"El derecho se pierde en el estrecho" o "Ceuta es una Ciudad de gangster y contrabandistas", son algunas de las frases históricas que han agitado la polémica sobre la fama de ciudad extraña de la que goza Ceuta entre muy amplios sectores de la opinión pública española. Durante un prolongado periodo de tiempo, muchos hombres y mujeres, ceutíes convencidos y militantes, han hecho un esfuerzo ímprobo por borrar esta imagen de Ceuta, intentando situarla en las coordenadas de  valores y principios de la España moderna y dinámica de la democracia. Hemos fracasado. Pasado el tiempo, es fácil constatar el triunfo de los que han preferido aprovecharse de las malformaciones y deformaciones que minan los cimientos de nuestra Ciudad, utilizándolas como factor de rentabilidad económica. El Gobierno actual, que ejerce un indiscutible liderazgo social, es un ejemplo perfecto de esta manera de ser y de pensar. Ceuta es, hoy, una Ciudad indolente, insensible, deshumanizada, desarticulada y huérfana de valores. El poder del dinero se alza como un Dios todopoderoso y omnipresente ante el que todo sucumbe. Ante el que todos claudican. Ni una brizna de grandeza.

Durante las últimas semanas, el Gobierno ha sometido a la opinión a un tratamiento exhaustivo de acoso y hostigamiento contra la central sindical de CCOO. Un nuevo linchamiento institucional. Extraña Ciudad. CCOO había recibido varios testimonios de que, en el Centro de Menores Punta Blanca, a los internos más conflictivos (no por eso menos débiles y desvalidos), se les aplicaban, de manera abusiva, los medios de reprensión que la ley contempla exclusivamente para casos excepcionales, con fines educativos, agotadas las demás posibilidades, por el tiempo indispensable y con conocimiento del juez. La información obtenida por CCOO se encuadra indubitadamente en el concepto de "indicio racional de veracidad". Y en caso de ser ciertas, este tipo de prácticas suponen un inadmisible menoscabo de la dignidad de las personas afectadas. En consecuencia, sin más presunción ni pronunciamiento, la central sindical pone esta información en conocimiento de la fiscalía para que ésta institución (única que dispone de los medios y la capacidad legal para hacerlo) investigue y determine su autenticidad y alcance; y aplique las medidas correctoras si hubiera lugar a ello. Este es un modo de proceder impecable seguido en muchos ámbitos y lugares por las organizaciones sociales como una de sus actividades habituales. Por ejemplo, cuando un sindicato tiene indicios de la existencia de un trabajador en situación de ilegalidad en una empresa, lo pone en conocimiento de la Inspección de Trabajo, que es el único organismo que puede obtener elementos probatorios y practicar las actuaciones correspondientes. Sin ir más lejos, y coincidiendo con esta denuncia de CCOO, otros sindicatos, en la península, denunciaron ante la fiscalía posibles "detenciones ilegales de inmigrantes en las puertas de los colegios". No hubo más estridencias. Cada uno en su papel. Los sindicatos han denunciado una actuación presuntamente irregular, el Gobierno ha explicado y defendido su política y el fiscal efectúa la oportuna investigación. El estado de derecho funcionando con normalidad. Mas reciente aún, esta semana, los medios nacionales publicaban que "el Defensor del Pueblo destapa malos tratos en los centros de menores". No se conoce la peregrinación de los trabajadores de todos los centros de menores de España y de los Gobiernos locales a los juzgados para denunciar al señor Múgica.

En Ceuta todo es diferente. La denuncia formulada por CCOO ha desatado un torbellino aparentemente incomprensible. El Gobierno ha desplegado toda su artillería trituradora. Políticos enardecidos arengando, incitando y excitando a los trabajadores. Querellas criminales. Agresiones físicas. Insinuaciones y amenazas veladas. Toda la maquinaria mediática activada en su máximo nivel de rendimiento por orden expresa del Gobierno al servicio de su causa.

Pero esta Ciudad sigue siendo pequeña. Sigue siendo relativamente fácil conocer la verdad. En Ceuta todo lo que ocurre se explica en clave del egoísmo más feroz y el interés más mezquino.

Al Gobierno los trabajadores de Punta Blanca le importan un bledo. Si no fuera así, no los mantendrían en situación de interinidad (incertidumbre) durante años, les pagarían lo que les deben, tendrían las plantillas bien dotadas y les proporcionarían los medios precisos para hacer bien su trabajo (por ejemplo, dispondrían de una habitación acolchada para los casos extremos). Tampoco sienten la más mínima compasión por los menores. Aunque su discurso oficial sea pulcro y correcto, porque les da vergüenza decir públicamente lo que piensan, en el fondo de su conciencia son los valedores de los sectores más despiadados de la sociedad, los fanáticos del endurecimiento de las penas,  los que hacen prevalecer en estas personas la condición de delincuente sobre la de menor de edad; los que creen que todo lo que les suceda "lo tienen merecido", e incluso, "bastante bien se les trata para como son".

Lo único que realmente les importa son ellos mismos. Las mentes enfermizas que rigen los destinos de la Ciudad, hilando fobias y paranoias, han llegado a la surrealista conclusión de que todo lo acontecido obedece a un plan premeditado que tiene su origen en el anuncio de colaboración entre dos partidos políticos (UDCE y PSPC). Ha cundido el nerviosismo, se han sentido amenazados, y han respondido con una ofensiva destinada a desacreditar y pulverizar a quien, desde ahora, consideran sus enemigos acérrimos. Para esto, para defender con uñas y dientes sus prebendas, sus sueldos y sus canonjías, no conocen límite moral alguno. Usan y abusan de todos y de todo, ante una pasividad general bochornosa. Extraña Ciudad.