No creo que nadie debiera llamarse a escándalo si se califica como pronunciamiento a las palabras dichas por el general Mena Aguado, el pasado 6 de enero, en la celebración de la Pascua Militar. El diccionario de la Real Academia Española de la Lengua define como pronunciamiento al ‘manifiesto público a favor o en contra de alguna cosa’ y sus palabras, además de públicas, se dice que iban a favor de una cosa, y ésta se llama Constitución Española. Nada más y nada menos.

Claro que también en dicho diccionario la misma palabra viene definida como ‘rebelión militar para derrocar un gobierno’. Evidentemente no es éste el caso, pero la dichosa palabrita nos trae a la memoria nombres algo lejanos como los de los generales Espartero y O’Donnell, no tan lejanos como el del general Franco, y algo más recientes como los del teniente coronel Tejero o el general Milán del Bosch.

El revuelo organizado en torno a las palabras del general Mena ha sido enorme. No sé si su intención era esa o no. El caso es que aquellos que veían que sus posicionamientos en contra del Estatuto de Cataluña perdían algo de fuelle, han conseguido reavivar, y de qué manera, el rescoldo. Han surgido por doquier, en los medios dedicados a la campaña diaria de crispación y desestabilización, las adhesiones y cartas al director bajo significativos epígrafes como ‘mi querido general’, ‘gracias mi general’ etc. Los acólitos radiofónicos que nos amedrentan a diario han vociferado con todo brío y no podían faltar los ‘ultras’ que se sirven de los campos de fútbol, en este caso los del fondo norte del Vicente Calderón, para hacer gala de su fanatismo que también han dado las gracias al general por medio de una pancarta.

Son sobradamente conocidas las muchas concesiones que se tuvieron que hacer para poder sacar adelante el texto de la Constitución de 1978. El artículo 8º es buena prueba de ello. Su redacción deja ventanas abiertas a todo aquel que desee erigirse en salvador de la Patria. En este artículo se encomienda a las Fuerzas Armadas el garantizar la soberanía e independencia de España, defender su integridad territorial y el ordenamiento constitucional. Se entiende, si es que se quiere entender, que esta defensa es frente a las amenazas que pudieran venir de un enemigo exterior y no para que haya un enfrentamiento dentro de las fronteras de nuestro país.

Además si pudiera producirse alguna alteración del ordenamiento constitucional, tendrían que ser el Parlamento y el Tribunal encargado de preservar nuestra Constitución quienes decidiesen si ha sido así o no. Posteriormente el Presidente del Gobierno junto al Jefe del Estado serían quienes tendrían que tomar las decisiones más adecuadas. Evidentemente, las Fuerzas Armadas no.

A pesar de tanta algarada quiero pensar que el llamado ‘ruido de sables’ ha dejado de sonar en los cuarteles españoles y no precisamente porque éstos estén cada vez más vacíos. La voluntad de un pueblo soberano no puede ser anulada, no se pueden suplantar ni el poder político de un gobierno ni el poder legislativo de un parlamento. No se puede admitir que, con el falaz argumento de defender lo que dice su letra, se pretenda acabar con una Constitución que ha servido como un marco perfecto para la convivencia entre todos los españoles.