El Partido Popular ha elegido como nueva estrategia dialéctica la apropiación indebida del "sentido común". Lo que hace y dice el PP es de sentido común. La condición axiomática de este principio los exime de exponer argumentario alguno que avale sus postulados. Es suficiente con la mera calificación. Tiene además la ventaja de que, sin a penas esfuerzo, se sitúa en la marginalidad intelectual cualquier idea alternativa. Todo lo que no coincide con la opinión del PP está desprovisto de sentido común y, en consecuencia, es disparatado o estúpido.

La prolongación del PP en nuestra Ciudad ha asumido con cerril disciplina este método. Ellos también se han imbuido de esa proverbial cualidad que les permite discernir con indiscutible precisión los límites del sentido común. Así, en el último discurso solemne pronunciado por el Presidente de la Ciudad nos comunicó que la reforma del Estatuto de Autonomía estaría inspirada por el sentido común. Es decir, por su opinión. Lo demás son  delirios de ilusos desnortados incapaces de comprender las claves de las teorías más avanzadas en materia de configuración de entidades territoriales. Previamente había hecho un alegato laudatorio del actual Estatuto. Mintió. Se permitió el lujo de decir que el desarrollo de ese infame documento había contribuido decisivamente a la mejoría experimentada por Ceuta durante la última década. Ya va siendo hora de que dejen de adornarse con plumas ajenas. Es cierto que Ceuta ha cambiado espectacularmente. Exactamente igual que Chinchilla, Cangas de Onís o Sigüenza. La transformación urbana de toda España tiene su origen en el extraordinario e irrepetible volumen de fondos europeos invertidos en nuestro país desde mil novecientos noventa y cinco. Y la asignación de estos programas de inversión para nuestra Ciudad se hubiera producido en cualquier caso y con independencia de su régimen administrativo (que por cierto a las instituciones europeas les resulta absolutamente indiferente).

Esto lo sabe el Presidente perfectamente, entre otras razones, porque se dedicaba a ello profesionalmente. Lo que ocurre es que también sabe que no existe la menor posibilidad de que su partido (el PP) y el PSOE consientan el acceso de Ceuta a la condición de Comunidad Autónoma. Por ello, y con la intención de no asumir el coste de la frustración,  pretende convencer a la ciudadanía de las bondades del documento vigente. El razonamiento se resume así: si no conseguimos que se aplique la Transitoria Quinta, no pasa nada, tampoco estamos tan mal.

Pero, por otro lado, el Presidente es consciente de que la reivindicación autonómica sigue viva en muchos corazones ceutíes (mayoritariamente entre sus propios militantes). No saben calibrar su alcance. Es imposible prever su evolución. Por eso tienen miedo a que un resbalón en este asunto pueda desencadenar una desafección como la que sufrió en su día el PSOE (de la que aún no se ha recuperado). En consecuencia, siempre tienen un guiño preparado para no herir la sensibilidad ceutí, ni soliviantar conciencias que pudieran provocar un nuevo estallido de justa indignación del que ellos saldrían muy mal parados. En este contexto se inscriben las falsas promesas y los sucesivos plazos que nos van marcando, de gran similitud con clásico cartel que se puso de moda en los bares: "hoy no se fía, mañana si". Ahora toca dos mil nueve. Antes fue dos mil ocho, dos mil siete....

Siguiendo esta táctica, el Presidente ya nos está preparando, sibilinamente, para el nuevo plan del PP, con el que pretende consumar definitivamente la traición a Ceuta sin que se note. No seremos nunca Comunidad Autónoma, pero quizá consigamos "reformar" el Estatuto de Ciudad. Lo que Marruecos veta es el cambio de concepto (la naturaleza del régimen), no una modificación del articulado sin ninguna trascendencia política. Se trata de convencer a la ciudadanía de que esta operación es magnífica para el futuro de Ceuta. Traducción. Ceuta "no puede" (lo dicta el sentido común) asumir competencias en educación, ni sanidad (al parecer los ceutíes somos más memos e ineptos que riojanos o cantabros, por ejemplo). Por tanto, para aprobar un número ínfimo de leyes irrelevantes, no se precisa capacidad legislativa y es suficiente el régimen actual.

El planteamiento presenta, no obstante, una falla de enormes proporciones. El PP ha aprobado, en el Pleno de la Asamblea, un proyecto de Estatuto que contempla las competencias en Educación y Sanidad. Según el Presidente esto es un disparate que contraviene el sentido común. Todas las personas que formaban parte del PP en aquel momento siguen militando y ocupando cargos de gran responsabilidad. Por ejemplo, el diputado. Las únicas incorporaciones recientes son los desechos del GIL. ¿Quiere decir el Presidente que su partido no tenía sentido común hasta que llegaron él y sus amigos gilistas? Es probable. Pero en este caso, deberían cesar de sus cargos y expulsar a todos aquellos que se dedican a decir a los ciudadanos y votar en las instituciones propuestas de tanta trascendencia, de manera irresponsable y alocada. Por sentido común.