La actividad pública en Ceuta gravita en exceso sobre el Ayuntamiento. Su enorme peso específico en todos los órdenes de la vida social multiplica exponencialmente la repercusión de cuanto allí sucede. No extraña, en consecuencia, el inusitado interés que ha suscitado el conflicto laboral provocado por la intención del Gobierno local de negarse a cumplir un pacto formalmente rubricado en su día con las organizaciones sindicales. El breve enfrentamiento ha mostrado algunos comportamientos dignos de valoración.

En primer lugar, resulta ya hasta insultante el empeño del PP en demostrar que los ceutíes somos tan estúpidos que cualquier mentira que ellos presenten envuelta en oropel dialéctico, convenientemente manipulada por los medios de comunicación que mantienen secuestrados con los fondos públicos, es susceptible de convertirse en una verdad asumida dócilmente por la opinión. Así, la explicación oficial sobre la resolución del conflicto es que un sesudo consejero, desde hace mucho tiempo, estaba trabajando en una fórmula imaginativa (por cierto idéntica a la trapisonda contable que se utilizó el año pasado, que no es otra que pagar gastos de un ejercicio con presupuestos de otro) capaz de satisfacer las demandas sindicales y respetar la legalidad vigente; y que el ansiado hallazgo, a pesar de coincidir en el tiempo, no guarda relación alguna con la movilización protagonizada por los trabajadores. Una versión institucional, aunque bastante más patética, de la celebre frase "esto no es lo que parece" con la que los amantes furtivos pretenden justificar una situación tan evidente como embarazosa cuando son sorprendidos. Lo único cierto es que el Gobierno de la Ciudad ha cedido ante las presión sindical. Como siempre. Quizá por eso ha sorprendido que en esta ocasión se haya resistido más que de costumbre. Tiene su lógica. La política de personal del ayuntamiento nunca ha sido un dechado de planificación y rigor; pero desde que Juan Vivas es Presidente, se ha visto sumida un en desbarajuste imposible de reconducir. Por dos razones. Una de índole estratégica: Vivas piensa que los empleados municipales constituyen un colectivo de gran influencia electoral. Entre voto directo e inducido, calcula en torno a diez concejales. Por ello ha puesto un especial énfasis en atender todas y cada una de las peticiones de los funcionarios municipales convencido de que así cosechaba votos seguros. Otro motivo tiene más que ver con su propia personalidad. Vivas no soporta la tensión en la corta distancia. No quiere, bajo ningún concepto, verse en el futuro azorado por un deterioro de las relaciones con los que al fin y al cabo son sus compañeros de trabajo. La conclusión es que Vivas huye de cualquier decisión que pueda incomodar o molestar a los empleados municipales. El coste de esta política es que el negociado de personal se ha vuelto ingobernable. Todo el que abre su puerta, por primera vez, queda estupefacto. Lo que ocurre es que, en una visión simplista y raquítica de la democracia, el que gana siempre lleva razón. Y las victorias de Vivas son inapelables. A pesar de ello, en esta ocasión, varios integrantes del equipo de gobierno, empezando por su vicepresidente (que se jacta en amenazante declaración de principios: "Yo no soy Juan Vivas") y siguiendo por el aguerrido gilista; azuzados por los problemas económicos y apoyados en falsos argumentos técnicos, convencieron al Presidente de que había llegado el momento de plantar cara a los sindicatos. Aceptaron el pulso. Que a penas duro un suspiro. Al primer movimiento se han rendido. La doctrina Vivas se ha vuelto a imponer.

Otra cuestión preocupante es el deslizamiento del PP por la pendiente de la indecencia. Desprovistos de escrúpulos no encuentran límite ético alguno a la hora de defender sus intereses partidistas. En pleno conflicto laboral, y por ficticia casualidad, aparece en este medio de comunicación una noticia con desproporcionada riqueza tipográfica, según la cual un "particular", anónimo, ha denunciado la situación laboral de uno de los dirigentes sindicales. Obviamente es una maniobra dirigida por el PP. Es un acto de una vileza y una cobardía insuperables. El expediente ahora denunciado fue tramitado y resuelto por el Gobierno de Juan Vivas. El PP lo conoce perfectamente. En consecuencia, la denuncia a la inspección de trabajo debería ir acompañada de otra denuncia al Presidente, en este caso, por prevaricación. No se atreven. Por eso se ocultan, filtran, inducen e instigan desde la sombra y la ignominia, que han convertido en su hábitat natural.