¡Deprisa, deprisa! Aquel célebre grito, utilizado magistralmente en las pantallas hace tres décadas para describir el estilo de la delincuencia juvenil emergida de los arrabales urbanos, sirve hoy para definir la revisión del sistema fiscal aprobada por el PP en el Pleno de la Asamblea. Huérfanos de mañana. Ayunos de escrúpulos. Inconscientes de sus actos. Esclavizados por un furioso presente de insaciable necesidad que los obnubila. El Gobierno, enloquecido, busca dinero desesperadamente.

Quienes alardean constantemente de prudencia y diálogo; aquellos que viven asidos al supuesto interés general y esgrimen con fruición informes técnicos de toda condición y pelaje, han prescindido por completo de todos estos atributos, para asestar a la ciudadanía una repentina y traicionera subida de impuestos radicalmente injusta. Los argumentos aportados a modo de justificación son falacias excesivamente pueriles. Si hubiera sido cierto que se trata de una mera actualización de tarifas, la habrían efectuado coincidiendo con la aprobación de los presupuestos, como es oportuno y habitual. No es verdad. La única razón que explica esta decisión es el agobio galopante que les provoca una situación económica cada vez más insoportable. No quisieron atender las voces que alertaban sobre un deterioro progresivo de las cuentas públicas. Todo debía ser brillante y reluciente en el reino de Vivas. Pero las posibilidades de la ingeniería financiera y contable se han agotado; y han reventado las costuras del sistema. Ahora, se requieren transfusiones urgentes para evitar el crack.

El Gobierno de la Ciudad necesita mucho dinero para mantener la portentosa maquinaria de clientelismo político que ha creado. Por ello pide desaforadamente. Inicialmente al Estado, y ahora también a los indefensos vecinos. Para blanquear sus intenciones se apoyan en una idea que consideran infalible ante la opinión: independientemente de quien gobierne, es bueno que el Ayuntamiento recaude, cuanto más, mejor. Otra falacia. Sólo el buen uso de los fondos públicos justifica su existencia.

No cabe la menor duda de que la economía municipal está demandando imperiosamente una profunda reformulación que debe afectar tanto a la vertiente de los gastos como a la de los ingresos, porque ambas están indisociablemente unidas.

En primer lugar, es imprescindible y urgente que el Gobierno recupere la noción del gasto público como un instrumento al servicio de los intereses colectivos. Porque han perdido toda referencia ética en la gestión de los presupuestos. Se comportan como si fueran nuevos ricos o niños mimados, guiados exclusivamente por sus caprichos e intereses, sin valorar ni respetar el esfuerzo que hacen los contribuyentes. El dinero de despilfarra a manos llenas sin control ni pudor. El Ayuntamiento se debe ceñir, únicamente,  a las actuaciones que incidan de manera directa y objetiva en la calidad de vida de los ceutíes. Los gastos que tengan por objeto satisfacer los intereses personales o partidistas de los políticos, en cualquiera de sus variantes, constituyen una malversación de fondos públicos.

No menos perentoria se antoja la redefinición del capítulo de ingresos, que debe estar informado por los principios de suficiencia y equidad. Como primera medida, es necesario cuantificar con rigor y exactitud el volumen de ingresos que Ceuta precisa para atender los servicios públicos de su competencia con un nivel de calidad homologable al de otros territorios similares. Para ello es fundamental auditar técnica, económica y socialmente cada uno de los servicios (incluida la estructura política), de manera que se distinga con nitidez lo esencial de lo superfluo. A partir de ahí, se debe implantar un modelo fiscal que distribuya la carga tributaria de la manera más equitativa posible entre todos los ciudadanos, atendiendo al poder adquisitivo de cada uno de ellos. En este sentido, y teniendo en cuenta la dificultad intrínseca para dotar de progresividad al modelo impositivo local, como consecuencia del enorme peso que tiene el IPSI en el conjunto,  es conveniente aprovechar al máximo las escasas oportunidades disponibles.

Sin embargo, el Gobierno de la Ciudad ha hecho todo lo contrario. Se niega rotundamente a corregir el rumbo del gasto (los anunciados planes de austeridad son mera propaganda), porque el Presidente no quiere ni oír hablar de recortes que puedan mermar su prestigio como magnánimo benefactor. Y en lugar de proponer una reforma fiscal integral favoreciendo a los más necesitados, han optado por el cómodo atraco indiscriminado. Han subido el agua y la gasolina, abundando aún más en la regresividad del sistema. Obscenidad.  No les ha importado lo más mínimo castigar a las familias de rentas más modestas, que verán incrementada su presión fiscal en una mayor proporción. Hace falta dinero. ¡Deprisa, deprisa!