La posible construcción de un centro penitenciario con una capacidad superior a dos mil reclusos es una decisión de indudable trascendencia que, en cualquier municipio del país, despierta un agitado debate social. Tan es así, que todos estos proyectos incluyen, como parte del mismo, una partida económica para desarrollar una campaña de sensibilización y concienciación ciudadana. En Ceuta todo es diferente.

La primera cuestión que obliga a una reflexión serena, objetiva y compartida es la condición de irreversibilidad de esta iniciativa. No hay marcha atrás. Nos compromete como mínimo durante un siglo. Serán varias generaciones, hoy sin voz, las que tendrán que asumir sus consecuencias. Por ello, la frivolidad, la indiferencia o los intereses particulares de diversa índole vinculados perversamente a la gestión de la futura prisión, pueden impedir la defensa de los intereses generales, medidos desde una perspectiva de futuro intergeneracional.

Existe una marea de motivos que convierten el debate en insoslayable. Comenzando por el impacto psicológico. Ceuta volverá a ser un "presidio" con la carga simbólica que ello conlleva. No hace falta recordar que así nos llama, con absoluto desprecio, Mohamed VI. Esta Ciudad sufrió mucho para despojarse de aquel pesado lastre. No menos importantes para tomar en consideración son las alegaciones de orden medio ambiental perfectamente expuestas por la asociación ecologista local Septem Nostra.

Dejando al margen la obviedad de que Ceuta necesita sustituir la indecente instalación actual, desde el máximo respeto al derecho de todos y cada uno de los reclusos a rehacer su vida procurando una efectiva reinserción social, y aceptando que ninguna localidad puede estar exenta de albergar un centro penitenciario al amparo de un elemental sentido de las solidaridad (se trata de un servicio público de carácter estatal); es preciso comprender que el problema de la elección de Ceuta para este objetivo se centra en la proporcionalidad. El impacto que puede llegar a producir en una Ciudad tan pequeña, aislada, fronteriza, socialmente muy compleja y económicamente muerta, es enorme, imprevisible y muy inquietante. Así lo entendieron en Melilla, que rechazó esta posibilidad y construyó una prisión de ciento sesenta y cinco celdas, adecuada a las necesidades y a las condiciones de la Ciudad  (el doble que la de Ceuta, pero cuatro veces menos que la que se pretende construir). Por último, la tipología de presos que ocuparán esta prisión, ahora y durante los próximos decenios, es otro aspecto que infunde una justificada preocupación. De nada sirven las promesas de los actuales gobernantes. ¿Qué pasará en dos mil veinticinco?, por ejemplo.

Todas estas dudas y sospechas habitaban en el limbo de la ignorancia ciudadana, ajena por completo a lo que sucedía, hasta que una central sindical alertó públicamente sobre lo que se estaba tramando. Debate abierto. Sorpresa mayúscula. La administración competente explica que se trabaja en el proyecto desde hace más de un año, y que no se ha ofrecido información al respecto porque el Delegado del Gobierno  y el Presidente de la Ciudad, les habían garantizado un absoluto consenso y un respaldo unánime de la ciudadanía a la inversión. En una Ciudad en la que sufrimos un insoportable régimen de asfixia informativa gubernamental (nos cuentan hasta cuando Juan Vivas se cambia de calcetines), resulta que la construcción de un centro penitenciario de doscientos treinta y cuatro mil metros cuadrados y seiscientas cuarenta y ocho celdas, que pasa a ser de "cumplimiento" en lugar de "preventivos", se mantiene en la opacidad mediática. Perplejidad. En cualquier caso, se ha pronunciado Juan Vivas. Debate cerrado. Porque, evidentemente, las entidades que componen la singular "conga institucional" (se agarran fuerte de la cinturita del Presidente y este los va llevando por donde quiere), es decir empresarios y asociaciones de vecinos, asentirán. El entorno del Gobierno (el PSOE y sus aledaños) feliz de haber solventado fácilmente una tesitura tan peliaguda, aplaudirá con frenesí. Los ciudadanos (incluidos muchos militantes del PP y del PSOE), dirán en privado que "esto es una barbaridad", pero no se atreverán a levantar la voz para no enojar a Juan Vivas. Ya se sabe que en Ceuta tenemos muy arraigado el sofisticado principio conocido como "quien paga manda". Sólo quedarán protestando "los de siempre" obligados a caminar por el alambre. A partir de ahora, y cerrado el debate como tal, sólo oiremos hasta la saciedad argumentos falaces para dulcificar una decisión ya tomada y en fase de ejecución. Según los defensores del nuevo centro penitenciario, no afectará en absoluto a la seguridad ciudadana, y supondrá un fabuloso negocio económico. Se podría deducir de estas premisas que Ceuta ha sido muy afortunada al recibir este premio; que para sí lo quisieran el resto de ciudades. Una sutil duda. Lo que aún no han explicado es por qué la lista de poblaciones candidatas a que les pongan una cárcel de este tipo, con todas las ventajas que reporta, está vacía. Quizá porque sus alcaldes no son tan listos como el nuestro, y no se han percatado del chollo que supone.