La corrupción entendida en sentido amplio como el quebrantamiento doloso de las normas cívicas y los principios éticos, con la intención de procurarse enriquecimiento personal, está incrustada en el ADN del pueblo español. El tramposo es admirado y envidiado, nunca repudiado. Desde los tiempos de la exaltación de la picaresca muy poco hemos avanzado. Acaso en los métodos. Ahora más refinados y eficientes. Nada más.

La podredumbre que contamina la vida pública de nuestro país no es más que un fiel reflejo de este fenómeno. No es verdad que los políticos sean especialmente corruptos, lo que ocurre es que la actividad política ofrece una gama de posibilidades de corrupción infinitamente superior a la que puede disfrutar un ciudadano en su vida ordinaria. Es una cuestión de oportunidad, no de condición.

Lo cierto es que toda la ciudadanía está plenamente convencida de que los partidos políticos se financian ilegalmente y que en el trasiego de fondos públicos existe un irremediable drenaje que genera fortunas personales inexplicables. Los controles previstos son meramente testimoniales porque en la práctica son muy fácilmente sorteables. El pago de una comisión es indetectable, salvo en los casos de traición. Esta situación perdura porque, en el fondo, al cuerpo social no le parece suficientemente importante. Algún ejemplo actual y muy conocido puede ser asaz ilustrativo. El presidente de una diputación española, corrupto hasta el tuétano, justifica su desmesurada riqueza diciendo que le ha tocado la lotería hasta en seis ocasiones. Todos le ríen la gracia. Y lo siguen votando. Sin ir más lejos, más doce mil ceutíes vitorearon a Jesús Gil y votaron a su partido, aún sabiendo que ejercía de delincuente habitual.

La perpetuación de la corrupción engrosa el inventario de frustraciones históricas. Cuando se instauró la democracia en España, se vislumbró una esperanza de cambio auspiciada por la legalización de los partidos democráticos. Nuevos valores. Nuevos conceptos. Pero la ilusión se marchitó casi antes de nacer. Se recuerda como punto de inflexión la expulsión de un concejal del PSOE por denunciar un caso de corrupción de su propio partido. Una rotunda declaración de principios en un solo acto. El PSOE también estaba dispuesto a participar de la fiesta. Las ansias de regeneración quedaron aplazadas indefinidamente. Aquel caso estaba relacionado con la adjuración del servicio de limpieza. Desde entonces este contrato se ha convertido en el paradigma por excelencia de la corrupción política. Es lógico. Se trata del contrato de más valor de cuantos suscribe un ayuntamiento y, por tanto, el que mejor hace fluir dinero público por bolsillos indebidos. Un dato ahorra explicaciones. El importe global del contrato del servicio de limpieza de Ceuta se eleva a veinticinco mil millones de pesetas. De ellos, entre cuatro y cinco mil, se pueden destinar a beneficios o comisiones.

Nuestra ciudad no ha sido una excepción en este asunto. Relataré un hecho real prescindiendo de fechas y nombres por obvias razones de seguridad jurídica. Se encontraba muy próximo el vencimiento del contrato de limpieza. Un concejal cita a representantes de los partidos que integraban la corporación municipal para decirles que un grupo empresarial, que optaba al contrato, ofrecía dinero a todos los partidos. La idea era que la adjudicación se aprobara en el pleno por unanimidad y sin ruido antes de las elecciones. La negativa de un partido arruinó la operación. Al salir de la reunión, uno de los participantes, se lamentaba: "Hemos hecho el imbécil, al final el contrato se lo llevará la misma empresa y el dinero otro". Fue exactamente así. Se celebraron elecciones. Se convocó el concurso, y ganó la empresa que tenía que ganar; como siempre, con todos los informes técnicos a favor (risas). La suculenta comisión inicialmente prevista para veinticinco se la llevó uno sólo. Fue feliz.

Posteriormente vivimos la estrafalaria renovación del contrato. Un partido experimentado especialista en la succión de dinero público, no podía renunciar a meter la cuchara en el plato más apetitoso; así que aunque el contrato estaba en vigor, se inventaron una prórroga "por interés general" avalada por los informes técnicos (risas), que suponía, de hecho, un nuevo contrato sin necesidad de competir en libre concurrencia. Los prohombres de mayor rango de la ciudad, encubrieron, arroparon y blanquearon el pelotazo a cambio de favores políticos. El nuevo multimillonario emigró.

Han comenzado a sonar tambores de guerra. Quedan apenas dos años para que expire el contrato y ya se oyen rumores sobre maniobras truculentas que lleven a la renovación. Es momento para cínicos. Al final del tortuoso proceso, los informes técnicos serán coincidentes con la voluntad política que más convenga a la cuenta corriente de los artífices de la nueva adjudicación. Gozosamente sumergidos en la ciénaga.