Ayer se cumplieron 25 años, 25 años del lunes 24 de enero de 1977, aciago día en el que dos pistoleros de la extrema derecha asesinaron al conserje y a cuatro abogados laboralistas que trabajaban en un despacho de la madrileña calle de Atocha, 55.

Enrique Valdevira, Ángel Rodríguez, Javier Benavides, Serafín Holgado y Francisco Javier Sauqillo, cinco nombres en la parte negra de la transición a la democracia. En aquellos principios de 1977 muchos vivían a caballo entre la legalidad y la transigencia, a la espera del primer proceso de elecciones democráticas. Otros, quizás también muchos, se aferraban al odio, a la intransigencia, a la intolerancia, al fanatismo. De entre estos otros, tres, se dirigieron al despacho de abogados para, a su medida, dar un escarmiento o quizás tener la vana pretensión de que no se llevara a cabo la transición a la democracia. Eran Fernando Lerdo de Tejada (que vigiló la puerta) y los autores de los disparos Carlos García Juliá, militante de Fuerza Nueva y José Fernández Cerrá. Tres nombres también para la historia, para la historia más negra y más vergonzosa de los inicios de la actual democracia.

De estos tres hombres no queda ninguno en prisión. Estos desalmados tuvieron en su proceso todas la garantías que marca la ley. Uno de ellos ni siquiera fue juzgado pues, aprovechando un permiso, huyó de España. Otro que, curiosamente, ha redimido parte de su condena realizando la carrera de Derecho en prisión, se encuentra libre en nuestro país. El tercero sigue su tortuoso camino y se encuentra en una prisión de Bolivia, país al que se fugó, con una condena por tráfico de drogas.

No todos los que estaban en el despacho aquel trágico lunes murieron. A uno de ellos, Alejandro Ruiz-Huerta, le salvó la vida un simple bolígrafo que desvío la trayectoria de una de las balas asesinas. Cuando rememora estos años dice que nunca perdimos el miedo de aquel día. Por eso han sido 25 años de miedo. Incluso al día siguiente tuvo que intervenir la policía porque un grupo de ultras intentó entrar en el hospital para acabar con la vida de los sobrevivientes. Su sufrimiento se prolongó durante el juicio. Con las primeras elecciones democráticas ya celebradas, tuvieron que soportar como el líder de los Guerrilleros de Cristo Rey se paseaba por allí sin impedimento alguno. Hasta cuando se dio lectura a la sentencia hubo que desalojar la sala porque, brazo en alto, entonaban el Cara al Sol y provocaban con sus gritos.

Es terrible como hasta a los propios sobrevivientes les cuesta recordar estos hechos. Parece que ahí quedó para muchos una extraña sensación de incomodidad, como si las víctimas fueran los culpables y sus asesinos unos héroes. El Gobierno no tuvo, ni siquiera, la dignidad para dar el pésame a los familiares de los asesinados. Como si se quisiese colocar una losa de silencio sobre su memoria. Como si la opresión de tantos años se mantuviese todavía omnipresente.

Han pasado ya 25 años de esta tragedia y hay que recordarla en su justa medida. Multitud de veces se ha dicho la condena que recae sobre los pueblos ignorantes de su historia. La memoria de estos abogados laboralistas y del conserje asesinados se debe mantener como una figura en contra del odio, del fanatismo, de la intransigencia.

Su recuerdo no debe tener final. Tampoco debe quedar espacio para que se mantenga la semilla de la venganza en los corazones de los que sufrieron aquel crimen. Pero que sí quede para siempre el ejemplo de su memoria.