El Gobierno de la Ciudad ha declarado públicamente su intención de externalizar (eufemismo de nuevo cuño) los servicios mortuorios municipales. Una decisión absolutamente injustificada y nítidamente contraria a los intereses generales que indigna y solivianta a las personas decentes. Las privatizaciones constituyen el mecanismo de mayor eficacia y menor riesgo de cuantos utilizan habitualmente los políticos corruptos para enriquecerse de manera ilícita e inmoral. Los capítulos más sórdidos de la historia de los ayuntamientos españoles están relacionados con las contratas de servicios pagados con fondos públicos y gestionados por insaciables manos privadas. El hecho de que el dinero manchado circule por un circuito ajeno a la administración impide la obtención de pruebas o evidencias, blindando a los malhechores de los controles políticos y las acciones judiciales. Mafia en estado puro. Billetes en bolsas de plástico en las habitaciones de los hoteles y expedientes inmaculados en los archivos oficiales. Es la receta infalible. La ciudadanía conoce perfectamente estas vicisitudes y por eso recela de estas operaciones. Aunque, ciertamente, nunca actúa en consecuencia porque termina interiorizando su propia impotencia aderezada con el pérfido latiguillo universal "todos los políticos son iguales".

En la actualidad, las corporaciones municipales se desenvuelven en un marco legislativo y financiero dotado de tal versatilidad que no existe ni un solo argumento de orden, técnico, operativo, jurídico o económico que avale una operación de privatización. La administración dispone de todos los medios  precisos para gestionar los servicios públicos con plenas garantías de eficiencia en los mismos términos, si no mejores, que cualquier empresa privada. Lo que en otra época (durante la transición) se planteaba como una alternativa útil para que unos ayuntamientos raquíticos en todos los aspectos, pudieran superar las limitaciones y restricciones que les impedían acometer de una manera inmediata y simultánea la ferviente demanda de ampliación y mejora de la oferta de servicios públicos locales, ha dejado de tener sentido.

La única realidad, fácilmente contrastable, es que los servicios públicos que caen en manos privadas se precarizan, encarecen o ambas cosas a la vez.  Es un efecto inevitable. La finalidad de toda empresa privada, por definición, es la obtención del máximo beneficio posible. En la medida en que reduce costes aumenta el beneficio. Este axioma genera la perversa ecuación: cuanto peor o más caro es el servicio para los ciudadanos, más dinero ganan ellos. El interés público y el privado son irreconciliables.  Una administración moderna, que gestione correctamente sus recursos, no tiene por qué añadir a los costes inherentes al servicio un beneficio empresarial adicional que es tan desproporcionado como injusto e innecesario. El análisis objetivo y riguroso de la explotación de cualquier servicio público privatizado corrobora de manera indubitada esta afirmación.

A pesar de ello se siguen produciendo operaciones de privatización. No es difícil colegir las razones que las promueven. Los acuerdos con empresas privadas son siempre de larga duración para viabilizar económicamente la inversión (teóricamente). Se multiplican los beneficios empresariales anuales confesados (suelen ser muy superiores) por el número de años de vigencia del contrato, y se obtiene el botín total del que, a nadie le quede la menor duda, se llevan el correspondiente bocado las personas o partidos en cuyo entorno se negocia, tramita y adjudica el contrato. El resto viene rodado. Al amparo del manido "interés general" se instruye un expediente repleto de informes técnicos de toda condición y pelaje (similares a los que obligaban a trasladar el mercado a la Manzana de Rebellín de manera inminente), que dejan meridianamente claro ante la opinión pública que lo ideal para la Ciudad es que unos empresarios particulares se forren a costa de los contribuyentes, previa la preceptiva mordida para el corrupto de turno.