Desde la celebración de las últimas elecciones generales las formaciones políticas minoritarias de ámbito nacional han clamado al cielo no por sus pobres resultados electorales, sino por las reglas de atribución de escaños contenidas en la Constitución y en la legislación electoral. Dos formaciones, que en muchos países de la Unión Europea, no conseguirían representación parlamentaria, cuestionan el sistema electoral. De paso, un grupo de trabajo de la Universidad de Granada también aprovechó para presentar su propuesta de reforma electoral.

Lo primero que hay que decir es que hay límites legales y límites constitucionales. Para franquear los límites legales una reforma de la Ley Orgánica de Régimen Electoral General basta, pero cuando se traspasan los límites constitucionales hay que hacerlo mediante una reforma constitucional.

Nuestro sistema electoral ha permanecido inalterado desde las primeras elecciones democráticas. Este sistema fue creado por la UCD siguiendo dos criterios. El primero era facilitar la gobernabilidad y por tanto evitar la fragmentación del arco parlamentario; el segundo era facilitar a la UCD ganar las elecciones, ya que premia en la representación a provincias poco pobladas (ejemplo arquetípico de Soria) y de base social eminentemente conservadora.

Esta tendencia partidista con la que se diseñó el sistema electoral no ha sido obstáculo para que haya habido tres cambios de partido en el gobierno desde entonces, con la suerte de que no se hayan dado el efecto perverso del sistema, como es que el partido más votado no sea el que tenga más escaños en el Congreso, aunque alguna vez se ha estado muy cerca.

Se achaca al sistema que favorece a los nacionalistas. No es cierto, ya que si alguien se molesta en comprobar los porcentajes de votos y los porcentajes de escaños obtenidos por los nacionalistas la cifra es muy similar. El sistema favorece a los ganadores en las circunscripciones, especialmente en las grandes, que son las únicas en las que la proporcionalidad realmente funciona.

Cualquier sistema electoral tiene aunar al menos tres elementos correlacionados, de forma que si uno se hace más extenso es a costa de los otros. La proporcionalidad puede ser considerada a nivel de las circunscripciones (como hace actualmente la Constitución) o a nivel nacional, pero cuanta mayor sea la proporcionalidad nacional, menor será la importancia que se le dé a los territorios como sujetos de representación política.

Dependiendo de cómo sea la territorialidad y de cómo sea la proporcionalidad ayudarán o no a la gobernabilidad. La estabilidad de los sistemas políticos y que los gobiernos se puedan formar y mantener con relativa facilidad funciona como correctivo a estos dos criterios, dependiendo de la conformación de su arco político.

Los partidos minoritarios o muy minoritarios deberían plantearse conseguir más votos, pues se ha visto que con votos se consiguen escaños incluso para terceras y cuartas formaciones políticas, como fueron el CDS de Adolfo Suárez o la IU de Julio Anguita. Quejarse permanentemente del sistema, que tiene más de treinta años y que ha dado gobiernos de todos los colores, no expresa otra cosa que la incapacidad sentida de aumentar su base electoral.