Algo ha tenido que ver el Ministerio Fiscal para no archivar la denuncia del PSOE por el caso Piniers y poner estos hechos en conocimiento de la Justicia. Como reconoce el fiscal coordinador de Ceuta el caso es de una extraordinaria complejidad, por lo que se impone explicar sucintamente de qué se trata, ya que el gobierno no ha acertado a explicarlo, a pesar de las largas páginas de su nota de prensa.

La Ciudad decidió elaborar un Plan Urbanístico Especial con el objeto de establecer un vertedero y una planta de tratamiento de residuos inertes en el “Barranco Piniers”. Los trámites de elaboración de ese Plan Especial siguieron normalmente, llegándose incluso a la aprobación inicial, concluyéndose de esta forma la primera fase y recayendo algunas consecuencias jurídicas. Tan bien marchaba la elaboración que la Ciudad envió al Ministerio de Fomento la solicitud de dictamen para proceder a la aprobación provisional y concluir la segunda fase. El Ministerio de Fomento invitó a la Ciudad a leerse el BOE, ya que la norma que les obligaba a recabar el citado dictamen llevaba algunos años derogada.

Según los denunciantes, aquí empieza lo que motiva su decisión de denunciar estos hechos: durante catorce meses, y pese a que ya podían aprobar provisionalmente el Plan Especial, la elaboración se detuvo sin ninguna causa que lo justificara. Siguiendo el tenor de la denuncia, no se introduce ni un solo documento en catorce meses.

Tras ese largo periodo, la Ciudad súbitamente comienza un proceso de revocación al tener noticia de que en el registro de la Ciudad ha sido presentado un proyecto para realizar ese vertedero y la planta de tratamiento por una empresa privada. Lo que desató las sospechas de los denunciantes fue que la empresa solicitante había sido constituida durante el periodo de inactividad de la Ciudad y se había hecho con terrenos susceptibles de ser expropiados.

Lo que estaba parado, se aceleró súbitamente y el Plan fue revocado con gran celeridad, sin haber valorado el proyecto de la empresa privada y, según los denunciantes, sin que ninguna de la causas de motivación tuvieran respaldo en el expediente. Según consta en la denuncia, tal fue la velocidad que se comenzó la tramitación de la licencia a la empresa privada antes incluso de la revocación de actuación urbanística. También les llamó la atención de que el ingeniero que firmaba el proyecto no tuviera prácticamente ninguna experiencia profesional (para un proyecto presupuestado en cien millones de pesetas) y que, como manifestaron al fiscal, buena parte del proyecto de la empresa estuviera copiado tanto del Plan Especial de la Ciudad como del Anteproyecto de PROCESA.

Como indica la normativa, era al Presidente de la Ciudad a quién le correspondía y fue él, funcionario de gran experiencia, la persona que dictó la revocación del Plan Especial.

Ahora el Ministerio Fiscal lleva el caso ante la Justicia. Evidentemente, si el fiscal hubiera pensado que la denuncia presentada en su momento no tenía fundamento alguno, hubiera archivado las diligencias informativas, como el Estatuto del Ministerio Fiscal le obliga. Pero no lo ha hecho así, sino que ha enviado la denuncia a la Justicia. Algunos hablan de que Juan Vivas ha sido exculpado sin saber que el Ministerio Fiscal no juzga, pero desde luego lo que deberían saber es que este caso pivota en una competencia exclusiva de Juan Vivas. Es esto lo que ha sido puesta en conocimiento de los tribunales. La Justicia tiene la palabra.