Un lunes de mayo, el enésimo torbellino humano inyectado de miseria, arrebató la vida a dos mujeres. Sucedió en El Tarajal. Ese lugar extraído con precisión quirúrgica de la civilización, para elevarlo a la categoría de sórdida metáfora de la sociedad inmisericorde que estamos abrazando. Allí, donde los principios y valores quedan inexorablemente subordinados al omnímodo poder del dinero.

A nadie sorprendió la tragedia. Era una cuestión de tiempo. Cuando se aguarda la muerte con tan gélida indiferencia es que la conciencia colectiva se está asomando peligrosamente a la sima de la más destructiva inmoralidad. Porque la inexistente reacción popular ante el luctuoso hecho provoca una vergüenza difícilmente asumible.

Sólo desde una insondable pobreza de espíritu se puede transformar el natural sentimiento de dolor e indignación que causa una muerte violenta, en un mero registro de fastidio pasajero. Y sin embargo, así ha ocurrido. A las autoridades locales les ha resultado muy molesto que mueran dos personas. Una impertinencia. Tan es así, que inicialmente alteraron el emplazamiento del óbito para situarlo fuera de Ceuta (así apareció la noticia en los medios nacionales), y se apresuraron a destacar la condición de extranjeras de las víctimas. Como si ello hiciera más liviano el trance. Más allá del valor de las vidas humanas, lo único importante para ellos era preservar la imagen de la Ciudad y esquivar previsibles acusaciones. La mentira como credo.

Los tumultos y avalanchas de porteadores, con un evidente riesgo para la integridad física de los implicados, se vienen produciendo en El Tarajal desde hace una infinidad de tiempo. La Delegación del Gobierno ha tenido, en todo momento, un conocimiento exacto y puntual de la situación. Sindicatos, medios de comunicación y empresarios, entre otros, han denunciado hasta la saciedad la insuficiencia de los medios policiales aplicados para hacer frente a los conflictos en aquella zona. A pesar de ello, el Delegado del Gobierno, único competente en materia de orden público, nunca se ha querido dar por aludido, consintiendo que se perpetuara el descontrol hasta que se ha consumado el drama. Su culpable inhibición lo convierte en responsable político de los hechos. Una responsabilidad que se debería saldar con su inmediata dimisión, si albergara un mínimo de decencia. No es el caso. En lugar de reconocer su flagrante desidia, y  obrar consecuentemente, se ha atrincherado en la más abominable indignidad para buscar los culpables en el origen de la actividad de los porteadores. Cinismo atroz. Porque su ineludible obligación, independientemente de las razones y circunstancias que promueven las aglomeraciones (ese es otro debate), es garantizar la seguridad de todos y cada uno de los ciudadanos que transitan por las calles de la Ciudad. Sin escatimar medios.

Más lamentable, si cabe, ha resultado el incondicional alineamiento del PSOE con la posición del Delegado del Gobierno, expresado a través de su Secretario General, devenido en insulso lazarillo de la incompetencia. Produce auténtica repugnancia ver cómo, enarbolando la noble ideología socialista, se pueden sostener públicamente conductas radicalmente opuestas a los ideales que la sustentan.

Ante esta ignominiosa actitud, lo lógico y deseable hubiera sido una virulenta y masiva respuesta social exigiendo el cese del Delegado del Gobierno. Sólo se oyó retumbar el silencio de la cobardía insensible. A penas una voz discordante convenientemente atenuada. Y un ramillete de pulcras declaraciones protocolarias carentes por completo de compromiso. Portentoso alarde de insolidaridad. Al fin y al cabo, no merece la pena indisponerse con el poder por honrar la memoria de dos mujeres humildes. Que, además, eran extranjeras.