El Pleno de la Asamblea acordó, con el voto de todos los partidos que lo integran, desentenderse del problema del paro y mofarse de sus víctimas. Sólo así se puede interpretar la aprobación de una moción cuya razón de ser es, teóricamente, "incentivar el mantenimiento y la creación de empleo"; y que no contiene ni una sola medida concreta debidamente cuantificada. Un documento económico que no incluye fechas ni cifras es una burla manifiesta. Ante las voces en la calle clamando por el empleo (no sólo las de los manifestantes), los partidos políticos  representados en la asamblea han respondido con una improvisada recopilación de abstracciones, vaguedades y lugares comunes que provoca tanta indignación como vergüenza ajena. Una coraza de insensibilidad les impide sentir el sufrimiento ajeno.

Ya de por sí resulta extravagante que un texto de esta naturaleza (estratégico según su autodefinición) se tramite por la vía de urgencia. Sin reflexión ni debate previo. Tanto la génesis como el procedimiento utilizado infunden una profunda desazón. Se celebra el Pleno ordinario correspondiente al mes de febrero. Ante el temor de que la manifestación de parados pueda influir en su desarrollo, o que algún partido pretenda, lógicamente, debatir sobre el paro en el transcurso de la sesión plenaria, todos los grupos se inquietan. Mala conciencia. Cada uno rellena unas cuartillas con sus propias ocurrencias (por cierto, la relación del PSOE es una magnífica aportación al empeño de este partido en instituirse como un excelso paradigma de la estulticia). Tras un frenético cruce de llamadas telefónicas y algunos contactos aturrullados, acuerdan la elaboración de una propuesta amorfa que es la suma simple de todos los listados. Sin orden ni concierto. Una extraña mezcolanza cuya única finalidad es presentar ante la opinión pública la imagen de unanimidad que, en la práctica, equivale al apoyo al Gobierno de Juan Vivas. El consenso lo blinda ante cualquier exigencia de responsabilidad. Asunto despachado. Lo importante, como siempre, no son los hechos sino la propaganda. No habrá empleo para los parados, pero a cambio nos inundarán con sus repelentes fotos e inanes declaraciones.

La maniobra no es nueva. El año pasado ya hicieron una operación muy parecida para disimular su pasividad. El PP llevó al pleno treinta y cuatro elucubraciones (las mismas que ahora), el PSOE sumó diez, y aprobaron cuarenta y cuatro. También fue en febrero. Quizá el subconsciente les juega una mala pasada y lo hacen coincidir con el mes del carnaval. El único resultado práctico de aquello fue el incremento del paro en un veinte  por ciento en el último ejercicio. Por ello se antoja incomprensible la actitud de la oposición. No la del PSOE, devenido en irrelevante lazarillo del PP sin incidencia alguna en la vida pública; pero sí la de UDCE que ha dilapidado gratuitamente buena parte de su crédito entre los sectores menos favorecidos de la población, sin que haya explicado las razones que lo han inducido a tan incoherente comportamiento.

No se puede ser cómplice de un Gobierno que ha ofrecido infinidad de pruebas de su nulo compromiso con el empleo. El PP articula su discurso (falso) sobre el argumento de que su contribución al empleo está en la inversión pública. Y es verdad, pero lo que no dice es que están fomentando el empleo de Marruecos (a través de la mano de obra clandestina o irregular) y de Andalucía (a través de las subcontratas peninsulares), no el de Ceuta. Lo único cierto es que, como cualquier otra iniciativa política, el grado de compromiso con la lucha contra el paro se mide por los recursos económicos invertidos en ella. Y en este terreno, las cifras son concluyentes. En la moción aprobada la pasada semana, se habla de colaborar, mantener, definir, revisar, favorecer, apoyar, impulsar, solicitar, activar, reservar, fijar, evaluar, implantar, agilizar, renovar y asignar, entre otras cosas; pero de poner dinero, ni un euro. Palabrería hueca al más puro estilo Vivas. No es privativo de esta coyuntural coartada. Un repaso al Presupuesto de la Ciudad ratifica con rotundidad la deserción del Gobierno en esta materia. Un solo dato puede ser suficientemente elocuente. La inversión directa en empleo prevista para el año dos mil diez (forzada por la normativa europea), asciende a trescientos setenta mil euros; mientras que el séquito del Presidente Vivas, compuesto por dieciséis personas, cuesta a los contribuyentes la friolera de ochocientas cincuenta mil euros anuales. Sin más comentario.