La constatación de la filtración de un examen durante el desarrollo de unas oposiciones convocadas por el Ayuntamiento para acceder al cuerpo de policía local, ha convulsionado fugaz y estérilmente a la opinión pública. Es un escándalo de enormes proporciones sin paliativos de ninguna clase. Traficar con empleo público es uno de los actos de corrupción más repugnantes de cuantos se pueden cometer desde el poder, porque implica dejar sin efecto el principio de igualdad de oportunidades, esencial para que un sistema democrático admita tal calificación. En una ciudad como Ceuta, en la que las obscenas diferencias existentes entre el confortable empleo público y el raquítico empleo privado convierten al Ayuntamiento en una especie de idolatrada panacea anhelada por todos, estos hechos revisten una mayor gravedad. Pero todo esto es un planteamiento estrictamente teórico. Nuestra pintoresca realidad, también en esto, es deleznablemente diferente. El impacto de una noticia de este calado no se traduce en hechos que indiquen la elemental aplicación de los mecanismos correctores de las conductas abusivas.  Se reduce exclusivamente a que propios y extraños se pregunten cómo y por qué los han pillado. Una anécdota más. Porque toda la ciudadanía es perfectamente consciente de que a través de éste u otro procedimiento similar, las pruebas de acceso a los puestos de trabajo en el Ayuntamiento están viciadas de raíz y destilan corrupción por los cuatro costados.

El empleo público es el principal banderín de enganche de afiliación al PP. Los ceutíes de toda condición, desde licenciados universitarios a peones sin cualificación, tienen la plena certeza de que la obtención de una plaza en la administración municipal exige, como requisito imprescindible, la afinidad con el PP (real o fingida) mostrada a través de la correspondiente ficha, y la posterior gestión en el entorno de influencia adecuado. Así no es extraño que presuman de tener cuatro mil afiliados.

Sin embargo sería frívolo, injusto e inútil imputar al PP toda la responsabilidad en esta materia. Es cierto que este Gobierno, alentado por la impunidad que le imprime su apabullante dominio electoral y protegido por el formidable cordón mediático del que se ha dotado, ha agudizado y exagerado hasta la impudicia este tipo de prácticas. Pero no es menos cierto que este indiscutible liderazgo obedece, en gran medida, a que su posición hegemónica les permite un margen de maniobra muy superior al de resto de partidos políticos o entidades sociales. Porque todos, sin excepción, han sido participes aunque con responsabilidades, grados y matices muy diversos, de este proceso de degeneración paulatina que ha desembocado en una ignominia pública muy difícil de digerir. Merece una reflexión. ¿Es que no hay personas honradas en Ceuta? Evidentemente sí. Lo que ocurre es que, durante muco tiempo, todos los intentos de denuncia se han saldado con una tajante frustración. No se han producido nunca consecuencias que hayan servido de escarmiento a los culpables. Los beneficiados han permanecido burlonamente en sus puestos, y los denunciantes han terminado sufriendo hostigamiento, persecución o marginación, hasta verse obligados a claudicar ante una imparable maquinaria de poder perfectamente engrasada, so pena de ser excluidos definitivamente del sistema.  Lo peor es que quienes se han atrevido a oponerse a este alud de corrupción ni siquiera han cosechado un mínimo reconocimiento social. Y esta es la clave del problema. Si los gobernantes fueran conscientes de que el conocimiento público de un caso de tráfico de influencias pudiera implicar un severo castigo electoral, quedaría extirpado el mal automáticamente. Sin embargo, en Ceuta, las críticas al enchufismo, en muchas ocasiones de gran virulencia, están inducidas exclusivamente por la envidia interesada, no por la ética; y se limitan al lamento o la protesta por no haber resultado el agraciado de turno, en espera de una mejor oportunidad. Esta denigrante modalidad de corrupción se ha ido incrustando en el código genético de nuestro cuerpo social hasta convertirse en un fenómeno natural que no despierta en la ciudadanía el menor sentimiento de sublevación. A penas, algunos efímeros titulares de prensa y las  preceptivas declaraciones estándar cuya única función es aparentar una normalidad inexistente.