Algún día alguien con ganas y paciencia debería hacer un estudio sobre "la indolencia de la sociedad ceutí", empleando la expresión de Juan Luis Aróstegui. La pasada semana la sociedad municipal OBIMACE fue embargada por no abonar una deuda de 400.000 euros a un contratista y no ha pasado absolutamente nada. La intrascendencia que el gobierno ha querido aparentar, ha sido un éxito y la mayoría de los ciudadanos ni se han enterado.

La diputada socialista Inmaculada Ramírez, en numerosos Plenos de la Asamblea, ha denunciado sin lugar a dudas que la Ciudad no pagaba a sus contratistas, los cuales tienen que acudir constantemente a la vía judicial. La consecuencia es que los ceutíes no solamente tenemos que pagar el principal de la deuda, sino los intereses de demora, las costas del proceso judicial y los intereses por no cumplir en muchas ocasiones la sentencia judicial.

Francisco Márquez, el inefable consejero de Hacienda, acusó a Ramírez de no tener ni idea, pero el tiempo ha dejado claro que es el consejero, y no la diputada socialista, quien no tiene ni idea, o bien miente cada vez que habla. Los contratos no pagados se acumulan en los estantes de la Ciudad y si Márquez no lo sabe, debería dimitir y dedicarse a las otras muchas cosas que sabe hacer competentemente.

Sé que todo lo que tiene que ver con números es árido, pero el endeudamiento de la Ciudad es todo un problema que, como la fractura social, todo el mundo sabe que existe, pero que se prefiere ignorar para apenarse cuando explote. El endeudamiento no es del gobierno, sino de la Ciudad. La Ciudad pervive al gobierno de turno y la deuda permanece.

Juan Vivas ha dicho que este embargo es solamente una cuestión contable. El Presidente tiene toda la razón, es una cuestión contable, porque la contabilidad tiene que reflejar la realidad económica y patrimonial de las sociedades y esta sociedad no tiene dinero para pagar.

La solución que ha dado el presunto buen gestor, Juan Vivas, ha sido que la deuda va a ser avalada por la Ciudad a cuenta de los beneficios obtenidos por OBIMACE en el pasado ejercicio. Esto merece dos observaciones.

La primera es que los avales aumentan la carga financiera del consolidado de la Ciudad (Administración y empresas municipales). La segunda es que los beneficios que sirven de aval no contabilizaban esa deuda y por tanto deberían ser aminorados, junto con todas las deudas que tarde o temprano saldrán nuevamente de los juzgados. El hecho de que no se incluyan en los balances las deudas reclamadas y pendientes de resolución judicial puede crear la apariencia de unos beneficios que no existirían, hipotéticamente, si las deudas hubieran sido reconocidas.

Juan Vivas y Márquez no gestionan bien, todo lo contrario, su gestión es un desastre. La Ciudad acumula deudas y contratos impagados; hay muchas empresas que tienen problemas porque la Ciudad no les paga lo que les corresponde y están ellas y sus trabajadores en peligro. Vivas y Márquez son el paradigma de una época, una época que ha llevado este país a la crisis y que destrozará por décadas las arcas de Ceuta.