Obras Públicas. La mayor parte de estas construcciones ilegales se localiza en las zonas que carecen aún de un planeamiento urbanístico totalmente desarrollado, lo que impide la concesión de licencias. Estas zonas corresponden al espacio entre la barriada Príncipe Alfonso y el Tarajal, seguida de Benzú. También se destaca el auge de este tipo de edificaciones en la Huerta del Cateto y el Pasaje Recreo, en el Recinto Sur. En estos lugares se localizan el 80 % de todas las construcciones ilegales de Ceuta.

La proliferación de construcciones ilegales en nuestra ciudad no es ninguna novedad, como tampoco lo es en el resto de España. Para intentar paliar esta preocupante situación, la Consejera de Fomento anunció a mediados de febrero de este año la creación de una brigada para combatir las construcciones ilegales. Esta brigada se iba a constituir en coordinación con la Viceconsejería de Dotación y Servicios y se tenía previsto la contratación de cuatro inspectores de obras, además del personal auxiliar necesario para la ejecución de las órdenes de demolición. De este proyecto no se ha vuelto a saber nada, por lo que entendemos que finalmente no se ha llegado a materializar.

En ciudades de nuestro mismo ámbito geográfico como es el caso de La Línea, parece que sí se han tomado mucho más en serio los problemas que acarrean las construcciones ilegales. El Ayuntamiento de la Línea ha creado la Oficina de Disciplina Urbanística que, en apenas tres semanas de funcionamiento, ha paralizado veintiocho obras ilegales y ha ejecutado diez sentencias de demolición de edificaciones carentes de licencia. Al mismo tiempo, desde esta oficina se está realizando una campaña de limpieza y vallado de solares aplicando el principio de subsidiaridad que contempla la legislación urbanística. Esta Oficina de Disciplina Urbanística cuenta con una asesoría jurídica propia, una asesoría técnica, tres agentes policiales, dos inspectores y personal de administración. Con este personal se pretende acabar con las doscientas cincuenta edificaciones ilegales identificadas en el ayuntamiento linense.

En Ceuta, con un territorio de similares dimensiones que la Línea de la Concepción, el número de construcciones ilegales se eleva a seiscientas ochenta, con la diferencia que en nuestra ciudad aún carecemos de los medios necesarios para atajar esta preocupante situación. La deficiencia de medios no sólo se aprecia en el escaso personal que se dedica a la lucha contra las construcciones ilegales, sino también en el poco desarrollo de las herramientas jurídicas y en el retraso en las políticas de ordenación del territorio. Actualmente se está revisando el Plan General de Ordenación Urbana sin fecha definitiva de finalización, a pesar de que el vigente P.G.O.U tiene doce años de antigüedad y ha quedado claramente desfasado. Otros planes urbanísticos sí están aprobados, pero inexplicablemente no se está ejecutando como es el caso del Plan Especial del Príncipe Alfonso. Resulta sorprendente que en una barriada como el Príncipe Alfonso donde las construcciones ilegales son moneda común no cuente con una oficina técnica para la gestión y puesta en marcha del Plan Especial redactado con el fin de poner orden en una situación urbanística totalmente caótica.

Las consecuencias medioambientales de las construcciones ilegales son muy amplias y diversas: ocupación de zonas costeras de alto valor ecológico, aumento de los vertederos incontrolados relacionados con este tipo de construcciones, carencia de saneamientos, destrucción del arbolado y las zonas verdes, grave impacto paisajístico, incremento de los riesgos de inundaciones y riadas, etc?Todos estos factores medioambientales, junto a los problemas de índole socioeconómico que llevan aparejados las construcciones ilegales, requieren una respuesta decidida e inmediata del gobierno de la Ciudad Autónoma si no queremos poner en peligro la sostenibilidad de nuestro territorio.