El desprecio por la legalidad, cuya más alta manifestación son la corrupción y el abuso de poder, tienen unas consecuencias morales y legales que se encuentran en el general conocimiento, por más que muchas veces la percepción y la reacción social denote, al menos, tibieza.

Pocas veces se habla de las consecuencias que la ilegalidad y la corrupción tienen sobre la economía y de sus devastadores efectos sobre ésta. No se habla quizá para no materializar la idea de que con las trampas, la "vista gorda" o directamente con las contravenciones de la legalidad perdemos todos, independientemente si se mete o se mete la mano en la caja de una forma directa.

La economía crece si hay inversiones. Para que haya inversiones es necesario que quien esté dispuesto a gastar su dinero encuentre un marco normativo y gubernamental al menos igual para todos y seguro. La igualdad y la seguridad garantizan el mantenimiento de ciertas reglas iguales para todos.

La ruptura de la igualdad y la seguridad implican un aumento de los costes de inversión o de los del mero mantenimiento en el mercado. El aumento de los costes de inversión implica dificultades para su realización o el cambio de las circunstancias lo que realmente incentiva es la desaparición del negocio por extinción del beneficio.

Esto como se mejor se ve es con un ejemplo. Si alguien quiere gastar un dinero para abrir una empresa en determinado sitio, pero para ello, además de los gastos normales en la instalación tiene que pagar "comisiones" a diversas autoridades, ha de contratar con determinadas empresas a pesar de que sus precios son los peores y, además, debe conformarse con diversas adversidades que suben sus costes, lo lógico será que desista de su pretensión y abra la empresa donde sí haya igualdad y seguridad.

Si a pesar de todo se establece la empresa, ésta buscará como contraprestación a sus muchos gastos la eliminación de la competencia. Eliminada la posibilidad de competir la empresa intentará aumentar los beneficios perdidos en los costes previos por varias vías: recortando los sueldos a sus trabajadores, el número de estos y sus condiciones laborales para acabar aumentando el precio de sus productos o servicios ya que se han garantizado un régimen de monopolio.

Los que pagan son los trabajadores y los usuarios. Los beneficios son para unos pocos. Los trabajadores deberán echar más horas, por menos dinero y en peores condiciones y sin tener siquiera la posibilidad de moverse a otra empresa del mismo sector económico. Los usuarios, atrapados por esa empresa al ser la única que ofrece ese producto o servicio, tienen que pasar por el sobreprecio si quieren disfrutarlo. Si el servicio o producto es esencial, pierden incluso la posibilidad de decir que no.

Si la empresa, por los costes añadidos, no se instala, toda la sociedad pierde el potencial de creación de riqueza que ésta y otras muchas tienen en términos de puestos de trabajo, tributos y circulación de dinero. Si se instala en un régimen de monopolio "de facto" también pierde toda la sociedad, porque pagará más por lo mismo o por algo peor.