No se si es el hazmereir, el hazmellorar o ambas cosas a la vez. Hay que ser muy lelo -y más cuando afecta a los servicios jurídicos del Gobierno Autónomo ceutí- para pecar de dejadez administrativa a la hora de ejecutar lo que obliga una sentencia y demostrar cierta ineptitud porque encima se pierde dinero.

Que la Ciudad se gaste 1000 euros en costas judiciales, que le sobrecueste cuatro veces más del valor inicial de un desperfecto en una rueda de coche cuya indemnización fue fijada en 250 euros, resulta insólito pero más propio de repúblicas bananeras que de un ejecutivo autonómico de nuestro Estado de Derecho.

La sentencia obliga a la Ciudad a pagar a la afectada denunciante dicho desperfecto por culpa de una tapa de alcantarilla en mal estado. El pago sufre un exagerado retraso superior a un año y medio y sólo se les ocurrió a los abogados del gobierno ceutí la brillante idea de recurrir por lo contencioso-administrativo -por unos míseros 250 euros- y la broma les ha salido cara con esos elevadísimos costes judiciales.

Yo, si fuera letrado autonómico, recurriría si estuviera muy seguro de ganar o sobre todo si el valor económico en litigio fuera suficientemente cuantioso de manera que los costes judiciales no excederían la deuda.

Un despilfarro y una actitud que demuestra escasa mentalidad ahorrativa. Se suben los sueldos desorbitadamente, derrochan en costas judiciales por una mínima sanción y contradicen la promesa electoral de austeridad. Y luego piden credibilidad y confianza al pueblo.

Es como si para poder encontrar una moneda de un euro en un rincón oscuro del suelo haya que encender un billete de 50 euros para alumbrar la búsqueda. De género idiota, digo yo.

Pero lo más inaudito y sorprendente de todo este caso es que a la afectada no se le ha abonado la indemnización porque a la Ciudad o gobierno autónomo se le ha 'olvidado' pedirle a la beneficiaria el número de cuenta bancaria para hacerle el ingreso de sus 250 euros. Si fuera al revés, el ejecutivo ceutí habría actuado con suma rapidez para cobrar, como sucede a la hora de recaudar impuestos. No es justo. No existe reciprocidad. Si al ciudadano se le exige y se le reclama celeridad, igualmente la administración autónoma ha de corresponder actuando con los mismos términos: efectividad y ligereza. Aunque de ésta han ido sobrados los servicios jurídicos. Vaya ligereza de cascos.

Reír o llorar entre 250 y 1000 euros, he ahi la cuestión.