El Gobierno de la Ciudad, al filo de su octavo aniversario, ha decidido exponer a la opinión una propuesta de reforma del Régimen Económico y Fiscal Especial de Ceuta. Su contenido es íntegramente competencia del Gobierno de la Nación y de la mayoría parlamentaria que lo soporta. Por ello no es de extrañar que todos los partidos tengan un proyecto sobre esta cuestión... mientras están en la oposición. Así sucedió con el PSOE, que se desplazó a Ceuta a presentarla con todo lujo de detalles (incluida la visita del entonces líder de la oposición, Zapatero). Pero este tipo de iniciativas están redactadas sobre un material similar al de las célebres cintas de "Misión Imposible" que se autodestruyen en el momento en que se ganan las elecciones. Ahora le toca el turno al PP. Está en su derecho de equilibrar la balanza de la burla. Es la dinámica a la que nos tiene acostumbrados el bipartidismo.

Asistimos a un nuevo montaje propagandístico marca de la casa. Sobre la base de un asunto de importancia capital para la Ciudad, y cuando sienten que existe aunque sea una leve presión social, organizan una monumental campaña mediática, cuya única finalidad es ensalzar la figura del presidente, aún sabiendo anticipadamente que nada de lo que pregonan se convertirá en hechos, y lo que es aún peor, sin arriesgar lo más mínimo para conseguirlo. Todo queda reducido a un desorbitado caudal de material periodístico sin trascendencia práctica alguna. Tal es el caso.

Los síntomas de demagogia aguda son concluyentes.

En primer lugar, resulta muy sorprendente que el Gobierno se pronuncie sobre esta materia sin haber formulado con anterioridad un planteamiento económico de conjunto, que dotara de sentido y coherencia a la reforma. En la actualidad nadie sabe cual es el modelo económico que propugna este Gobierno, que lleva años escondido y desorientado (no parece tener mucha lógica defender, a la vez, la implantación de una macroprisión con más de dos mil presos en diecinueve kilómetros cuadrados, y la idea de hacer de Ceuta una Ciudad turística). Por otro lado, tampoco parece muy acertado el momento escogido para la petición, porque la propuesta no es más que una petición desaforada de fondos públicos. La coyuntura económica, la más dura y complicada de la democracia, no es el escenario idóneo para una reivindicación de esta naturaleza, salvo que se sea consciente de que todo quedará en agua de borrajas. Pero hay más. El Gobierno de la Ciudad, cuando el PP gobernaba también en el país, convenció a todos los que reclamábamos una reforma del REF, de la improcedencia de recopilar todas las medidas dispersas en un documento único con rango de ley. La explicación, impecable, es que la Unión Europea observa con mucho recelo estas situaciones especiales (las persigue con saña); por ello la única manera de zafarse de este estrecho marcaje, que podría poner en peligro incluso lo que ya teníamos, es camuflar las modificaciones entre la maraña de legislación general más difícil de detectar para los avezados inspectores europeos. ¿Qué ha cambiado en la UE para cambiar ahora de opinión? Absolutamente nada. Es más, la severa política de armonización fiscal se ha intensificado. Lo único que ha cambiado es el grado de responsabilidad del PP. Ahora dispara con balas de fogueo. Por último, el método de trabajo elegido es también una prueba irrefutable de la trampa. El PP sabe, y además lo dice, que sin el concurso del PSOE toda tentativa en esta dirección está condenada al fracaso. Si creyera en ella, habría negociado directamente con el PSOE y con los agentes sociales, de manera discreta, buscando un acuerdo. No lo ha hecho así, porque lo que buscan realmente es el protagonismo mediático. Pretenden situar al PSOE en una posición de subordinación ante una disyuntiva diabólica: o la adhesión (apuntándose el PP el tanto) o la traición (siendo acusados de no defender los intereses de Ceuta). En definitiva una burda maniobra electoral.

La escasa solvencia técnica es otra prueba palmaria de la vacuidad de la reforma propuesta. Además de otras cuestiones de orden menor, el texto del Gobierno gravita, casi en exclusiva, sobre el incremento de las bonificaciones del Impuesto de Sociedades y del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (del 50% actual al 75%), sin requisitos ni contrapartidas. Pero no justifica por qué ese porcentaje y no otro (el 60%, o el 90%, por ejemplo), ni se explica el impacto que tal medida tendría sobre la economía local, aparte de la lógica alegría de las personas afectadas, como le sucedería a cualquier ciudadano de cualquier lugar del mundo al que le cobran menos impuestos. Quizá ésta sea el único móvil. La captación del voto por todos los medios posibles.

Es evidente (lo lleva siendo hace ya demasiado tiempo) que Ceuta necesita una revisión a fondo de su economía, incluyendo el Régimen Económico y Fiscal Especial, que es una pieza clave del sistema. Por ello sería conveniente consensuar una reforma que estuviera incardinada en un nuevo modelo económico previamente definido, que se adaptara al contexto actual, que fuera políticamente viable, y aceptable por el conjunto de la ciudadanía española y por las instituciones europeas; para lo que es esencial huir del oportunismo y del ventajismo ramplón, y no ofrecer argumentos que abunden en la idea, muy extendida en la península, de "aquí vivimos un banda de funcionarios privilegiados y aprovechados, que cobramos más que nadie, que no pagamos impuestos y que no recibimos más que subvenciones". Para superar este estigma es preciso que los argumentos que fundamenten el carácter social del nuevo régimen estén meridianamente claros. Al respecto se avanzan algunas ideas.

Una. El nuevo REF debe contemplar la inclusión de Ceuta en la Unión Aduanera, como requisito indispensable para iniciar la recuperación económica. Dos. No es justo que los empleados públicos dispongan de un plus de residencia garantizado y sustancioso, y los trabajadores del sector privado, los más necesitados, no dispongan de una norma similar. El REF debe garantizar un Plus de Residencia del 33% del salario base para todos los trabajadores de Ceuta, sin excepción. Tres. Los hipotéticos incrementos de bonificación en el impuesto de sociedades, por encima del 50%, sólo se pueden justificar ligándolos a la inversión y a la creación de empleo. Cuatro. El incremento de la bonificación de la renta de las personas físicas de manera indiscriminada es radicalmente injusto. Entre otras razones, porque no toda reducción de impuestos tiene incidencia en el conjunto de la economía. A partir de determinados tramos de renta, el incremento de ingresos no repercute en la demanda interna, ya que se destinan a otra finalidad (como las segundas viviendas en la península). Si se pretende incrementar el consumo, el incremento de las bonificaciones habría que limitarlo a las rentas inferiores a treinta mil euros. Cinco. Las subvenciones al transporte deben quedar vinculadas, contractualmente, a la estabilidad de las tarifas, como único mecanismo para lograr que se trasladen al precio de los artículos. Seis. Sobre la exigencia a la UE de un tratamiento para Ceuta similar al de las Regiones Ultraperiféricas, nada que objetar. Lo venimos reclamando desde tiempos inmemoriales, aunque sea en contra de la voluntad del PP y del PSOE que se han opuesto a ello rotunda e incomprensiblemente.