Una de las claves del éxito electoral cosechado por la gestión del PP al frente del Ayuntamiento es, sin ningún género de dudas, la supina ignorancia de la ciudadanía. La carencia de elementos de referencia por parte de la opinión impide que se pueda valorar en su justa medida la posición relativa de Ceuta en comparación con otras comunidades, ciudades o incluso pueblos. Metas insignificantes, superadas con creces en el resto del estado hace años, son presentadas y celebradas en nuestra ciudad como auténticas hazañas políticas. Imbuidos de un sonrojante y estólido espíritu provinciano, impropio de este siglo, mostramos asombro y admiración ante una nueva rotonda, una pequeña zona ajardinada o un remedo de estatua, como si estuviéramos ante acontecimientos insólitos de vanguardia urbanística. Una somera visita a cualquiera de las poblaciones cercanas, desmonta fulminantemente el ya mítico "Ceuta está muy bonita". Mas correcto sería decir "Ceuta está muy atrasadita".

El desfase en el nivel de prestación de servicios públicos esenciales es indiscutible. Una parte muy importante de tan infame e injusta brecha es imputable al déficit en materia de inversión, acumulado por la racanería de los sucesivos gobiernos del PP y del PSOE durante tres décadas. Ni siquiera la generosidad de los fondos europeos ha sido capaz de paliar íntegramente la histórica afrenta. Pero existe otro componente del desequilibrio, no menos importante, cuya responsabilidad recae, de manera directa y exclusiva, sobre la política municipal. En este segundo caso se encuentran los servicios sociales.

Uno de los argumentos preferidos del Presidente es la permanente reivindicación de la "equiparación de los servicios públicos con el resto del estado". Lo curioso es que no se lo reivindica así mismo. En realidad no es más que una añagaza para conseguir un dinero que posteriormente despilfarra sin pudor alguno en gastos superfluos. En términos proporcionales ningún municipio de España dispone de más recursos económicos que Ceuta. En una ciudad, lastrada por abismales desigualdades sociales, afectada de índices de marginación y pobreza tan escandalosos que incitan a la sublevación; la política de servicios sociales debería constituir una prioridad incuestionable. En estas circunstancias, ¿cómo se puede explicar y justificar la debilidad y precariedad de nuestro sistema de protección social, a una distancia sideral de otros territorios? La mera observación del tratamiento que dispensa la Junta de Andalucía (el ejemplo más próximo) a los niños y jóvenes que sufren problemas familiares o sociales, a los discapacitados de toda índole, a las mujeres víctimas de violencia de género, y en definitiva, a todos los colectivos vulnerables de la sociedad, pone en evidencia, hasta el ridículo obsceno, al Gobierno de la Ciudad.

Esta incontrovertible e irritante realidad obedece a la repugnante concepción que el PP local tiene de los servicios sociales. Desconocen el significado de la solidaridad y se niegan a aceptar la existencia de derechos colectivos de carácter social. Para ellos, la única finalidad de este tipo de políticas es el secuestro de la voluntad (el voto) de los necesitados, repartiendo dádivas y limosnas a su antojo (interés). Lo fundamental es que los receptores de las ayudas crean que su origen es la magnanimidad del político de turno, y no un derecho reconocido en la Constitución. Es una versión moderna del antiguo cacique de pueblo que hacía obras de caridad con migajas sobrantes para ganarse el "agradecimiento infinito" de los pobres a los que después machacaba. 

En este contexto se inscribe el bochornoso vaivén que está sufriendo el llamado "salario social". Esta es una de las acciones solidarias más paradigmáticas, pues no en vano pretende garantizar a todas las personas una renta mínima de subsistencia. Existe en todas las comunidades españolas. En Ceuta fue aprobado por el pleno del ayuntamiento  en mil novecientos noventa y cuatro; pero quedó suprimido, antes de su implantación, en cuanto el PP llegó al poder. Catorce años después, tras una prolongado olvido intencionadamente culpable, se ha incluido en los presupuestos de dos mil ocho. No por convicción, sino por interés partidista. Fue el precio que pagó el PP para comprar el apoyo de UDCE, cuando estaban intentando formalizar un pacto de gobierno con este partido, que les permitiera blindarse ante los casos de corrupción succionando a la oposición. Ninguna sensibilidad hacia los menesterosos. Tan sólo mezquino egocentrismo. Ahora, rehenes de su propia demagogia, se ven impelidos a continuar con la iniciativa. Pero lo hacen a regañadientes. Por ello la han desnaturalizado. Las familias necesitadas cobrarán una modesta renta (notoriamente inferior a la que perciben en otras comunidades autónomas) durante un periodo máximo de un año. En Ceuta sólo está permitido ser pobre durante un año. Solidaridad a tiempo parcial. Lo hacen así porque lo tratan como una operación más de propaganda. No se plantean conocer las necesidades y buscar los recursos suficientes para atenderlas, como sería lógico y deseable; sino al contrario. Calculan el dinero que están dispuestos a invertir en presumir de sensibilidad con los más débiles, sin tener que renunciar a ninguno de sus caprichos, y ajustan su actuación a dicha cantidad. Todo gira en torno a su ombligo.