La transición de la cruel dictadura de Franco a la democracia formal que se produjo en España hace tres décadas, fue la expresión política de un pacto inmoral suscrito por un pueblo, cobarde y acomplejado, con sus implacables opresores. Sólo la vergüenza ante tan indecente claudicación justifica el permanente empeño por reescribir aquella etapa de nuestra historia dotándola de una grandeza de la que careció por completo. El pueblo español, sojuzgado y amedrentado, nunca tuvo la dignidad suficiente para rebelarse contra el dictador al que soportó en silencio (con muy honrosas pero escasísimas excepciones) durante cuarenta años. El hecho de que Franco muriera sin pisar la cárcel después de haber sembrado tanta muerte,  es una prueba irrefutable de la escasa talla moral exhibida por los españoles en aquellos momentos difíciles. Quienes durante décadas vejaron y ultrajaron, represaliaron, encarcelaron, torturaron o mataron; no sólo quedaron impunes, sino que han sido tratados como prohombres, se jactan  de ello, y alguno incluso preside honoríficamente un partido aparentemente demócrata como el PP. Aunque el estremecimiento hiele la sangre, y el remordimiento induzca a la evasiva, es inevitable reconocer que nuestra democracia está construida sobre un putrefacto magma de horror y sufrimiento. La sociedad española no recobrará su integridad moral hasta que no salde la deuda pendiente con las víctimas de la represión franquista. Una iniciativa política orientada a lograr esta finalidad, auspiciada por un auténtico consenso intergeneracional, es una necesidad imperiosa e inaplazable. Por ello resulta decepcionante que el tímido y claramente insuficiente intento del Gobierno del PSOE de resolver esta cuestión, a través de la llamada Ley de la Memoria Histórica, haya encontrado una pertinaz resistencia en determinados ámbitos sociales y políticos. Los detractores arguyen que no se deben "reabrir heridas cerradas hace mucho tiempo por una reconciliación ampliamente consensuada" y sostienen que no se respeta la equidistancia "entre los dos bandos" (un abyecto razonamiento muy similar al empleado por los proetarras). Pero no son más que burdas falacias, disfrazadas de buenas intenciones, cuya única pretensión real es perpetuar la condición de vencedores sustentada sobre la humillación nunca resarcida de los vencidos.

El PP de Ceuta y, consecuentemente, el Gobierno de la Ciudad, participan con entusiasmo de este sustrato nostálgico de alma franquista. Es cierto que en su seno conviven otros sectores más jóvenes desligados de esta dependencia; pero éstos, poco o nada influyen en la organización. Los franquistas imponen su hegemonía e imprimen carácter al partido. Aceptan a regañadientes la democracia porque no les queda otra opción; pero se identifican plenamente con los postulados fascistas que añoran y rumian en su interior con indisimulada frustración. No es extraño que se hayan apresurado a declarar que no serán retirados los símbolos franquistas que aún perduran en nuestra Ciudad. Es más, si por ellos fuera, construirían nuevos monumentos en reconocimiento al "invicto caudillo". Esta funesta decisión alimenta la imagen, demasiado extendida ya de por sí, de una Ceuta lúgubre y anacrónica devenida en un reducto de caducos adictos al régimen de Franco. El argumento utilizado, pueril hasta el sarcasmo, es que se trata de parte del "patrimonio histórico". Evidentemente, la dictadura de Franco forma parte de la historia. Pero esa no es la discusión. Lo que se dilucida es si aquella época contiene algún valor que la haga merecedora de exaltación pública. Porque este tipo de símbolos el único sentido que tienen es mantener en el imaginario colectivo hechos que, por su naturaleza, contribuyen a hacernos mejores individual y colectivamente. No parece que la negación absoluta de la libertad, la exclusión radical y sangrienta del disidente y la  privación de los derechos sociales más elementales, sean cualidades dignas de loa y celebración.

La demolición y pulverización de cuanto pueda evocarnos la oprobiosa dictadura franquista es un ineludible ejercicio de responsabilidad cívica y democrática. Oxígeno puro. Ceuta no debe ser una constante excepción en lo negativo. Pero va ser muy difícil que este Gobierno recapacite. Saben que todos los fascistas recalcitrantes de esta Ciudad son fieles votantes del PP y no quieren defraudar a su parroquia. Además, lo llevan en la sangre. Sólo así se puede explicar que un Gobierno que se llena la boca de "ceutismo" y que se pasa el día homenajeando a diestro y siniestro cualquier fruslería, entregando medallas, escudos y condecoraciones indiscriminadamente, y dedicando calles y plazas a sus conmilitones, le niegue a un ceutí como Javier Sauquillo, abogado laboralista asesinado en Atocha durante la transición, el nombre de una calle (solicitada desde el veintiocho de marzo de dos mil cinco) con ridículos pretextos. No quieren ese reconocimiento. No era de los suyos. Irredentos fascistas camaleónicos corroídos por la miseria que destila su mezquino sectarismo.