Pasados unos días tras las elecciones del domingo y de su aluvión de valoraciones, mareo de cifras y alguna que otra dimisión, más bien precipitada, va llegando el momento de la reflexión pausada y sin los acaloramientos propios de la euforia o del desencanto.

Como casi siempre, llama la atención ver como los dos grandes partidos nacionales se consideran ganadores. No entiendo demasiado bien, debo ser muy torpe, de qué forma se pueden dar dos ganadores en la misma confrontación electoral. A lo mejor se hace echándole algo de cara al asunto. Incluso me atrevería a decir que, más que ganar los dos, han perdido los dos.

En lo que sí resultó ganador el Partido Popular fue en hacer caer al PSOE en la trampa del debate sobre el terrorismo. Los socialistas no han sabido obtener ventaja alguna de la marcha de la economía, claramente bonancible, y del progreso generalizado. Además cierta ambigüedad en su postura sobre el debate de cómo combatir el terrorismo les ha situado en franca desventaja.

Parece que la estrategia de la bronca constante ha dado buenos resultados a los populares. Habrá que buscarse buenas protecciones auditivas pues, conforme nos vayamos acercando a las elecciones generales, los decibelios van a aumentar hasta límites insospechados.

El convertir unas elecciones locales en un remedo de unas primarias ha favorecido sobremanera a los alcaldes y concejales bajo sospecha, incluso imputados, en asuntos de corrupción urbanística. El terrorismo, la amenaza de ruptura de España y demás zarandajas han ocultado de forma muy conveniente para algunos la porquería y el olor a podrido que emanaban sus ayuntamientos.

Pedro Torrejón, en su día alcalde de Ciempozuelos perteneciendo al PSOE, al que todos vimos detenido junto a otro exalcalde socialista bajo la acusación de repartirse sobornos a cambio de una recalificación, ha obtenido dos concejales con un nuevo partido en estas elecciones. Además puede que tenga la clave para formar el nuevo gobierno.

Carlos Fabra, presidente de la Diputación de Castellón y perteneciente al PP, tiene cuentas con la justicia por presunto fraude fiscal y posible comisión de delitos de tráfico de influencias y cohecho. A pesar de ello ha obtenido unos buenos resultados electorales que le permitirán seguir en el mismo cargo.

La lista podría hacerse interminable con los alcaldes socialistas de Albatera, Níjar, Estepona, Matalascañas, Sueca, etc. O con los alcaldes populares de Alicante, Andratx, Rota, Telde, Cartagena, Tres Cantos, etc. En el caso del PP y rebuscando en las hemerotecas aparecen muchísimos más casos.

El ciudadano con su voto no le ha pasado factura a quienes se lucran gracias al urbanismo y a la ordenación del territorio. La prevaricación, el cohecho, el tráfico de influencias o la malversación de caudales públicos aparecen por doquier levantando moles de ladrillo y hormigón. En el caso del litoral mediterráneo el caso es ya sangrante e incluso se está atentando contra espacios naturales.

El poner en manos de los ediles la capacidad de decidir sobre el uso del suelo, su calificación y las licencias urbanísticas, ha significado el dotar a muchos corruptos de un potencial instrumento de enriquecimiento. Si las incompatibilidades para alcaldes y concejales no se regulan de forma efectiva esto va a ser, si ya no lo es, jauja.