Manuel Calleja Salado, Sevilla, 1974, licenciado en Derecho y en Filosofía por la Universidad de Sevilla, es profesor en el IES Luis de Camoens de nuestra ciudad. Así mismo, es miembro del Consejo Sindical de CC.OO. de Ceuta, consejero del CES de la Ciudad Autónoma y militante del PSOE ceutí.
Como autor, ha desarrollado temas relacionados con el Derecho Constitucional y el pensamiento contemporáneo en diversas publicaciones especializadas. Desde noviembre de 2006, cuenta con una columna semanal titulada "Asimetrías Urbanas" en el diario El Faro de Ceuta. |
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Asimetrías Urbanas
Ceuta, 6 de octubre de 2010
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Juan Vivas recorta las pensiones
Manuel Calleja
Ayer la prensa local publicaba que los trabajadores municipales, a través de los representantes sindicales de CCOO, han denunciado ante la Inspección de Trabajo y ante la Tesorería General de la Seguridad Social que el Gobierno de Juan Vivas ha reducido las bases de cotización de los empleados municipales en la misma proporción en la que han reducido los salarios. La norma que ordenaba y habilitaba esta reducción, el Real Decreto-Ley 8/2010, excluía expresamente la reducción en las bases de cotización, de manera que se puede afirmar que esta reducción de las bases de cotización y del dinero que la Ciudad ingresa a la Seguridad Social por sus trabajadores es indebida. Esta bajada en las bases de cotización y en los ingresos en la Seguridad Social afecta directamente a los derechos de jubilación, y a otras prestaciones, que se calculan tomando como base estas cotizaciones. De esta forma el gobierno de Vivas está perjudicando lo que, en el futuro, los empleados municipales van a cobrar como pensión de jubilación. A la hora de escribir este artículo no se conoce la reacción de la Ciudad a esta denuncia de CCOO, por lo que no se pueden valorar sus palabras, pero en todo caso hay que observar que caben dos posibilidades: que esto sea un error o que sea intencional. Si es un error, éste es de tal tamaño, importancia y trascendencia que hay que depurar responsabilidades en quien corresponde, que no es otro que el consejero Paco Márquez, que debería dimitir o ser cesado, y de camino renunciar al acta en el Congreso de los Diputados que parece que le está esperando. Aún siendo un error la situación se agrava porque no ha sido advertida por nadie hasta que los sindicatos han llevado la reducción a las autoridades laborales y sociales. Si la reducción se ha hecho a sabiendas de que no era conforme al Real Decreto-Ley entraríamos en otro terreno y correspondería a los juzgados del orden jurisdiccional penal decidir sobre lo que ha sucedido. La situación en la administración de la Ciudad Autónoma ha pasado ser patética a dantesca. Las arcas casi vacías y el poco dinero que se puede extraer de ellas se dedica a comprar cuadros en galerías de alto nivel de Madrid, que parece que es la verdadera prioridad de Juan Vivas. Más allá de la responsabilidad política de Paco Márquez como encargado directo de los recursos humanos, es preciso señalar que el verdadero y más completo responsable del edificio en ruina que es nuestra administración autonómica no es otro que el Presidente Juan Jesús Vivas Lara, que ni rectifica, ni reforma, ni dirige. Emplea sus horas en hacer populismo de la estofa más baja perjudicando incluso las pensiones de jubilación de los empleados municipales.
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