Los papeles que las autoridades franquistas incautaron, tras la entrada de sus tropas en Barcelona en enero de 1.939, ya están de nuevo en Cataluña. Su periplo para volver al sitio de donde nunca debieron salir ha sido tan azaroso que casi adquiere tintes de ridículo.

El alcalde de Salamanca, días antes de la fecha marcada por el Ministerio de Cultura para trasladar los papeles, anunciaba de forma vehemente, puede que hasta bravucona, que se iba a oponer de forma rotunda a la salida de los documentos. Aquello me sonó a algo parecido a una amenaza. Por su tono y determinación me lo imaginaba al frente de sus fuerzas, que afortunadamente sólo podrían ser sus policías locales, resistiéndose a quienes pretendieran sacar de allí un solo papel.

La cosa no fue para tanto. Dicha resistencia se limitó a impedir que los furgones del Ministerio aparcasen en la misma puerta del Archivo. Lo único que consiguió fue obligar a los funcionarios ministeriales a tener que trasladar las cajas unos cuantos metros hasta la parte trasera del edificio donde esperaban los vehículos. Nada más.

Era el desenlace más lógico y así se desarrolló. Una vez que el Congreso de los Diputados decidió, por medio de una ley, el traslado de los papeles, resultó ser totalmente inútil, como finalmente ocurrió, el hacer discursos incendiarios, soltar bravuconadas o intentar algún que otro chantaje político. En este país y gracias a Dios, aunque haya quien se resista a aceptarlo, las decisiones de nuestro Parlamento tienen que ser respetadas. Además fundaciones como la Francisco Franco o la Serrano Súñer los habían reclamado y los tenían en sus archivos, incluso la Ministra de Cultura aseguró que don Manuel Fraga se había llevado a Galicia los papeles alusivos a su comunidad.

Habrá que insistirle a los obcecados de siempre que lo que había en Salamanca no era un archivo general de la Guerra Civil. En esta ciudad se guardaban documentos de partidos políticos, sindicatos, ayuntamientos e incluso de personas particulares que las tropas franquistas iban requisando conforme ocupaban los territorios bajo el control de la República. No sólo papeles de Cataluña sino de otras zonas de España.

Toda esta documentación, que se enviaba a Salamanca porque era la ciudad elegida por Franco como cuartel general, tenía un fin principal que no era precisamente ni de tipo histórico ni de tipo documental. Su fin era otro y bastante más tétrico. Estos documentos fueron la base para los procesos de la represión llevada a cabo por el franquismo tras el final de la Guerra Civil. La funesta y contundente palabra ‘represión’ no la he escogido por azar. En aquellos tristes años estaba en su pleno apogeo el Tribunal para la Represión de la Masonería y el Comunismo.

Tribunal de infausto recuerdo para tantas y tantas familias cuyos seres queridos habían cometido el ‘horrendo crimen’ de ser simples ciudadanos afiliados a partidos o sindicatos afines a la República y que eran masones, comunistas o simplemente de izquierdas.

Este bochornoso numerito de los papeles de aquí para allá parece demostrar que muchos siguen emperrados en mantener vivo el espíritu de aquella tragedia colectiva de tan escalofriante recuerdo.