En un estado democrático todos los asuntos relacionados con las fuerzas de seguridad deben ser tratados de un modo especialmente delicado atendiendo a las condiciones singulares que caracterizan a un servicio público sin parangón con ningún otro. En primer lugar, porque la seguridad ciudadana es un bien esencial, imprescindible para ordenar la convivencia y articular la sociedad mediante la garantía del ejercicio de los derechos cívicos, y ello requiere que los funcionarios que velan por el cumplimiento de las normas actúen con plena confianza y apoyo social. El descrédito de los cuerpos policiales, provocado por una crítica exacerbada, debilita peligrosamente uno de los pilares básicos sobre los que descansa el sistema. Pero por otro lado, no se puede obviar que en un estado de derecho, fundamentado en la libertad de los individuos, aquellas personas (únicas) a las que se les confiere la facultad de administrar la capacidad coercitiva institucional, deben estar sometidas a unos controles exhaustivos y rigurosos (incluidos los medios de comunicación) para evitar que rebasen los límites de la legitimidad que les ha sido transferida en nombre del conjunto de la sociedad. De lo contrario, se produce un deslizamiento hacía los regímenes autoritarios en los que la fuerza prevalece sobre el derecho.

Estas dos premisas, siamesas, irrefutables y aparentemente antagónicas, hacen muy complicado encontrar un punto de justo equilibrio entre la crítica y el respaldo a los cuerpos de seguridad en el espacio de la opinión pública. Quizá por este motivo, los debates sobre estas cuestiones suelen ser incompletos, desenfocados, tendenciosos o demagógicos, conduciendo irremediablemente a la frustración. Ello no empece para que sean tan necesarios como inevitables. No cabe la inhibición.

Desde hace algún tiempo, acaso demasiado, la actuación de la Policía Local de nuestra Ciudad es objeto de una fuerte controversia. Un sector muy amplio de la población está plenamente convencido de que la Policía Local utiliza muy malos modos en el trato con los ciudadanos, y se emplea con una violencia desproporcionada en los conflictos en los que interviene. Más allá del análisis detallado sobre la razón que asiste a cada cual en cada uno de los casos polémicos, y dejando al margen la evidencia de que toda generalización incurre en injusticias, lo cierto es que esta corriente de opinión crece de manera incesante. Y preocupante. El Gobierno de la Ciudad no puede seguir irresponsablemente petrificado como si fuera ajeno a este problema. No se debe aplazar, ni un instante más, la apertura de un obligado proceso de reflexión, profundo, sereno, mesurado y constructivo sobre el modelo de funcionamiento de la Policía Local.

Para que esta iniciativa tenga el éxito apetecido es preciso que sus protagonistas más directos se desprendan de dogmatismos, prejuicios y sectarismo, y acepten que la verdad y la razón están repartidas.

Entre la opinión pública no puede quedar el menor atisbo de duda respecto al apoyo que merece la Policía Local. Asume, casi en exclusiva, la responsabilidad en un ámbito de la inseguridad ciudadana de baja intensidad, aunque de marcada incidencia en la vida cotidiana. Es el cuerpo más próximo al ciudadano y el más comprometido. No rehuye ningún conflicto y actúa con prontitud, determinación y precisión. Desarrolla su labor en situaciones de una enorme complejidad que no es fácil gestionar. Están sometidos a fuertes presiones y despliegan acciones que despiertan en ocasiones una gran incomprensión, pero de extraordinaria importancia para la Ciudad. Este reconocimiento es prácticamente unánime y no se puede devaluar.

Sin embargo, esta valoración de conjunto, no puede servir de coartada de impunidad interpretando que todos y cada uno de los actos de todos los policías locales son correctos y plausibles, como sostiene lerdamente el Gobierno de la Ciudad. Los excesos o errores que cometen los policías locales en el desempeño de su labor no pueden ser disculpados, ignorados o convalidados en aras a un mal entendido corporativismo o a un perverso sentido del apoyo institucional. Porque la tolerancia absoluta tiende a difuminar los límites de su comportamiento, alimentando una conciencia de poder omnímodo que puede terminar por arruinar el prestigio y la credibilidad del cuerpo. Por eso los fallos y las conductas desviadas se deben reconocer con humildad. Sin aspavientos ni estruendo. Con discreción, pero con sinceridad, rigor y sentido de la responsabilidad.