El debate sobre el tratamiento que ha recibido Ceuta en los Presupuestos Generales del Estado para dos mil nueve ha sido tan efímero como previsible e irrelevante. Los actores principales, PSOE y PP, se han limitado a cumplir el guión preestablecido utilizando idéntica receta. Una fuerte dosis de demagogia, el uso truculento de la aritmética y la focalización deliberadamente parcial de su contenido. No pretenden explicar el farragoso documento económico con la claridad necesaria para que la ciudadanía pueda enjuiciarlo libremente, sino presentar la información convenientemente manipulada para favorecer su interés partidista. Así, entre unos y otros, nos inducen a creer que los mismos presupuestos son maravillosos e infames simultáneamente. Ni una mínima concesión a la objetividad que impone la exactitud matemática. Quizá por la reiteración de esta fraudulenta farsa dialéctica la opinión ha dejado de prestar atención a lo que debería ser, en buena lógica,  un debate profundo, intenso y apasionado. Y por ello, también, pasan inadvertidos algunos hechos ciertamente censurables. Tal es el caso. Para el próximo ejercicio, la cantidad que el Ministerio de Educación destinará a construcciones escolares en Ceuta asciende exactamente a cero. Es inconcebible que la región con mayor fracaso escolar de España, afectada por un gravísimo problema de masificación en las aulas derivado de su insuficiente red de centros docentes, pueda seguir ignorada por la acción política en esta materia. Y sin embargo así será. Ante el ignominioso silencio cómplice de ambas administraciones (in)competentes.

Esta indecente omisión es una consecuencia directa de la culpable displicencia con la que los dos partidos grandes que monopolizan el gobierno del país abordan los problemas educativos. Un irritante exceso de palabrería huera, que oculta una lacerante ausencia de medidas concretas. La educación nunca se ha tomado en serio, porque nunca ha resultado decisiva en la conformación del voto. Y ese, por desgracia, es el único criterio que manejan los partidos políticos devenidos en meras maquinarias electorales sin mayor ambición transformadora.

En esta ocasión, la rutinaria indiferencia sufre un considerable agravante multiplicador. La construcción de escuelas es una competencia compartida entre la administración local y la central. A la primera corresponde la cesión de la parcela, y a la segunda la construcción del edificio y su gestión posterior. Es una situación ideal para proporcionar la coartada perfecta. El gobierno municipal rehúye cualquier responsabilidad sobre las deficiencias del sistema educativo alegando que no tiene competencias en este ámbito. El ministerio encuentra una excusa creíble en la desidia, lentitud o ineptitud del Ayuntamiento, incapaz de ceder parcelas idóneas, lo que le exime de hacer el esfuerzo inversor necesario. De esta manera, cada partido puede aparecer ante la opinión pública con un discurso exculpatorio para sí y condenatorio para el adversario, que es el único objetivo que en realidad persiguen. Asunto despachado.

Lo que no se compadece muy bien es esta actitud tan negligente con el empeño del Presidente de la Ciudad y del Delegado del Gobierno en difundir, al alimón,  un laudatorio y empalagoso mensaje de sus magníficas relaciones en beneficio de la Ciudad. Todo son carantoñas, mimos y aplausos institucionales. Pero tanto amor no llega ni para construir un simple colegio. Se deben sentir muy cómodos compartiendo la vergüenza de haber enviado a los dominios de la historia el inventario de la construcción de colegios públicos.

Y mientras los irresponsables políticos de ambos signos dirimen sus inanes cuitas en la pasarela mediática; la escuela pública, aquejada del sempiterno mal de la incomprensión, se bate el cobre invisiblemente contra la dura realidad cotidiana, procurando poner dignidad allí donde sólo hay frustración. Los colegios públicos ya no encuentran más pasillos, comedores o bibliotecas que convertir en aulas improvisadas. El setenta por ciento de los grupos de educación infantil tienen un número de alumnos y alumnas superior al que admite la ley. Indefectible carne de fracaso escolar cuando se incorporen a la educación secundaria. El profesorado siente como cruje su vocación al estrellarse irremisiblemente contra una masificación antipedagógica impropia del tiempo presente. Nada de esto parece importar. Como única reacción, a modo de estéril justificación, rellenarán interminables cuartillas repletas de hermosos vocablos, términos grandilocuentes y loables anhelos que se  desvanecen en el mismo instante en que se apaga el último foco o se cierra el último micrófono. Ese es su Plan.