La gestión del centro de menores de Punta Blanca es un perfecto desastre. Tal acumulación de despropósitos sólo es posible aunando el más absoluto desprecio a los jóvenes allí internados, una inaudita falta de respeto a los empleados públicos, y una dramática carencia de sensibilidad social. En un lugar muy apartado, lejos del alcance de los focos mediáticos que tanto excitan a nuestros gobernantes, una raquítica plantilla de trabajadores sufre hasta la depresión para intentar atender con dignidad a muchachos de perfil psicológico muy complicado, que demandan un tratamiento integral orientado a su reeducación, para el que no existen recursos suficiemtes. Aquel centro es un obsceno homenaje a la precariedad. La escasez de personal es pavorosa. El inventario de penurias sobrecogedor. Hasta los vigilantes de seguridad de una empresa privada han tenido que realizar, ilegalmente, tareas reservadas a los funcionarios. No es una situación sobrevenida. Ni desconocida. Pero a nadie (ni siquiera al juez de menores) parece importarle en exceso.

El Gobierno se mantiene impertérrito, soberbio y altivo ante las insistentes reclamaciones sindicales. Prometieron un aumento urgente de plantilla. Como siempre, era mentira. Escudan su desidia y desvergüenza en argumentos de orden legal. No es creíble. Una dilatada e inapelable experiencia muestra que la única ley que impera en el Ayuntamiento es la voluntad del sumo hacedor (el que paga). Los órganos concebidos originariamente para fiscalizar las decisiones políticas, han devenido en cínicos equipos de arreglistas de doble moral, que activan todas suerte de ingenio y habilidad interpretativa para dotar de legalidad a los intereses presidenciales (por ilegales que éstos fueran); mientras que actúan con desmedida severidad y exagerado rigor cuando se trata de proporcionar una coartada técnica al Presidente para que salga indemne de tesituras comprometidas.  Sólo así se pueden entender las flagrantes contradicciones que se están produciendo. La plantilla de Punta Blanca no se puede ampliar, según dicen, porque existen disposiciones legales que lo impiden. Sin embargo, no hace muchas fechas, cuando quisieron enchufar a la Jefa de Gabinete consorte, se reconvirtió ¡el dinero del salario social! en fondos para retribuciones del personal, una cartita al INEM y... contrato conseguido (además, indefinido al estar hecho intencionadamente en fraude de ley). Todo en la más exquisita legalidad tal y como reflejan los informes obrantes en el expediente. No es fácil contender la indignación.

Hastiados por esta situación, dolidos por tanto engaño, y exasperados por tanta insensibilidad, los representantes sindicales de CCOO decidieron expresar su protesta ante el Gobierno con una concentración. Exhibieron, con orden y respeto, una pancarta en el salón de plenos abierto al público, exigiendo aumento de plantilla en el centro de Punta Blanca. Escasamente subversivo. En la cara del Presidente se dibujó el fastidio. Su rostro mohíno transmitía desasosiego. Quien se ha convertido en un consumado profesional de la fingida amabilidad y la falsa sonrisa, no soporta que le puedan afear su inmaculado espacio de felicidad. Se notó. Los políticos, funcionarios, periodistas y demás pelotas que integran la nauseabunda cohorte que rodea al Presidente, saltaron al unísono, como impulsados por un resorte, pugnando por hacer méritos en la represalia para ganarse el favor del ofendido dirigente. Movilizaron hasta la policía judicial para exigir responsabilidades a los que habían cometido el horrible delito de sacar una pancarta. Y se llevaron sus números de carné muy bien apuntaditos, en un portentoso ejemplo de eficacia policial. El ridículo se extiende imparablemente.

Los menores internados en Punta Blanca seguirán deficientemente atendidos y la plantilla estresada, mientras el Gobierno invierte el dinero público en alimentar a una estrafalaria cuadrilla de inútiles, cuya única función es babear al paso del Presidente para su mayor gloria.