Uno de los éxitos más relevantes del Gobierno de Juan Vivas, de largo alcance porque afecta a los principios,  ha consistido en consolidar la aceptación social del enchufe. Las artimañas de los gobernantes para favorecer a su entorno con empleo público han sido, y serán, consustanciales con la condición humana. La diferencia que ha conseguido marcar Juan Vivas es que, en Ceuta, se hace sin el menor pudor y con la anuencia, e incluso el aplauso, de la inmensa mayoría de la sociedad. Lo que en cualquier municipio se considera un escándalo que provoca la ira e indignación de la población, en Ceuta se asume con naturalidad como un hecho inocuo. Los ceutíes han terminado por interiorizar que el PP tiene derecho a colocar a quien estime conveniente en los puestos de trabajo que genera (o inventa) la administración pública. Las escasas protestas, en forma de leves susurros precavidamente discretos, tienen su exclusivo fundamento en la envidia, no en el rechazo de una conducta democráticamente inmoral. Es otra aberración, que abunda en la mentalidad corrupta que impregna nuestro espacio público, dominado por el dinero y el interés individual perseguido ciegamente sin ningún tipo de escrúpulos. Llegará el día en que nos arrepintamos con dolor del engendro que estamos fabricando. Abatiendo el futuro inconscientemente.

Esta situación no se produce súbitamente, por generación espontánea, sino que es la conclusión de un proceso alentado por la laxitud de conciencia de una ciudadanía derrotada, descreída y apática. En la medida en que el PP percibía que los enchufes, lejos de ser socialmente reprobados, eran tolerados como una inofensiva patología del sistema sin repercusión electoral, iba aumentando la dosis, perfeccionando los mecanismos, y reclutando complicidades predispuestas al sucio mercadeo. Inicialmente, tomaban sus precauciones procurando revestir los procedimientos selectivos de legalidad, aplicando técnicas de encubrimiento que no dejaran rastro. Pero la confianza (certeza) de que todos los ciudadanos son perfectamente conscientes de lo que está sucediendo, y no les pasan factura por ello, los ha animado hasta el paroxismo. Ahora, todo el que aterriza por el PP, y no digamos si además disfruta de algún cargo, se encuentra legitimado, y ¡exige! su correspondiente cuota de empleo público.

Lo más lamentable es que todos los fusibles previstos por el estado de derecho para reprimir estos comportamientos están fundidos. Los partidos de la oposición en la asamblea, invitados a participar activamente del negocio, cambian su silencio por algunas migajas. Los sindicatos, cuando son capaces de resistir la presión, se diluyen impotentes y frustrados en el intento inútil y desesperado de combatir estas prácticas. Los medios de comunicación, adiestrados por el régimen (salvo las honrosas y testimoniales excepciones), difuminan y tergiversan las denuncias hasta hacerlas desaparecer. La administración del estado, teórico garante de legalidad, se ha convertido en cooperador necesario y complaciente. Y el poder judicial ni está ni se le espera.

Así se ha llegado al extremo de estar utilizando el INEM (servicio público de empleo), como un dispositivo controlado por el Gobierno de la Ciudad para materializar sus enchufes, a cara descubierta, en una pletórica exhibición de chulería y soberbia.

La selección de personal al servicio de las administraciones públicas debe hacerse respetando inexcusablemente los principios constitucionales de igualdad, mérito, capacidad y publicidad. Por ello, la legislación vigente, avalada por múltiples sentencias, excluye al INEM de los posibles procedimientos de selección, salvo en los casos de contrataciones de muy corta duración, o servicios de carácter no permanente, para los que sería muy poco operativo poner en marcha un proceso selectivo. Todos los ciudadanos, y no sólo los inscritos en el INEM (y preseleccionados por éste), tienen derecho a optar, en igualdad de condiciones, a los puestos de trabajo vacantes en la administración, sin más limitación que los requisitos exigibles para el desempeño del puesto de trabajo. Impedir de manera arbitraria la participación en el proceso de un potencial aspirante supone la vulneración de un derecho fundamental.

A pesar de esta obvia transgresión, el Gobierno mantiene este sistema de contratación porque les reporta excelentes resultados. Manejan todos los hilos. Prefabrican los perfiles solicitados al INEM para adecuarlos con precisión matemática a las características del candidato elegido de antemano en las opacas instancias paralelas.

El paradigma del modelo fue la contratación del ya famoso engrasador. El ayuntamiento pidió al INEM, por primera vez en la historia y sin figurar en ninguna relación de puestos de trabajo, un engrasador. En el INEM sólo existía un parado con esta categoría, que se había inscrito como tal con sólo un mes de antelación, y que resultó ser el hermano de un Consejero. Van sobrados. Hasta los propios afiliados del PP se sonreían un tanto abochornados por el exceso. El asombro universal tuvo su excepción en el fiscal al que todo le pareció lo más natural.

Una vez comprobada la eficacia del enjuague han generalizado su uso. Recientemente, la fortuna se ha posado, entre otros, sobre una familiar directa de la sombra "socialista" de Juan Vivas, que ejerce (o cobra) de Jefe de Gabinete. El Gobierno, para cubrir varias plazas de trabajador social, ha enviado al INEM una oferta genérica. Este hecho en sí, priva injustamente a decenas de profesionales de la ciudad de optar a un puesto de trabajo de primera calidad. El INEM remite una relación, de la que excluye injustamente a otros aspirantes, y en la que, evidentemente, está la candidata ganadora. Para redondear la faena, se le hace un contrato de "obra o servicio determinado" sin fecha determinada, con lo que estamos ante un voluntario fraude de ley que deviene en un contrato indefinido. Y ahora, el que quiera protestar que vaya a los tribunales, que tras una infinidad de trabas administrativas para obtener documentos, y un sinfín de zancadillas de todo tipo en los tribunales, probablemente, cuando Vivas y la contratada en cuestión se hayan jubilado, habrá una sentencia, que recurrirán a una instancia superior y que, además, no cumplirán (como ha ocurrido con la contratación del marido de otra Consejera).

Al menos, todo esto ha servido para descifrar la enigmática "gestión compartida" del INEM. Fruto de una de esas fantasmagóricas cumbres que hacen entre la administración central y la local, sin valor político alguno, pero que presentan ante la opinión como hitos históricos, nos anunciaron que el INEM sería co-gestionado. Ya sabemos a que se referían.