El centro penitenciario que el Gobierno de la Nación pretende construir en nuestra Ciudad amenaza con erigirse en otro monumento a la patológica estulticia del pueblo ceutí. Una iniciativa de enorme impacto en todos los órdenes de la vida social, transcurre sibilinamente por los despachos ante la indiferencia y la inconsciencia de una ciudadanía que parece haber renunciado por completo a su deber de luchar por los intereses presentes y futuros de Ceuta.

Desde hace mucho tiempo existe la convicción unánime de que la prisión de Los Rosales es una instalación indigna de un país civilizado. La sustitución de la actual por una cárcel moderna es una justa reivindicación reiteradamente desatendida. Es lógico, por tanto, que el anuncio de la construcción de esta nueva infraestructura fuera recibido con entusiasmo. No estamos acostumbrados a que el Gobierno se ocupe de Ceuta. Recordemos que para construir un hospital tuvimos que recurrir a los fondos europeos (tanto el PP como el PSOE entendieron que no se trataba de una necesidad suficientemente importante para incluirla en sus presupuestos). Sin embargo, cuando se empieza a desbrozar el proyecto, el entusiasmo inicial se torna desconfianza y preocupación. Nos han tendido una trampa.

La nueva cárcel ocupará una superficie de doscientos treinta y cuatro mil metros cuadrados. Descomunal. Tendrá seiscientas cuarenta y ocho celdas, que albergarán a una población reclusa de, aproximadamente, dos mil personas (el tres por ciento de la población total de Ceuta). En la cárcel actual hay trescientos presos en ochenta celdas. Se multiplicará por ocho la capacidad de la prisión, sin que se hayan modificado sustancialmente ni el censo de población ni el índice de delincuencia. ¿Quién, cuando y qué criterios han justificado esta decisión? Espeso silencio delator. La realidad es que no estamos sólo ante un inocuo cambio de edificio, sino ante un traumático cambio de concepto. La cárcel de Ceuta es, hasta ahora, una prisión de 'preventivos', y pasará a ser una prisión de 'cumplimiento'. Se llenará con presos enviados de otros lugares. La diferencia es abismal cuantitativa y cualitativamente. La legislación penitenciaria española esta concebida desde el principio de la reinserción. El loable objetivo perseguido es la plena reinserción de los reclusos en la sociedad, y con esta intención se aplican los diversos grados de cumplimiento, reducción y atenuación de las penas. ¿Está Ceuta preparada para lograr la reinserción de mil (o mil quinientas) personas al año? La Ciudad con más densidad de población de España, con el índice de paro más alto, con enormes carencias de infraestructuras básicas y sin una red adecuada de protección social ¿es el lugar idóneo para procurar la reinserción de un volumen tan elevado de población penitenciaria? La respuesta a esta elemental pregunta nos conduce irremediablemente a la desazón. Nadie explica cómo gestionar la situación que se producirá cuando las previsiones fallen y se compruebe la imposibilidad de absorber en condiciones razonables a tan amplio colectivo.

Este asunto requiere, como mínimo, un debate social que, incomprensiblemente, se ha hurtado a la opinión pública. Todo ha quedado en ese opaco conciliábulo, cada más pestilente, que mantienen entre el Delgado del Gobierno y el Presidente de la Ciudad.

Para el Gobierno de la Nación supone un alivio, porque encontrar una ubicación para una infraestructura de esta naturaleza no resulta sencillo. Suele tener una fuerte contestación social allá donde se quiere implantar por las innumerables consecuencias que acarrea. Menos en Ceuta, que nadie se entera de nada. Al Gobierno de la Ciudad que, teóricamente, tiene encomendada la misión de defender los intereses de Ceuta, lo han seducido ganando su voluntad con suma facilidad, empleando el único argumento que entienden: el dinero. Les han asegurado que la nueva cárcel supone una gran inyección económica. Y se han quedado obnubilados, echando cuentas y frotándose las manos con los fabulosos beneficios que van a obtener.

Pero el argumentario económico es una falacia. Por una parte, la inmensa mayoría de los consumibles de estos establecimientos están sometidos a un régimen centralizado de suministro. Llegan directamente de la península. Respecto de los flujos que puedan generar los visitantes, es preciso hacer una observación. Según las previsiones más realistas, efectuadas por expertos en esta materia, en la cárcel de Ceuta se concentrarán los presos de origen marroquí (lógico desde el punto de vista humano) que actualmente están diseminados por la península. Esta operación cumple un doble objetivo: mejorar las relaciones con Marruecos, acercando los presos a su entorno familiar; y favorecer un mejor control del temido movimiento 'yihadista' que se puede estar produciendo en el interior de los centros penitenciarios. Lo que resulta obvio es que los hipotéticos beneficios económicos derivados de las visitas a los reclusos, recaerán en las poblaciones marroquíes limítrofes con Ceuta, no en Ceuta.

Actúan irresponsablemente blindados de impunidad. Porque cuando todo esto ocurra, y ya no haya solución, el Delegado del Gobierno estará viviendo placenteramente en su querida costa gaditana esbozando una sonrisa maliciosa;  y los actuales dirigentes del PP, felizmente retirados y a salvo de cualquier contingencia, se limitarán a contemplar el desaguisado que han provocado, fieles a la única idea que han sido capaces de aportar a la política local 'el que venga detrás que arree'.