El Gobierno de la Ciudad decidió practicar la eutanasia al Consejo de la Juventud. La institución que durante un cuarto de siglo ha intentado vertebrar el movimiento asociativo juvenil ya no existe. Otra muesca en el inventario de víctimas del carácter sectario del PP. Lo que ellos no controlan no tiene derecho a la vida. La ejecución lleva indeleblemente impresa la marca presidencial. Falaz y sibilina. Argumentos aparentemente consistentes para ocultar torticeras intenciones. La versión oficial es que el cumplimiento de la legalidad vigente les impide intervenir. Pero cuando la aplicación de las leyes se hace de manera selectiva, caprichosa e interesada; no se está actuando con rectitud. Ni se está diciendo la verdad. Sería muy prolijo hacer una relación exhaustiva de todas irregularidades manifiestas a las que el Gobierno presta amparo y cobertura. Algunos ejemplos pueden bastar. Las facturas sin consignación presupuestaria, que duermen en los cajones de las consejerías, superan, con creces, los treinta millones de euros. El agujero económico de ACEMSA se calcula en torno a los mil millones de pesetas. Las subvenciones para la producción de agua se están utilizando para pagar gastos corrientes. El escándalo del aula hípica se silenció con dinero público. Los compromisos con los editores se pagan con fondos europeos. Por no hablar de los desmanes del fútbol profesional financiados con impuestos. Interminable. En todas estas situaciones, de mayor envergadura y gravedad, en las que la responsabilidad recae directamente sobre personas íntimamente vinculadas al PP y al Presidente, el principio de legalidad se diluye hasta esfumarse por completo. La ingeniería político-jurídica-financiera siempre encuentra una salida para que los amigos del Presidente salven el pellejo. La pulcritud pretendida en esta ocasión es mendaz. El verdadero motivo no está en la ley, utilizada a modo de coartada como una herramienta más al servicio del poder.

Esto no quiere decir que los hechos ocurridos en el seno del Consejo de la Juventud no deban ser sancionados con la severidad que merecen en todos los ámbitos concernientes. Por un lado, la presunta malversación de fondos denunciada por el propio organismo, obliga al cese inmediato de los autores materiales y a la entrega de la documentación (o de los indicios) a los tribunales para que obren en consecuencia. La acumulación de deudas, síntoma de gestión desordenada e irresponsable, requiere una indiscutible renovación de cargos, acompañada de la asunción de responsabilidades a las que hubiera lugar. Por su parte, el intento de implicar a los servicios de intervención en el asunto es oportunista e injusto desde el punto de vista político. Es cierto que, en puridad de criterio, el Ayuntamiento no ha fiscalizado correctamente la contabilidad antes de conceder la subvención; pero es un exceso de confianza perfectamente comprensible y de importancia relativa en un contexto de rutina y normalidad en unas relaciones que no ha presentado problemas durante más de dos décadas.

Pero lo que, en cualquier caso, resulta políticamente inaceptable es confundir las personas con las instituciones. Unas pasan y deben ser enjuiciadas; otras permanecen y deben ser respetadas. La desaparición del Consejo de la Juventud arroja tristeza y frustración. Se pudo evitar. Faltó voluntad. Desde muchas instancias, y con el ánimo de justificar la decisión del Gobierno, se ha acusado al Consejo de la Juventud de falta de representatividad. Con toda la razón. Las asociaciones juveniles no son muy representativas. Pero exactamente el mismo problema afecta a las asociaciones de vecinos, en su inmensa mayoría, compuestas en exclusiva por sus dirigentes. No son ajenas a este mal las organizaciones empresariales y sindicales. Ni los partidos políticos, recargados de militancia nominal pasiva sin incidencia en la vida pública diaria. Ninguna asociación, sea cual fuere su actividad, escapa a esta auténtica gangrena nuestro sistema social. El tejido asociativo local presenta un estado de extrema debilidad, derivado de la escasa implicación de los ciudadanos en los proyectos colectivos. Estamos construyendo una Ciudad egoísta e insolidaria cuyo único referente es el dinero. No existe ni el menor rastro de la conciencia grupal que se requiere para sentir la necesidad de unir voluntades en torno a objetivos comunes. Cada cual ha establecido sus expectativas individuales de salvación, cifradas y fechadas, desentendiéndose de la suerte de los demás. 

En estas condiciones, es mucho más meritorio el esfuerzo de todos aquellos que, cargados de ilusión, se resisten a ser engullidos por esta perversa dinámica y luchan con denuedo por superar esta pesada lacra. Aunque sean pocos, incomprendidos, y a menudo, insultados y descalificados. Porque fortalecer la sociedad civil y fomentar la participación ciudadana en los asuntos públicos, es la mejor manera de creer en Ceuta. Por eso resulta especialmente descorazonador que el Gobierno de la Ciudad haya asestado, con alevosía y frialdad, tan duro golpe al ya de por si precario sistema de interlocución social, haciendo prevalecer, una vez más, su mezquino interés partidista.