Este final del mes de agosto se ha centrado en la polémica sobre determinadas cuestiones laborales que los representantes electos de los trabajadores municipales han planteado a las autoridades de la Ciudad.

Este tipo de cuestiones, conflictos y reivindicaciones se plantean con normalidad y se revuelven en la Administración del Estado, más acostumbrada a la disidencia y a dejar que los representantes sindicales ejerzan las funciones que la normativa y los trabajadores públicos les han encomendado.

En cambio, en la Administración de nuestra Ciudad Autónoma lo que es más elemental ejercicio del sindicalismo es tomado como una afrenta contra el gobierno. La señora Bel debería aclarar a qué presiones se está refiriendo cuando dice que ellos no van a admitir presiones. Porque debería saber que hay presiones legítimas y presiones ilegítimas, presiones que se encuentran dentro de la convivencia social y de la legalidad y otras que no. Los sindicatos, dentro de su acción en defensa de los intereses de los trabajadores, presionan y deben presionar con las armas legales a los empleadores, sean públicos o privados, para conseguir la mejora de las condiciones, así como el cumplimiento de lo acordado previamente.

Si cualquiera, sea sindicato o particular, viola las normas reguladoras de la convivencia y del conflicto, el foro para denunciarlo no es solamente la rueda de prensa de los viernes, sino que convendría que la señora Bel y los suyos fueran a los juzgados a presentar la oportuna denuncia.

Parece que de lo anterior no hay nada, es decir, de presiones ilegales. ¿De qué se queja la portavoz del gobierno? Pues de que no le canten las alabanzas, de que unos representantes sindicales les critiquen a ellos y a sus compañeros de gobierno, de que se les exija que cumplan lo que acordaron y anunciaron con todo el estruendo que pudieron.

La señora Bel y la mayoría de los miembros del gobierno de Juan Vivas no han alcanzado normalmente sus puestos en virtud de una dilatada experiencia política dentro de su formación, curtiéndose en batallas mayores y menores, o al menos siguiendo criterios meritocráticos de capacitación intelectual.

Es un gobierno de amigotes y de niños de coro que no está acostumbrado a recibir la menor crítica, a afrontar una dificultad sin echarle la culpa a otro o a comportarse sencillamente como personas adultas que tienen que defender lo que ellos creen correcto teniendo delante a otras personas que pueden y deben hacer lo mismo con la misma determinación y en lo que la doctrina laboral alemana llamada “paridad de armas”.

Al menos a la señora Bel se le ha de reconocer el mérito de salir y exponer los despropósitos habituales que un día podríamos compendiar en una edición antológica del disparate político y todo ello con una sonrisa y sin inmutarse a pesar de ser consciente de la pobreza de sus argumentos (sí, supongamos que es consciente).

Lo que en absoluto no tiene ninguna explicación, ni inmanente ni trascendente, es la total ausencia del viceconsejero Díez en este asunto. No se si sabe qué ha hecho, si ha hecho algo, con quién ha hablado, con quién se ha reunido, qué tiene que decir en el hipotético caso de poseer opinión en un asunto que es de su competencia. Y es que el señor Díez ascendió en las filas populares después de que fuera el único de los miembros del PP ceutí en no temer hacerle frente a la Oficina de Prensa del PSOE a pesar de saberse derrotado de antemano.

Unas cuántas palabras en defensa del ahora Vicepresidente y unos cuantos artículos partidistas durante la campaña electoral y se convierte en Viceconsejero, eso sí, un Viceconsejero que no ha sabido afrontar públicamente la crisis actual que mantiene el gobierno con sus trabajadores. Una cosa es ser escribano de cámara y otra es saber gestionar y hacer política de verdad.

¿Para qué queremos un Viceconsejero de Recursos Humanos si al primer problema que tiene desaparece? ¿Para qué le pagamos el sueldo? Su incapacidad ha conseguido un conflicto laboral en menos de tres meses en el cargo.