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España suspende en Europa

Septem Nostra

A mediados del pasado mes de agosto se dio a conocer el quinto informe anual de la Comisión Europea sobre la aplicación del Derecho comunitario del medio ambiente. En dicho informe se denunciaba el incumplimiento de nuestro país de buena parte de las directivas comunitarias sobre el medioambiente, por lo que acumulaba un elevado número de amonestaciones de la Comisión y sentencias del Tribunal de Justicia de Luxemburgo.

Los incumplimientos de España de la legislación medioambiental europea afectan a asuntos tan delicados como la calidad del aire. Concretamente se alude a la no aplicación de la directiva sobre prevención de la contaminación del aire causada por tres incineradoras en La Palma. En la misma línea, la Comisión remitió un «dictamen motivado» al Gobierno por no comunicar qué sanciones se tomaban contra los infractores del reglamento sobre sustancias que dañan la capa de ozono.

En lo que se refiere al agua, el Tribunal de la UE impuso en 2003 una multa, por la mala calidad de las aguas de baño interiores españolas, de 624.150 euros al año, multiplicada por un coeficiente en función del porcentaje de zonas de baño que no cumplen la ley. También el tratamiento de aguas residuales es insatisfactorio: el Tribunal de Luxemburgo condenó en mayo de 2003 a nuestro país por no identificar las zonas sensibles. Además, la protección de la naturaleza observa también carencias. La Comisión denunció el año pasado a España ante el Tribunal por «su incapacidad para designar un número suficiente de áreas de protección especial», según prevé la directiva sobre aves. Otra denuncia cayó por el uso de «trampas no selectivas» para zorros por el riesgo que suponen para el lince ibérico. España fue sancionada igualmente por no incorporar en el plazo previsto la directiva sobre «contenido de organismos genéticamente modificados». Tampoco había incorporado hasta finales de 2003 la directiva «Seveso II» sobre prevención de accidentes con sustancias tóxicas, pese al recuerdo de la rotura de la balsa de Aznalcóllar.

En cuanto a los residuos, la Comisión asegura haber recibido «un número considerable de quejas, peticiones y preguntas sobre vertederos incontrolados o ilegales», por lo que se dirigió al Tribunal de la UE, que sentenció en junio de 2003 en contra del Estado.

Quedan por mencionar asuntos como el impacto de las obras públicas y privadas, donde las discusiones con la Comisión son frecuentes, ya que la UE no compromete sus fondos estructurales sin antes aprobar estos expedientes. Es el caso del Plan Hidrológico Nacional, sobre el que un informe interno de la Dirección General de Medio Ambiente filtrado a la prensa emitió un primer veredicto negativo.

Las emisiones de gases de efecto invernadero son otra pesadilla para España. El Protocolo de Kioto permite a nuestro país aumentar hasta 2012 un 15 por ciento los niveles de 1990, pero ya se supera el 30. El Gobierno comunicó el pasado 6 de julio el Plan Nacional de Asignación de Derechos de Emisión, que reparte el esfuerzo entre los transportes, las centrales energéticas y las grandes industrias, pero persisten las dudas sobre su eficacia.

Por último, la erosión de las costas afecta al 11,5 por ciento del litoral nacional, con un grado «elevado» de erosión en playas de Andalucía, Cataluña, la Comunidad Valenciana, Baleares y Cantabria.

Estaría bien conocer la opinión de la Comisión Europea sobre la situación medioambiental de Ceuta. ¿Qué actitud adoptaría la Unión Europea si alguien le informará sobre la nefasta gestión de los residuos sólidos urbanos, la proliferación de vertederos incontrolados, la situación de las aguas residuales, la caza furtiva de aves en la zona ZEPA, la ostensible degradación de los LIC (Lugares de Interés Comunitario), la emisiones de gases contaminantes de la central de Endesa, los continuos escapes de fuel en el puerto, la muerte indiscriminada de especies en peligro de extinción por la ampliación del puerto o la regeneración de playas, los desguaces ilegales de coches, las construcciones ilegales, la contaminación de los suelos, etc"". El catálogo de incumplimientos de la legislación medioambiental europea es tan amplio que podría suponer importantes sanciones económicas y un serio tirón de orejas. Nadie desea que esto suceda, pero tampoco podemos permitir que nuestra calidad de vida siga deteriorándose, mientras nuestros políticos andan entretenidos en dilapidar cientos de millones de euros en obras faraónicas. Más le vale a nuestras autoridades que tomen cartas en el asunto antes de que los ciudadanos nos veamos obligados a denunciar la situación medioambiental de Ceuta ante las autoridades europeas.