Recurrente. Las navieras que operan en el estrecho soliviantan a la población. El estupor se adueña de propios y extraños ante la enésima subida desorbitada de precios, coincidiendo con el inicio de la temporada de verano. Se agotan calificativos e insultos. Todos cargados de razón. Es obvio que la maldita travesía Ceuta-Algeciras y viceversa, se ha convertido en un obstáculo insalvable tanto para el desarrollo económico de la Ciudad, como para el bienestar de los ciudadanos. La protesta es un denso clamor que brota de la indignación más profunda. Hasta el extremo de que el Gobierno de la Ciudad se ha visto forzado a abandonar por un instante su característica desidia y sumarse a la marea de críticas, mostrando el visaje de ferocidad que tiene reservado para estas ocasiones (aún se recuerda cómo hizo temblar a ENDESA por los continuos cortes de suministro de energía eléctrica)

Pero una cosa es manifestar una protesta instintiva ante un hecho evidentemente lesivo para los intereses de Ceuta, y otra muy distinta es orientar adecuadamente esa energía para exigir responsabilidades y corregir las condiciones que lo inducen. En este sentido las cosas ya no están tan claras.

En primer lugar, resulta una necedad, además de una injusticia, culpabilizar a las compañías navieras de esta situación. Las empresas privadas están concebidas para obtener el mayor beneficio posible. No tienen otro fundamento. Y aplican con rigor y frialdad una regla básica del mercado: aumentan los precios cuando aumenta la demanda. Se justifican argumentando que actúan como todas las empresas de transporte y del sector turístico. No les falta razón. Por ello queda tan patética la apelación a la sensibilidad con los ceutíes. No existe ningún motivo para que unos accionistas variopintos, residentes en lugares remotos, sientan nada por Ceuta ni por los ceutíes. Para ellos es sólo un negocio. Y los negocios no tienen sentimientos

Por lo tanto, la responsabilidad hay que buscarla en quienes permiten que una travesía marítima, que es un paradigma indiscutible de servicio público, se gestione mediante las leyes del mercado en libre competencia. Este error de concepto es el que provoca la distorsión. Desde el punto de vista económico, carece de toda lógica aplicar estrictamente las leyes de la competencia  a un mercado cautivo y parcialmente subvencionado. Pero los mismos que hoy se rasgan las vestiduras fueron los adalides en defensa de esta opción. Cuando en su día se libró la batalla política, los que defendíamos a ultranza la gestión pública del servicio, incluyendo la intervención de los precios, fuimos acusados de comunistas trasnochados y demás epítetos asociados. Como siempre, perdimos. Los prohombres de Ceuta, apoyados por los partidos de ámbito nacional, PSOE y PP (con inocultables intereses en empresas del sector), convencieron a los ciudadanos de que, efectivamente, abrir esta línea a la participación de diversas compañías provocaría automáticamente una mejora de la calidad y un abaratamiento de precios. "Propiciar la libre competencia solucionará el endémico problema del barco", decían pletóricos de soberbia. Entre ambos partidos políticos, eficientes aliados en la agresión, consolidaron con sus decisiones el modelo elegido. Ahora todos rehúyen responsabilidades mientras las consecuencias caen a plomo sobre todos los ciudadanos.

No se conforman con el pecado original. PSOE y PP, a pesar de la fallida experiencia y los demoledores resultados, se mantienen de manera obcecada en sus posiciones. Los siameses en el destrozo, se niegan a cambiar el escenario. La única concesión que han hecho a la presión popular ha sido modificar levemente las condiciones del contrato que suscribe con una de las empresas (obligando a que un buque pernocte en Ceuta para garantizar el servicio en caso de temporal). Todas las declaraciones compasivas que emiten para aparentar que se identifican con el conjunto de la sociedad son falsas. Porque ellos son los que dominan todos los resortes del poder. Si de verdad quisieran cambiar las cosas, lo harían. Sin embargo permanecen inmóviles. Cada propuesta que se hace (la naviera municipal) es desechada con altanera frivolidad. ¿Por qué no adoptan ninguna medida? No hay respuesta confesable.

Y por fin llegamos al último eslabón de la cadena. PSOE y PP no gobiernan por mandato divino ni por generación espontánea, sino porque los ciudadanos los votan. Al parecer, nadie valora, en el momento de emitir su voto, la responsabilidad que estos partidos tienen en los abusos que se cometen en la travesía del estrecho. Ni en los índices de paro, ni en el fracaso escolar, ni en la marginación autonómica, ni.... Fieles a una singular relación masoquista, los seguimos votando mientras sufrimos los devastadores efectos de sus acciones ¿A quién protestamos?