La privatización de los servicios públicos, tan vehementemente preconizada por el PP, no es más que un eufemismo utilizado para denominar al expolio del patrimonio colectivo perpetrado por avariciosos empresarios afines a los partidos o cargos políticos con la cooperación necesaria de éstos. La iniciativa privada debe circunscribirse a su ámbito natural regulado por las leyes del mercado. Los servicios públicos deben ser gestionados siguiendo criterios de rentabilidad social apreciados por las instituciones en las que reside la soberanía popular. La mezcla de ambas esferas es un río revuelto en el que siempre pescan los sinvergüenzas. Y pierden los ciudadanos. Esta norma de aplicación generalizada, en Ceuta se cumple con precisión matemática.

El Gobierno de Juan Vivas sucumbió, también, a la tentación de privatizar la política de vivienda.

La Ciudad disponía de varios solares, expropiados con fines de carácter social, en la denominada Huerta Téllez. Por otro lado, disfruta de una capacidad crediticia muy superior a cualquier grupo empresarial, y está dotada de un órgano especializado y muy experimentado en la promoción inmobiliaria (EMVICESA). Lo razonable, atendiendo al interés general, es que el Ayuntamiento hubiera acometido la construcción de las viviendas en aquellas parcelas para adjudicarlas posteriormente a las familias más necesitadas. Pero no fue así. El Gobierno, al dictado del Consejero rescatado de las filas del gilismo, optó por ceder las parcelas a la voracidad privada. Presentaron como un paradigma de modernidad lo que no era más que una obviedad tan antigua como la corrupción. Para mayor escarnio, la empresa adjudicataria resultó ser la que había ofertado un precio menor por los terrenos. Su procedencia sevillana (lugar de residencia del Consejero responsable), y el hecho de que sus asuntos fueran gestionados en el despacho de un familiar directo del ínclito personaje, sólo fueron casualidades del destino con las que los mal pensados de turno intentaron desprestigiar a tan noble político.

Lo cierto es que el Gobierno en pleno, con su Presidente a la cabeza, se afanó en ensalzar la fulgurante irrupción de una empresa, líder del sector, llamada a resolver los ancestrales problemas de la vivienda de Ceuta. Incluso el Consejo de Gobierno suscribió con ellos un Convenio de colaboración que fue portada de todos los medios de comunicación. El Presidente se felicitaba efusivamente así mismo por haber conseguido "implicar a la iniciativa privada". La comunión entre empresa e institución era tan sólida y profunda que hasta en los membretes de los impresos se fundían ambos anagramas. Y así, en este clima de felicidad plena, confianza absoluta y alabanzas mutuas,  arrancó la aventura.

A pesar de los precios abusivos, tolerados por el Gobierno, un considerable grupo de jóvenes creyó ver en estas promociones una de las escasas oportunidades que tienen de emanciparse accediendo a una vivienda propia. Invirtieron ilusionados sus ahorros presentes y futuros. Hasta que la obra se detuvo. Sin explicación. Empezaron los problemas. La empresa modelo, tutelada por el Consejero gilista, se ha evaporado como por arte de magia. Ya nadie responde a las llamadas. Alarmado ante una presumible estafa cometida con la complicidad del Gobierno, el Presidente, ha activado su eficiente mecanismo de autodefensa. Ha decretado la extinción retroactiva del asunto. Aquello nunca sucedió. El Gobierno no se siente concernido por las peripecias de unas relaciones comerciales entre particulares. En los medios se habla, emulando a Gila, de una empresa sin ninguna connotación política.

Los afectados deambulan demudados por la desesperación  buscando su piso; mientras siguen pagando por inercia sin certidumbre alguna sobre el destino de su dinero. Porque ya nadie los recibe ni los escucha. EMVICESA dice, ahora, que se trata de una inmobiliaria privada a la que ellos se limitaron a vender unos terrenos en su día. No saben nada más.

Lo lógico, en un lugar en que se practicara la cultura democrática, es que los inductores del desastre asumieran las consecuencias. "Motu propio", o instigados por los contrapesos del poder. Pero en Ceuta se funciona de otra manera. El interés de los políticos siempre prevalece sobre el interés de unos ciudadanos devenidos en súbditos sumisos hasta la nulidad. Aquí, la mayoría de la población pensará que tampoco es justo que las cuitas de unos cuantos jóvenes alocados, que se han equivocado comprando piso, puedan empañar la brillante ejecutoria de un Gobierno que obtiene tantos votos y, además, nunca falla.