Unos pocos mentecatos se escandalizan por el hecho de que las Cortes Generales hayan aprobado una Ley que garantiza la igualdad efectiva entre los hombres y las mujeres. Creer que el contenido del artículo 14 de la Constitución es bastante como que la igualdad proclamada sea una igualdad verdadera demuestra una cosa: ignorancia.

Ignorancia de la Historia contemporánea, en la que encontramos sobradas muestras de que las proclamaciones constitucionales, sin ningún tipo de desarrollo legislativo ni de políticas públicas encaminadas al cumplimiento de estos derechos, hacen que los derechos proclamados caigan en el descrédito más profundo.

Ignorancia por creer en la capacidad omnipoderosa de un simple artículo constitucional. Quiénes dicen que el contenido del artículo 14 es suficiente, olvidan otros mandatos constitucionales (algo habitual entre estos nuevos defensores de la Constitución), como el contenido en el artículo 9.2, cuyo tenor literal dice:

“Corresponde a los poderes públicos promover las condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en que se integra sean reales y efectivas; remover los obstáculos que impidan o dificulten su plenitud y facilitar la participación de todos los ciudadanos en la vida política, económica, cultural y social.”

De esto trata la nuevas Ley aprobado por los representantes de los españoles: de promover las condiciones de igualdad y de remover los obstáculos. Los que se sienten incómodos por la existencia de una norma legal que intenta garantizar a las mujeres un lugar importante en la sociedad, es porque se sentían cómodos con la inexistencia de restricciones, porque este vacío garantizaba la continuidad de una discriminación secular contra las mujeres.

Habrá quién diga que gracia al sistema establecido por la Ley nos encontraremos con mujeres sin preparación ocupando determinados cargos por el simple hecho de ser mujeres, mientras que hombres muy preparados no tendrán hueco. Este argumento presupone que no hay un número suficiente de mujeres capacitadas y, por el contrario, hay un superávit de hombres cualificados.

En el peor de los casos algunos de los muchos varones verdaderamente incapaces, sin formación ni la menor inteligencia, que padecemos, perderían su puesto para dejarlo a una mujer normal. Esta circunstancia, la peor imaginable, ya supone una victoria tanto de la igualdad como de la eficacia de las administraciones públicas.

Es verdaderamente increíble que se defienda a varones sin valor alguno por miedo a que las mujeres puedan acceder a los centros de decisión política, económica, administrativa o social. La Ley da una oportunidad para que las mujeres participen en el proceso social en todas sus facetas y niveles, para que la mayoría de nuestros ciudadanos no sólo tenga algo que decir, sino que también puedan hacer que España sea un país mejor y más decente.