La política es una actividad de alto riesgo para la salud psíquica de las personas mediocres. El permanente estímulo de la vanidad percutido por la relevancia social mal digerida, acompañado del secuestro anímico que provoca una promoción económica sobrevenida, y habitualmente inmerecida; terminan por desconfigurar el código ético de los sujetos que son incapaces de interpretar correctamente el intrascendente y efímero papel que desempeña un modesto concejal de pueblo. De este modo, hombres y mujeres que en su vida personal observan un comportamiento moral decente, se transforman desde el cargo público en seres insensibles alejados por completo de los principios morales más elementales. Es demasiado frecuente (y lamentable) ver cómo buenas personas obran como déspotas o despiadados por el mero hecho de ocupar una ínfima parcela de poder.  Conceptos etéreos, traicioneros y nunca inocentes, tales como la lealtad al líder o la disciplina de partido, van alterando imperceptiblemente la jerarquía de valores hasta que llega un momento en que el personaje se convierte en su propia caricatura. Cuando pierde su condición de concejal, y recupera su carácter original, contempla desde el arrepentimiento las calamidades que ha contribuido a generar. Pero ya no tienen remedio. La votación de los próximos presupuestos nos ofrece una oportunidad inmejorable de constatar este fenómeno.

En estos momentos se está desarrollando el debate sobre los Presupuestos Generales de la Ciudad. Es un debate estéril forzado por la obligación legal de renovarlos anualmente; pero sin valor político alguno, porque la estructura de gastos e ingresos es idéntica desde hace nueve años. Está todo dicho. A penas leves retoques circunstanciales para conservar una orientación fiel a la estrategia marcada por Vivas desde su acceso al poder. Ingentes sumas de dinero público invertidas en efectos estéticos y en sostener económicamente a personas, entidades y colectivos, para buscar afecciones electorales.  La eficacia de un presupuesto público se mide por su capacidad transformadora. Es útil cuando resuelve los problemas de la sociedad, y es malo cuando los perpetúa. El caso de Ceuta no admite discusión. Ninguno de los retos importantes de nuestra Ciudad encuentran un tratamiento adecuado en un documento presupuestario, que sobrevuela con indiferencia sobre la crisis económica, la fractura social, el fracaso escolar, la dificultad de acceso a la vivienda o el fuerte desequilibrio zonal en el ámbito de las infraestructuras y los servicios públicos. Es una auténtica pena tanto despilfarro. Pero, a pesar de ello, la postura de los concejales del PP es comprensible. Con esta errática forma de gestionar el gasto público consiguen unos resultados electorales espectaculares. La ciudadanía avala mayoritariamente sus criterios. En consecuencia, no advierten razones para un cambio. Aunque en el fondo de su conciencia sepan que no lo están haciendo bien, mientras los sigan votando, mantendrán el modelo. Es la versión política del aforismo "no quitar ni el polvo cuando la tienda funciona", que aplicaban los antiguos comerciantes.

Sin embargo, ya es más difícil entender, y asumir, decisiones de orden menor, que no afectan al conjunto del sistema, sino a cuestiones muy concretas que se pueden resolver con enorme sencillez, y que colisionan inevitablemente con la conciencia moral del individuo. Es el caso que nos ocupa.

En Ceuta existe un solo centro que atiende a las personas discapacitadas mayores de veintiún años. Estas personas constituyen, sin ningún género de dudas, el colectivo más débil y vulnerable de la sociedad. Y por ello merecen más ayuda y protección que ningún otro. No podemos considerarnos un pueblo digno si no somos capaces de volcar toda nuestra ternura, afecto y cariño sobre las personas discapacitadas. Nos necesitan de verdad. Y no podemos, sin pecado, fallarles haciéndolos invisibles.

En la actualidad, el centro que los acoge presenta carencias indecentes. Intolerables en el siglo veintiuno. No se puede aceptar, sin dolor, que estos ciudadanos vean frustrado su proceso educativo por un miserable puñado de euros. Están hacinados, insuficientemente atendidos y privados de actividades básicas para su formación por la escasez de personal. Los abnegados trabajadores que allí desempeñan su labor se multiplican y desesperan para hacer su trabajo en unas condiciones de precariedad sonrojantes. A todo esto puede poner fin el pleno de la asamblea con una simple votación que permita ampliar la escuálida plantilla. Son sólo doscientos cuarenta mil euros lo que se les pide.

¿Qué puede pasar por la cabeza de esos concejales cuando niegan tan insignificante ayuda? Son los mismos que aprueban, con su voto, multimillonarios gastos impúdicos que no es preciso enumerar porque son sobradamente conocidos (citaremos como ejemplo, por su similitud en la cantidad, el destinado a que unos cuantos monten a caballo). El remordimiento les debe corroer las entrañas.

En el grupo municipal del PP hay auténticos sinvergüenzas. Pero también hay (son mayoría) personas buenas y honradas. Me consta que muchos de ellos comparten íntegramente esta inquietud de apoyo incondicional a las personas discapacitadas. ¿Hasta que extremo se pueden retorcer y pervertir las convicciones? Impondrán su voluntad, como siempre, los desalmados. Que, además, nos explicarán con detalle y alardes tipográficos, mientras la ciudadanía aplaude bobalicona, que lo mejor para el interés general es, en lugar de invertir en la atención a los discapacitados, gastarnos el dinero de todos en fomentar la equitación entre una élite privilegiada. Esta Ciudad está gravemente enferma.